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El subdelegado del Gobierno en Cádiz pidió a la policía retirar la tanqueta por orden de Moncloa

Según fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, las presiones de Podemos permitieron alzarse con la victoria moral ante el PSOE de prescindir del uso del material logístico policial

El subdelegado del Gobierno en Cádiz pidió a la policía retirar la tanqueta por orden de Moncloa
Flickr Moncloa

Podemos ganó la batalla al PSOE. En la semana en que la tanqueta policial se convirtió en un asunto político por las presiones de Podemos, primero en Cádiz y luego en el Palacio de la Moncloa, la formación morada se alzó con la victoria moral de forzar a la policía a retirar una parte fundamental de su material logístico, el vehículo blindado adquirido para actuar ante altercados concretos y vulneración del orden público. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, fue el subdelegado del Gobierno de Cádiz, José Antonio Pacheco Calvo, quien pidió al jefe del operativo policial en Cádiz retirar la tanqueta policial para aplacar los ánimos que había generado su presencia en el entorno de la formación de los círculos. 

Una petición que se produjo el martes, después de la «petición expresa e informal» que realizaron las ministras de Igualdad, Irene Montero, y Asuntos Sociales, Ione Belarra, al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el café previo al Consejo de Ministros. La petición de que retirara el citado vehículo por «cuestiones de humanidad», se realizó tras la solicitud del alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, quien exigió una reunión urgente a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que no se llegó a producir. Lo que sí consiguieron las dos facciones de la formación morada antaño enfrentadas (el sector de Pablo Iglesias frente al de Teresa Rodríguez) fue forzar a la vicepresidenta segunda a solicitar formalmente la rectificación en el uso del vehículo militar, petición que Díaz hizo formalmente el martes por la tarde en el Congreso. 

Fuentes de Podemos alegaron en privado que sus exigencias debían ser discretas porque era Díaz quien lideraba las negociaciones para resolver el conflicto laboral con los astilleros del metal, que se resolvió al día siguiente tras la irrupción de un nuevo actor político del Ejecutivo: la ministra de Industria, Reyes Maroto, quien se arrogó el éxito del pacto entre la patronal y los sindicatos. Maroto, persona de la máxima confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permitió sacar del foco a Yolanda Díaz, contra las cuerdas tras la presión de Podemos, y quien había conversado con el presidente el lunes por la noche para solicitar su mediación en el conflicto. 

Los frutos de esa mediación, que trascendió al día siguiente a los medios de comunicación, no se plasmaron hasta el miércoles cuando la tanqueta «ya no estaba», según fuentes policiales, que informan a este periódico de las conversaciones de la subdelegación del Gobierno primero y la delegación del Gobierno después con el mando del operativo policial en Cadiz y el Jefe Superior de la Policía de Andalucía Occidental, al efecto de «deslizar» la «conveniencia» de prescindir del vehículo blindado en la contención de las protestas, habida cuenta del revuelo ocasionado.

Por orden de Moncloa, primero el subdelegado José Antonio Pacheco y después el delegado, Pedro Fernández Peñalver, lograron que las reclamaciones de Podemos se hicieran realidad, con la consiguiente frustración de la Policía por la asunción de que «el material policial se use con normalidad y poniendo en duda la profesionalidad y la proporcionalidad del cuerpo». 

La versión de Interior

Desde un primer momento, el Ministerio del Interior se desmarcó de la polémica con la tanqueta en las protestas de Cádiz. Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, consultadas por este periódico, aseguraron que el uso de estos vehículos era una decisión tomada por el «mando del dispositivo policial» y que en ningún caso ésta debía ser autorizada por Interior o por la Dirección General de la Policía. En este sentido, desde Interior explicaron que los responsables policiales desplegados en la zona «diseñan cada día el operativo» ante las protestas y, por tanto, en calidad de expertos, deciden con qué medios contar, «tanto materiales como humanos, sin pedir ningún tipo de permiso». 

Este punto también fue confirmado por distintos agentes desplegados en el barrio obrero de Puerto Real, quienes aseguraron que, en cualquier operación, disponen de la logística que necesitan en función de la que tienen las jefaturas superiores de policía más cercanas, aunque siempre bajo la supervisión del mando superior del operativo, que en este caso era el subdelegado del Gobierno, José Antonio Pacheco.

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