Moncloa y ERC pactaron la 'cuota Netflix' sabiendo que se incumpliría

Hace apenas una semana, el Gobierno y ERC cerraron su principio de acuerdo presupuestario con la polémica imposición del 6% de los contenidos audiovisuales de las productoras privadas, Netflix o HBO, en lenguas cooficiales. Un acuerdo que fue papel mojado desde el principio, según admiten ambas partes en aras de cerrar su apoyo presupuestario. Tanto el Gobierno como ERC aseguran en privado que ya sabían que no se podía cumplir y, pese a todo, se dejó a ERC venderlo públicamente como una victoria moral y sin réplica ni corrección por parte del Ejecutivo hasta una semana después.

Seis días después, la Ley Audiovisual se aprobó por parte del Consejo de Ministros sin recoger obligatoriedad alguna para las plataformas audiovisuales internacionales y ERC se siente engañada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes de ERC explican lo sucedido alegando que lo acordado fue «un pacto de mínimos  que debíamos seguir negociando» sobre la base de que «queda campo» de interlocución. Lo que cabreó a ERC fue la posición de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, responsable, a juicio de los republicanos, de cerrar la puerta a sus exigencias con «una excusa peregrina».

Desde la vicepresidencia primera del Ejecutivo alegan que la Ley es resultado de la transposición de una directiva europea, que impediría esa imposición a Netflix o HBO porque «la normativa comunitaria parte del principio de país de origen», lo cual supone que «sólo puede obligar a los operadores de contenidos audiovisuales residenciados en España». Pero en Economía intentan escurrir el bulto afirmando que «hay otras vías de negociación» sobre las cuales podrían trabajar a partir de ahora con sus socios de ERC, como «incentivos, estímulos fiscales a la producción en catalán, gallego o euskera». Un ofrecimiento frente a la obligación inicial que no es suficiente para la formación independentista que este martes amenazó con dar la batalla hasta sus ultimas consecuencias sobre este asunto. 

Preguntado por si conocía o no la imposibilidad de la aplicación de su acuerdo de mínimos, el portavoz republicano Gabriel Rufián explicó que «horas antes de que el Gobierno presentara su proyecto de Ley, nosotros habíamos dicho que entendíamos que el Gobierno iba a presentar el acuerdo de mínimos». Pero se publicó la norma sin mención alguna a las cuotas lingüísticas mientras iban llegando a ERC «informaciones que surgieron después y declaraciones de intenciones» desde la vicepresidencia económica de Nadia Calviño, lo cual disparó el malestar republicano por la negativa rotunda a cumplir lo pactado. «Podíamos prever que el PSOE haría trampas, siempre lo prevemos», afirmó tajante Rufián sin negar no obstante la evidencia de que ERC sabía la imposibilidad de llevar a cabo el pacto. «Tocar las narices a ERC con un asunto sobre la lengua no es un buen negocio», advirtió.

Órdago a los PGE

Visiblemente molesto, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, escenificó su enfado contra el Gobierno de coalición lanzando un órdago a la ley más importante del año, termómetro de la estabilidad de la legislatura, los Presupuestos Generales del Estado: «Todos los escenarios están abiertos, también el Senado, en cuanto a los Presupuestos Generales del Estado», que se votan a mediados de este mes de diciembre. El portavoz de ERC denunció que «el PSOE está haciendo trampas» y amplió la amenaza a toda «la agenda legislativa» del Gobierno de coalición.  «Lo que les tengo que anunciar es que si es cierta la información en torno a esta ley, ERC no apoyaría los PGE». 

El Gobierno: «Va de farol»

Fuentes del Ejecutivo aseguran a THE OBJECTIVE que «ERC va de farol y no se atreverá a votar en contra de las cuentas públicas» en la cámara alta. Moncloa sostiene que si la amenaza fuera real habrían mandado algún «aviso» en las votaciones que se produjeron este martes por la noche en el Congreso de los Diputados, donde los republicanos apoyaron al Ejecutivo en todas las votaciones. Seis iniciativas en las que PSOE, Podemos y ERC se alinearon en las votaciones sobre la proposición de Ley de Memoria y Dignidad de las Víctimas; las dos proposiciones no de Ley sobre el incremento de los impuestos del juego y la mejora de las líneas ferroviarias entre Santander y Bilbao; y las tres mociones relativas al área de infraestructuras y la política penitenciaria.