Mañueco afronta la reelección sin que Génova haya cerrado aún su expediente sancionador

La dirección nacional del Partido Popular mantiene sobre la cabeza de su líder en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la espada de Damocles del expediente sancionador que abrió a su grupo en las Cortes castellano-leonesas hace casi un año por el fichaje como asesor parlamentario del histórico gerente regional, Pedro Viñarás, según desvelan fuentes populares a THE OBJECTIVE.

Génova abrió las hostilidades contra Mañueco a principios de este 2021 por el caso Viñarás, aunque dando un rodeo. El expediente informativo se cursó desde Madrid contra el grupo del PP en las Cortes regionales. En concreto, se pidió información a su portavoz, Raúl de la Hoz, por ser la persona que firmó la contratación como asesor del que es considerado en esta comunidad autónoma como el padre político del presidente regional.

Dicha contratación se consideró una «deslealtad» de Mañueco con Pablo Casado ya que se hizo a escondidas, sin consultar ni pedir permiso a Génova, que tres meses antes había despedido a Viñarás con una indemnización de 70.000 euros tras llegar el gerente a los 65 años de edad.

La noticia de la apertura formal del expediente contra Mañueco y su número dos en el PP de Castilla y León se llevó a cabo por parte del Comité de Derechos y Garantías del PP nacional, a raíz de una denuncia interna contra el fichaje de Viñarás de la que se desconoce su contenido. Las citadas fuentes subrayan a este periódico que el área que dirige Andrea Levy podría dar carpetazo al asunto próximamente, sobre todo cuando el PP de Castilla y León va a celebrar su congreso regional los próximos 15 y 16 de enero.

En principio, Mañueco no tendrá rivales para la reelección en el citado cónclave, que puede ser el preludio de un adelanto electoral en esta región en marzo o abril. Pero su anuncio de este miércoles se vio empañado por el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca en el que se anunció la imputación del presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, su gerente, Isabel Sánchez, y el propio partido -como persona jurídica- como supuestos autores de financiación ilegal en el marco de las primarias de 2017 que desembocaron en la elección del propio Mañueco como candidato del PP. Por lo tanto, al presidente castellano-leonés se le ha juntado el expediente interno del PP de incierto desenlace con esta investigación judicial que le podría salpicar en el futuro.

Hace cuatro años, Mañueco llegó al liderazgo del PP de Castilla y León de rebote. Era un protegido de Isabel Carrasco, la todopoderosa presidenta de la Diputación de León que fue asesinada por la espalda en 2014 en un crimen que conmocionó a España. La sucesora de Juan Vicente Herrera iba a ser Rosa Valdeón, pero un accidente de tráfico en el que triplicó la tasa de alcoholemia acabó con su carrera política. 

Así que el sector del PP afín a Carrasco promovió a Mañueco, mientras que otra parte del partido animó a Antonio Silván, alcalde de León y exconsejero de Infraestructuras, para que compitiese en las primarias. En ese momento entró en juego Viñarás para favorecer la candidatura de Mañueco, a quien había tutelado en su ascenso dentro del PP de Castilla y León. Una parte del Ejecutivo de Herrera y varios presidentes provinciales apoyaban a Silván, pero Mañueco ganó aquellas primarias con el 67% de los votos de la militancia después de que se pusiera en marcha «toda una maquinaria interna», reconocen en Génova, para que afiliados que debían estar al corriente de pago, se pusiesen al día y participasen en los comicios internos.

Este plan fue denunciado por Los Verdes de Castilla y León, formación que alegó que hubo pagos de cuotas atrasadas por parte de responsables políticos para que los afiliados pudiesen votar en último término… a favor de Mañueco. El propio presidente autonómico tuvo que ir a declarar a Salamanca en relación con esta denuncia, que sigue en fase de instrucción pero con varios responsables del PP provincial ya imputados.

La denuncia del caso Viñarás

La denuncia interna que llegó hace un año a Génova planteó un posible incumplimiento de los Estatutos internos del PP, donde se indica que los órganos directivos de los diversos grupos parlamentarios «están obligados a dar cuenta periódica de sus actividades y del trabajo realizado en cumplimiento de sus funciones ante la Junta Directiva de la Organización territorial a la que pertenezcan o a las superiores cuando así lo requieran». 

