Navarra retrasa la transferencia de Tráfico porque aún negocia el ahorro en guardias civiles

Pese a lo anunciado hace tres meses, los gobiernos navarro y central no han firmado finalmente este miércoles la transferencia de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial. El 1 de diciembre era el día marcado en el calendario por ambos ejecutivos para formalizar la cesión a la comunidad foral. Sin embargo, el Gobierno regional ha decidido retrasarla, sin precisar concretamente cuándo se producirá, porque todavía quedan «cuestiones técnicas» por solventar, según explicó el consejero de Interior, Javier Rémirez.

Esas «cuestiones», además de técnicas, son principalmente económicas, según precisan fuentes regionales a THE OBJECTIVE. Y es que dirigentes políticos tanto de un lado del tablero como del otro, asesorados por sus técnicos de Hacienda, todavía negocian cuál será la próxima partida que deberá aportar Navarra al Estado por los servicios y funciones que no tiene transferidos, en el marco del Convenio Colectivo de 1990. El instrumento que regula las relaciones tributarias y financieras entre ambos gobiernos, y que se actualiza cada cinco años; la última vez fue en 2015.

Ahora que la cesión implicará la salida de 173 guardias civiles del sector de Tráfico en Navarra, el Gobierno autonómico trata de acordar cuánto dejará de pagar al Estado por el trabajo que actualmente hacen estos agentes. Aunque, al mismo tiempo, tiene presente que una parte de ellos podría integrarse en otras unidades del Instituto Armado en la comunidad foral y, por tanto, debería seguir pagando esa cuota de agentes.

Una vez se cristalice el acuerdo entre Navarra y el Gobierno de Pedro Sánchez, los agentes tendrán cuatro opciones. Por un lado, el gobierno autonómico trabaja en una pasarela mediante la cual los guardias civiles podrán integrarse en la Policía Foral. Aunque, según manifiestan fuentes sindicales, la mayoría pretende quedarse en el Cuerpo. Por otro, según ha precisado el Ministerio del Interior, los que decidan no sumarse al cuerpo autonómico podrán ocupar puestos de trabajo en la misma especialidad o en otra en otras comandancias, es decir, un traslado de región; o bien seguir trabajando en otra unidad de la Guardia Civil en Navarra, de la que forman parte 1.623 agentes.

Primer paso del Ejecutivo

En la Administración navarra también trabajan con ese escenario. Aquel en el que los guardias civiles se nieguen a formar parte de la Policía Foral. Lo que irremediablemente les llevaría a convocar una Oferta de Empleo Público (OPE), ya que el cuerpo autonómico no cuenta con suficientes efectivos para suplir las vacantes de Tráfico, que no solo se encargará de la vigilancia en carreteras, sino también del régimen sancionador, la seguridad vial o el capítulo relativo a las autoescuelas. «El Gobierno está calculando la aportación al Estado con todas estas variables. Están surgiendo algunas diferencias de criterios entre ambas partes en la negociación. Hay que tener en cuenta que el Ejecutivo navarro está sostenido por muchos partidos…», revelan fuentes regionales a este periódico.

Las negociaciones comienzan a nivel político con asesoramiento de distintos técnicos del fisco. Después, precisan las mismas fuentes, «cuando se acercan a una cantidad más o menos acordada empiezan las reuniones oficiales». Aunque no hay una fecha prevista todavía para esos encuentros, el Consejo de Ministros ya ha dado el primer paso. El martes acordó la designación de los representantes de la Administración General del Estado en la comisión negociadora para la revisión del Convenio Económico de Navarra y actualizar, según indicaron a los medios de comunicación, antes de que finalice 2021 los nuevos sistemas tributarios.

Desde el Ejecutivo navarro, que tampoco ha marcado fechas concretas en el calendario, confían en que la reunión de la Junta de Transferencias también se pueda celebrar a finales de diciembre. Tras lo que establecerán distintos plazos en la transferencia de Tráfico en la comunidad foral. Navarra comenzará a asumirla de forma práctica en el primer semestre de 2022. No obstante, este periodo se podrá extender durante más de dos años. Y otros tres más después, según precisó el consejero de Interior, Javier Remirez. De este modo, el Gobierno foral sitúa en diciembre de 2015 la fecha máxima para la gestión total de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial. Esto significa, al mismo tiempo, que los guardias civiles irán abandonando paulatinamente su unidad en los próximos cuatro años.

Incertidumbre

El acuerdo sobre la cesión entre ambos gobiernos se trata de una vieja reivindicación de un sector de la clase política navarra, y forma parte del acuerdo que firmó el PNV con el PSOE el 30 de diciembre de 2019 para que votará a favor de la investidura de Pedro Sánchez.

Es en lo que basan su enfado precisamente asociaciones profesionales de guardias civiles como la Unión de Oficiales (UO): «Cualquier cambio que se realiza debe estar dirigido a mejorar el servicio que se presta al ciudadano. En este caso, es de público conocimiento que lo que hay detrás es una negociación política de apoyo a los presupuestos en los que la Guardia Civil es la moneda de cambio. Es parte del precio que debemos pagar por nuestra intensa lucha para acabar con el terrorismo de ETA. Así se nos agradece». 

La Asociación Unificado de Guardias civiles (AUGC), además, ha denunciado este miércoles la «actitud negligente» del Ministerio del Interior por no «poner fin a la incertidumbre que padecen los guardias civiles de Tráfico en Navarra», en una rueda de prensa en Pamplona. Los agentes, según critica la AUGC, desconocen a día de hoy cuál va a ser su situación profesional a partir de la firma del acuerdo.

Por este motivo, la asociación de guardias solicita al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska que ponga en marcha una mesa de diálogo para ofrecer información y poder encauzar, a través de los representantes de los agentes, las condiciones profesionales y retributivas en caso de habilitarse una pasarela para su ingreso en la Policía Foral, o si, por contra, deciden trabajar en otra unidad del Instituto Armado.