Los policías autonómicos se jubilarán cinco años antes y cobrarán 600 euros más de pensión que un guardia civil

Los Mossos d’Esquadra y la Policía Foral de Navarra podrán prejubilarse a los 60 años cobrando el 100% de la pensión a partir del año que viene. Este ha sido uno de los titulares que ha dejado el acuerdo entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu para aprobar los Presupuestos de 2022. Una medida que equipara a ambos cuerpos con la Ertzaintza, que también goza de ese régimen, pero que «amplía aún más la brecha salarial» con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSC).

Es lo que critican sindicatos y asociaciones de Policía y Guardia Civil, quienes siguen viendo un «agravio comparativo» con sus homólogos en las comunidades con cuerpos autonómicos. Al fin y al cabo, la equiparación salarial solo ha supuesto para estos agentes un incremento del 22% en sus sueldos, aún muy lejos de mossos y ertzainas y que en cualquier caso «no se verá reflejado en sus jubilaciones». «Es una falta de respeto más hacia las FSC, que ven cada día cómo las diferencias salariales son mayores sin que el Ejecutivo haga nada», denuncian desde JUPOL y JUCIL, los sindicatos mayoritarios de policías y guardias.

El Instituto Armado y la Policía Nacional también tienen figuras semejantes a la prejubilación, como la Segunda Actividad o la Reserva. No obstante, los agentes no tienen la posibilidad de cobrar la pensión máxima, es decir, el 100% de su cotización en la seguridad social. En su caso, si cumplen los requisitos y deciden retirarse antes de los 65 años, los policías y guardias civiles pierden ciertos complementos de su sueldo.

Una perdida salarial que supone una diferencia de 600 euros entre la pensión de prejubilación de un mosso o un ertzaina y la de un agente de la Policía Nacional. Según se desgrana de las tablas salariales de ambos cuerpos, cuando un policía catalán se retira anticipadamente, cobra un total de 2.659,41 euros. Si lo hace un policía o un guardia, su pensión base de 1.577,81 euros, a lo que se añaden los trienios acumulados de los agentes, que pueden oscilar entre 200 y 300 euros.

En cualquier caso, el traslado de un agente a la Segunda Actividad le supone dejar de cobrar unos 700 euros al mes. Una situación que no se ve resuelta cuando el guardia civil o el policía cumplen los 65 años. Cuando alcanzan la edad suficiente para jubilarse, la pensión de un policía de escala básica asciende hasta los 1.821,29 euros. Mientras que la del mosso d’esquadra se mantiene igual. En el caso de los agentes catalanes, según lo pactado con el Gobierno, podrán jubilarse a los 60 años siempre y cuando acrediten 35 años de actividad efectiva y cotización.

Ley Mordaza

El pacto entre el Ejecutivo y los partidos nacionalistas ha caído como un jarro de agua fría entre los cuerpos policiales del Estado. Sobre todo, teniendo en cuenta que el próximo sábado 27 de noviembre, más de 300.000 agentes nacionales, autónomos y locales están llamados a salir a la calle contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, convocados por todas las asociaciones y sindicatos policiales.

Policías y guardias civiles recriminan al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que esta nueva norma —propuesta por el PNV, y con enmiendas de PSOE y Unidas Podemos— se ha hecho «a sus espaldas» y menoscaba la autoridad y la seguridad de los agentes y de sus familias.

Los cambios que plantea esta modificación son varios. No obstante, los que preocupan especialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son cuatro. La nueva redacción suavizará la anterior, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 respecto a las detenciones y el trabajo de los agentes en las manifestaciones. 

Aquel que se niegue a identificarse podrá ser retenido hasta dos horas —antes seis— y después, dice la norma, si se identifica, los agentes deberán devolver a la persona al lugar donde se inició la intervención. En cuanto a las protestas, aquellas «espontáneas» no deberán avisarse con anterioridad a la Delegación del Gobierno. Y en ellas, además, los policías no podrán utilizar material antidisturbios agresivos como las pelotas de goma: deberán emplear «siempre el menos lesivo evitando que causen lesiones irreparables». 

Respecto a las manifestaciones o cualquier acto público, le ley también añadirá que policías y guardias civiles puedan ser grabados sin que dicha práctica constituya una infracción. Tal vez el punto más polémico de esta nueva ley y que los agentes ven como un «grave ataque a su derecho a la intimidad».