En el caso de Viñarás, el grupo parlamentario del PP en las Cortes castellano-leonesas no informó a Génova de su intención de ficharle ni tampoco se lo comunicó a posteriori. Era un secreto guardado bajo siete llaves hasta que alguien de dentro del PP de Castilla y León quiso que se supiese. Tras analizar la denuncia interna, el Comité de Derechos y Garantías del PP decidió nombrar un instructor y abrir un expediente informativo contra el grupo parlamentario y pidió a De la Hoz que entregase la documentación que tenía sobre la contratación de Viñarás y presentase las alegaciones que estimase oportunas.

El reglamento del régimen interno del PP califica de muy grave esta posible infracción y fija el castigo desde la suspensión de la militancia hasta la propia expulsión del partido, si se comprueba que el grupo parlamentario en las Cortes castellano-leonesas se saltó las directrices de la dirección nacional. En todo caso, la investigación se centró sobre todo en el papel de De la Hoz, que fue quien firmó el contrato con Viñarás por el que este último pasó a cobrar la llamativa cifra de 5.200 euros brutos al mes, no muy lejos de los más de 6.000 euros que cobraba como gerente del partido en Castilla y León. 

Despido pactado

Génova comunicó en agosto de 2020 a Viñarás que dejaba de desempeñar sus funciones de gerente en dicha comunidad autónoma. Ya había cumplido 65 años, aunque le quedaba casi un año para alcanzar la jubilación. Llevaba contratado dentro del PP desde finales de los ochenta, por lo que inicialmente el partido le ofreció quedarse en su categoría de auxiliar administrativo que tenía de aquella época hasta el momento de pasar a retiro.

El gerente no aceptó esa fórmula y, tras una dura negociación con Teodoro García Egea, ambas partes llegaron a un acuerdo de despido con una indemnización de 70.000 euros. La sorpresa vino cuando, a principios de noviembre del año pasado, Génova se enteró de que Viñarás había sido contratado por el grupo popular en las Cortes de Castilla y León para tareas de asesoramiento. El soplo se produjo gracias a un «chivatazo interno». 

De la Hoz negó inicialmente el fichaje del exgerente cuando El Norte de Castilla preguntó por este caso, para luego argumentar que se trataba de un «asunto privado». Sin embargo, tuvo que recular ante la evidencia de que toda la subvención que se da a los grupos para el pago de asesores viene del presupuesto de las Cortes. Es decir, se trata de dinero público.

Mañueco nunca ha escondido su cercanía a Del Pozo y Viñarás. Los tres son vistos por sus rivales como el «tridente» de la política en CyL

Ante la polémica generada por esta contratación, el propio Mañueco se arrogó la decisión de tener a Viñarás de asesor y aseguró que le necesitaba a su lado y que todo era legal. «Lo han hecho con nocturnidad y alevosía», respondieron desde Génova, donde vieron una «deslealtad clara y manifiesta» por parte del líder regional y su mano derecha al corregir y cuestionar una decisión -la del despido del gerente- que había sido negociada y adoptada previamente por la dirección nacional.

«¿Por qué Mañueco protege a Viñarás?«, se preguntaron en Génova. La respuesta, según las citadas fuentes, estaba en los congresos provinciales que se iban a celebrar -nueve en total- como antesala del congreso regional del próximo mes de enero. «Mañueco le necesita (a Viñarás). Un gerente en el partido controla y maneja mucho. Tiene acceso al listado de afiliados, llama a los alcaldes. Y ahora lo hará desde su posición de asesor aúlico», pusieron el acento en la dirección nacional. 

El presidente de Castilla y León nunca ha escondido su cercanía a Del Pozo y Viñarás. Los tres han sido vistos por sus rivales como el «tridente» de la política castellano-leonesa. Un «triunvirato» que no es del agrado de Casado y que Génova mantiene en su punto de mira con este expediente sancionador que no cierra.