Un concurso internacional de ideas decidirá el futuro del Valle de los Caídos

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 prevén la convocatoria de un concurso de ideas de ámbito internacional para la habilitación del futuro centro de interpretación del Valle de los Caídos dentro de las medidas de resignificación del enclave al amparo de la nueva Ley de Memoria Democrática.

Lo ha explicado este martes el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en una comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para exponer el destino de los 11,8 millones de euros destinados en los presupuestos a la memoria histórica, casi un 60 por ciento reservados a las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo todavía enterradas en fosas comunes.

Ha señalado que, además de abrir un concurso para el centro de interpretación del Valle de los Caídos, se quieren impulsar proyectos de investigación sobre la arquitectura del monumento, en el marco comparado de la «arquitectura totalitaria europea», y otro referido al traslado de los 33.800 cadáveres inhumados en sus columbarios. Además, se proseguirá con las intervenciones para las exhumaciones que sean factibles con el propósito de identificar los restos allí depositados, todo ello dentro de un «proceso didáctico y pedagógico» que permita explicar el monumento «en su contexto», situándolo como lugar de memoria democrática en reconocimiento a todas las víctimas.

Martínez ha reseñado las principales partidas de gasto consignadas en el proyecto presupuestario para unas políticas que el Gobierno quiere impulsar con la aprobación de la nueva ley que se está tramitando en la Cámara Baja y que determinará el alcance de la mayoría de actuaciones, como la creación de un banco de ADN que a partir de muestras de familiares permita identificar desaparecidos.

A instancias de la diputada de Unidas Podemos Martina Velarde, el secretario de Estado ha confirmado que, cuando esta norma esté en vigor, será posible el traslado de los restos del general Gonzalo Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena de Sevilla, aunque ha apuntado que, si hubiera «voluntad», la Junta de Andalucía ya podía haberlos movido del templo al amparo de la legislación andaluza de memoria histórica. Y al diputado de Junts per Catalunya Josep Pagès, quien le ha pedido opinión por la inclusión en los presupuestos de nueve millones de euros para la sede de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña cuando ya debería estar cedida a la Generalitat, le ha confirmado que a su entender esta comisaría es un «espacio de memoria» por las muchas personas que fueron represaliadas y torturadas en sus calabozos.

Con el diputado de Vox Francisco Contreras ha tenido Fernando Martínez las mayores discrepancias, después de que hubiera acusado al Gobierno de proteger, reconocer y homenajear «solo a las víctimas de un bando» mientras son «ignoradas» las personas «de derechas, católicas» asesinadas por el bando republicano durante la contienda.

Le ha replicado que la nueva normativa incluye a todas las víctimas sin excepción, incluidas las de órdenes religiosas, y le ha instado a decirle una sola fosa común donde estén enterrados combatientes del bando nacional, los cuales, ha recordado, fueron debidamente exhumados y tuvieron su reconocimiento por parte de franquismo.

«Con la ley no hacemos ideología», ha señalado en otro momento al diputado del PP Jaime Mateu, que también ha rechazado la ley de Memora Democrática porque apuesta por «confrontar y dividir» mediante una ideología «sectaria y frentista», aunque sí se ha mostrado de acuerdo con que se dé reposo adecuado a todas las víctimas no recuperadas. Con el senador socialista Valentín García, Martínez ha coincidido en destacar el aumento del 4,14% del presupuesto como prueba del compromiso del Gobierno con la memoria y ha asegurado que no se trata de «abrir heridas ni dividir» sino «cerrar las que hay abiertas».