Prisiones insiste en que solo los jueces son los responsables de poner en libertad a los presos, incluidos los de ETA

En 2011 había en prisión 66.000 reclusos y 22.000 funcionarios, una década después los internos son 20.000 menos (hay 46.000) y trabajan 24.000 funcionarios

El secretario general de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, ha recordado este martes en el Congreso que la administración penitenciaria «no puede excarcelar a presos», tampoco a los reclusos de ETA, y que son los jueces los únicos competentes para decidir la puesta en libertad de los internos.

La comparecencia de Ortiz en la comisión de Interior para desgranar las partidas del proyecto de presupuestos para 2022 de su departamento ha derivado en un ataque de PP, Vox y Ciudadanos a la política de acercamientos de etarras y la transferencia de las competencias de prisiones al Gobierno vasco como contrapartida para el PNV y EH Bildu apoyen los presupuestos.

Unas críticas que los mismos partidos también han lanzado al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en una intervención anterior en la que el número dos de Interior ha negado que se haya negociado con EH Bildu contrapartida alguna a su posible respaldo a las cuentas del Gobierno para 2022.

Sobre este asunto, Ortiz ha dejado claro que la legislación penitenciaria que se aplica en Logroño, la cárcel de El Dueso (Cantabria) o Topas (Salamanca) es «la misma» que la que rige en las tres cárceles del País Vasco, cuyo gobierno autonómico cuenta con las competencias desde octubre.

«La administración penitenciaria no puede excarcelar a presos, la excarcelación es un acto jurisdiccional; las decisiones de la administración penitenciaria son susceptibles de ser controladas por los tribunales porque nuestra administración penitenciaria está súper tutelada», ha dejado claro el máximo responsable de Prisiones.

Ortiz ha detallado que desde mayo de 2018, con el actuar Gobierno socialista, se han recibido más de 1.800 propuestas de las juntas de tratamiento sobre distintos cambios de situación de condenados por terrorismo. De ellas, un 86 % fueron aceptadas desde la Secretaría General, en tanto que un 13% fueron rechazadas. «En cualquier caso sean cuales fueran las decisiones todas fueron supervisadas por el poder judicial», ha continuado Ortiz, antes de recordar que las rectificaciones de clasificación de grado son excepcionales, si bien se ha referido a la reciente revocación del tercer grado pro parte de la Audiencia Nacional que Prisiones concedió al etarra Unai Fano.

«Hasta ahí les puedo contar del tema penitenciario», ha zanjado el secretario general que ha desgranado os 1.272 millones de gasto previsto para 2022 en Instituciones Penitenciarias, que contarán próximamente con otros 2.193 funcionarios.

Así mientras que en 2011 había en prisión 66.000 reclusos y 22.000 funcionarios, una década después los internos son 20.000 menos (hay 46.000) y trabajan 24.000 funcionarios.

Además, ha ofrecido el dato de que España se gasta 73 euros al día por cada preso, una cifra superior a la media europea y que, a su juicio, demuestra la «dignidad» que se da a las personas encarceladas. EFE