La Audiencia Nacional ratifica la extradición a EEUU de la extesorera nacional de Venezuela con Chávez
Se le atribuyen delitos de blanqueo y organización criminal en un supuesto fraude en el canje de divisas
Claudia Patricia Díaz Guillén. | YouTube
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ratificado la extradición a Estados Unidos de la que fuera exenfermera de Hugo Chávez y extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, por delitos de blanqueo y organización criminal en un supuesto fraude en el canje de divisas.
En un auto fechado este lunes, los magistrados de la Sección Cuarta han confirmado la decisión adoptada el pasado mes de octubre por la Sección Tercera, desestimando de esta forma el recurso de súplica presentado por la defensa de Díaz Guillen, en el que solicitaba revocar la resolución.
El tribunal asegura que, en el caso de la que fuera enfermera de Chávez, concurre el principio de doble incriminación en los hechos que atribuye la justicia norteamericana. La reclamación del Tribunal Federal de Distrito Sur de Florida apuntaba que Díaz Guillen y su marido Adrián Velasquez Figueroa -ex jefe de seguridad de Chávez- participaron en una «estratagema corrupta» en relación al cambio de moneda extranjera efectuado por el gobierno venezolano.
Los magistrados añaden ahora que el enmascaramiento de los importes transferidos a través de sociedades ficticias es lo que implica el lavado del dinero del soborno a Claudia Patricia Díaz Guillén.
Sobornos
La trama tenía en el centro a Raúl Gorrín, un empresario venezolano –también investigado en España– que acabó al frente de la cadena de noticias Globovisión y que habría pagado cientos de millones de dólares en sobornos para efectuar operaciones de cambio de moneda extranjera (dólar) con tasas favorables, lo que le habría reportado beneficios de cientos de millones de dólares.
Según la solicitud de extradición Gorrín, juntos con otros, ofrecía, prometía, autorizaba y efectuaba pagos corruptos a funcionarios del gobierno venezolano, incluidos dos tesoreros nacionales consecutivos, Alejandro Andrade Cedeno y Claudia Patricia Díaz Guillén, «a fin de asegurarse una ventaja indebida en la obtención y retención del derecho de efectuar transacciones de cambio de moneda extranjera con tasas favorables».
Las autoridades norteamericanas consideran que Gorrín utilizó cuentas bancarias cuyos titulares eran empresas ficticias y disfrazó numerosos pagos de sobornos a Díaz Guillén haciendo los pagos a Velásquez en vez de a ella directamente. Entre 2011 y 2013 el empresario habría realizado pagos por sobornos de al menos 65 millones de dólares a beneficio de la reclamada a través de transferencias de cuentas de Suiza hacia Estados Unidos.
Adicionalmente, el empresario del país latinonamericano también habría comprado y pagado gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes y una marca de diseñador de modas en el distrito sur de Florida y distrito sur de Texas.
Por su parte, el pasado 5 de noviembre la Sección Segunda aprobó la extradición a Estados Unidos de Velásquez Figueroa por delitos de blanqueo y organización criminal en un supuesto fraude en el canje de divisas.
Detenidos en varias ocasiones
La decisión definitiva de la Audiencia Nacional con respecto a Díaz Guillen llega después de que la Policía Nacional la detuviese el pasado 23 de diciembre en España junto a Velásquez Figueroa después de que Estados Unidos los reclamase por delitos relacionados con el blanqueo de capitales.
Ambos ya fueron detenidos en abril de 2018 después de que la Embajada de Venezuela emitiera una orden de detención por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito contra la también ex directora de la Oficina Nacional del Tesoro y su pareja que, según la prensa venezolana, ejerció como jefe de seguridad del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano.
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó casi un año después, en febrero de 2019, rechazar sus extradiciones a Venezuela debido a la «posible vulneración de derechos fundamentales» de la que podrían ser víctimas en caso de ser entregados.
