El Ayuntamiento de Madrid tendrá que devolver más de 40 millones de euros recaudados en multas ante los fallos en la tramitación de Madrid Central por parte del anterior Gobierno de la capital. Tras la anulación de la norma por el Tribunal Supremo en el mes de mayo, se conoce el número de multas revocadas: 478.909 que no irán a parar a las arcas públicas de la capital al no haberse incluido en la aprobación de la normativa la memoria de impacto económico ni el periodo de información pública (obligatorios a la hora de sacar adelante una ley).
La zona de bajas emisiones aprobada por el Gobierno de Manuela Carmena fue la medida estrella de la candidata de Ahora Madrid a las elecciones municipales. Los errores mencionados y la anulación por parte del Alto Tribunal llevaron al siguiente equipo de Gobierno, el del popular Martínez Almeida, a tomar la decisión de paralizar la tramitación de las sanciones hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunciara al respecto mientras planteaban una reforma en la norma que cumpliera con las exigencias que llegaban de Europa en materia medioambiental. Distrito Centro ocupa el mismo espacio que el anterior Área de Bajas Emisiones y hasta el 11 de diciembre se encuentra en periodo de advertencia, donde los conductores no serán sancionados si infringen la norma sino que recibirán un boletín informativo.
Ahora se conoce la cantidad de sanciones que el equipo del Ayuntamiento tendrá que devolver a los conductores. Estas 478.909 se desglosan en 274.974 multas pendientes de ser enviadas a los infractores, 184.209 que aún no habían sido resueltas y 19.726 que no habían iniciado su trámite antes de la anulación. Estos 43,14 millones de euros que se habrían recaudado, eso sí, no tienen en cuenta el descuento del 50% que el pago dentro del plazo de reducción permite a los multados.
El nuevo Madrid Central de Almeida: mismo espacio pero más flexibilidad
El apoyo de los cuatro exmiembros del Gobierno de Manuela Carmena que forman el grupo mixto permitió al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aprobar la modificación de la ordenanza de movilidad sostenible. Su medida, criticada a izquierda y derecha del Pleno de la capital ante el «retroceso» con respecto a la anterior norma o lo que desde Vox consideraron como una continuación de las restricciones.
El texto incluye la creación de una segunda Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección en Plaza Elíptica, una reforma de las reglas para el servicio de bicicletas públicas o la fecha en la que los coches más contaminantes, del tipo A, no podrán entrar, a partir de 2022, en la M-30 salvo si son residentes de la capital. La medida busca equiparar a los 15.000 comerciantes de la zona con los residentes, una de las críticas que Martínez-Almeida realizaba durante la campaña electoral de 2019, donde se comprometió a derogar una medida que ahora se ve obligado a cumplir.
