Las cinco polémicas que han cercado a Marlaska en su semana más negra

Decenas de miles de policías de todo el país saldrán a la calle este sábado en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que tiene planeado llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez. Convocados por la mayoría de asociaciones y sindicatos policiales, agentes nacionales, autonómicos y locales protestarán contra algunas de las enmiendas que PSOE y Unidas Podemos pretenden materializar en la nueva norma —todavía en Ponencia en el Congreso de los Diputados—, como la celebración de manifestaciones espontáneas sin previo aviso o que los agentes pueden ser grabados en actos públicos por cualquier persona, sin que suponga una infracción.

Una protesta multitudinaria que, según aseguran fuentes sindicales, no será la última, pero que en cualquier caso solo se suma a la larga lista de conflictos que la mayoría de los funcionarios dependientes del Ministerio del Interior mantiene con su titular, Fernando Grande-Marlaska. En cuestión de una semana, el ministro se ha visto envuelto en cinco polémicas. El enfado de los policías y guardias civiles con la modificación de la ‘ley mordaza’; el escándalo de la denuncia falsa de la subdirectora de la prisión de Villena (Alicante) por una presunta agresión de tres funcionarios; el uso de la tanqueta policial en las protestas de los trabajadores del metal en Cádiz y los acuerdos del Gobierno con ERC y EH Bildu para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Un pacto que, indirectamente, ha abierto otros dos frentes a Grande-Marlaska con los agentes nacionales, y especialmente con los policías destinados en Cataluña.

Siete días en los que de un modo u otro alguna de estas cuestiones ha llegado hasta el despacho del ministro, en el Paseo de la Castellana, en Madrid. La primera, de hecho, se gestó allí hace dos semanas. El jueves 11 de noviembre, se encontraba reunido con representantes del sindicato mayoritario de la Policía, JUPOL, en el marco de los distintos encuentros que el ministro tenía programados con sindicatos y asociaciones, que nada tenían que ver con la reforma de la ‘ley mordaza’. Sin embargo, esa semana, tras dos años en el cajón, el PSOE prometía aprobar la norma en su congreso federal de Valencia, y al mismo tiempo, en el Congreso se cerraba el plazo para presentar enmiendas a la propuesta de modificación, impulsada por el PNV.

Circunstancias suficientes para que, tras el encuentro con el ministro, Jusapol, la plataforma que sacó a la calle a miles de agentes en lucha por la equiparación salarial con los mossos d’esquadra, y de la que han surgido Jupol y Jucil, sindicatos mayoritarios de la Policía y la Guardia Civil, respectivamente, convocase la manifestación que tendrá lugar este sábado; y otra plataforma, No a la España Insegura, aunada por 40 organizaciones policiales y creada a raíz de la reforma, celebrase la concentración del pasado miércoles.

Caso Villena

La semana pasada, la Guardia Civil detenía a la subdirectora de la cárcel de Villena (Alicante) por haber presentado una denuncia falsa por una agresión contra tres de sus subordinados sobre los que pesa una investigación interna y judicial por haber reducido a un preso de primer grado. La investigación desmontaba la versión de la responsable de seguridad, que llegó incluso a enviarse mensajes amenazantes para demostrar los hechos, según admitió al Instituto Armado.

En paralelo, THE OBJECTIVE desvelaba que esa denuncia falsa le había costado la suspensión de empleo y sueldo a dos de los tres funcionarios de prisiones implicados en esa falsa agresión. En una resolución de Instituciones Penitenciarias, fechada el 20 de septiembre, una instructora de prisiones lo justificaba afirmando que los hechos denunciados por la directiva penitenciaria eran «incuestionables» y los dos trabajadores, «un peligro» para el servicio público a causa de las amenazas y agresiones» que sufrió la directora en su propio domicilio «por varias personas, de manera sorpresiva y agresiva, con la finalidad de intimidarla». La Secretaria de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, castigaba a ambos trabajadores, sin pruebas de que fueran ambos y a sabiendas de que había una investigación en curso.

Pese a que las pesquisas policiales han demostrado como falsas las acusaciones de la subdirectora de la prisión, los dos trabajadores penitenciarios siguen suspendidos de empleo y sueldo. Desde Prisiones, aseguraron a este periódico que los «expedientes estarán paralizados hasta que haya un pronunciamiento judicial». Este viernes 26 de noviembre, decenas de funcionarios de prisiones se concentraban frente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para pedir la dimisión de toda la cúpula política, incluida la del ministro Fernando Grande-Marlaska.

Tanqueta

Este martes, en paralelo, el uso de una tanqueta policial en las protestas de los trabajadores del sector del metal en Cádiz abría un conflicto interno entre los socios del Gobierno, que salpicaba también al titular de Interior. Unidas Podemos, en palabras de la ministras Irene Montero e Ione Belarra, pedía a Marlaska «humanidad» y la retirada del vehículo blindado del operativo policial en el municipio gaditano de Puerto Real, donde se estaban concentrando los mayores altercados entre trabajadores y agentes.

Otras voces del PSOE en el Gobierno, mientras tanto, defendían la actuación de Marlaska. Y al mismo tiempo, fuentes de su departamento, consultadas por THE OBJECTIVE, aseguraban que la orden sobre el uso de las tanquetas era responsabilidad del mando policial que dirigía del operativo en Cádiz, sin que entrase a autorizar o no el propio Ministerio o la Dirección General de la Policía. Finalmente, el Gobierno de Pedro Sánchez cedía ante las presiones de Unidas Podemos y ordenaba, a través del subdelegado del Gobierno en la capital gaditana, Jose Antonio Pacheco, le eliminación de estos medios en las movilizaciones.

Presupuestos

La puntilla a la semana la ponía el acuerdo entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu con el Gobierno para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022. Un pacto por el que Mossos d’Esquadra y la Policía Foral de Navarra podrán prejubilarse a los 60 años cobrando el 100% de la pensión, equiparando a ambos cuerpos con la Ertzaintza; y el Gobierno se comprometía a parar las reformas de la comisaría de Policía Nacional de Vía Laietana, en Barcelona, que los independentistas catalanes pretenden cerrar desde hace unos años.

Lo anunciaba el portavoz del ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián. En la rueda de prensa, el diputado nacionalista añadía que las partidas destinadas a las obras de mejora a la también Jefatura Superior de Policía en Cataluña, en concreto dos millones de euros, serían eliminadas de los PGE, tras haberlo acordado con el Ejecutivo. Una decisión que acerca la posibilidad de que ese lugar se convierta en un lugar de memoria democrática, como persiguen los independentistas, pero que al mismo tiempo ha encendido aún más los ánimos de protesta de policías catalanes contra el ministro del Interior. «No quieren quitar la comisaría, nos quieren expulsar a nosotros», denuncian agentes destinados en Cataluña.