Interior valora poner escolta a los principales cargos de Vox

El aumento de agresiones y amenazas que sufren los miembros de Vox tiene preocupados a sus dirigentes. Los servicios jurídicos de la formación han recopilado 300 ataques en los dos últimos años, un centenar de ellos «graves». Por eso han solicitado que sus principales cargos cuenten con escolta pública. El Ministerio del Interior está valorando esa posibilidad, según ha podido saber THE OBJECTIVE. No obstante, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska afirma que «nunca facilita información sobre los dispositivos de seguridad que organiza». 

Desde Vox sostienen que ninguno de sus dirigentes nacionales cuenta con escolta, más allá de su líder, Santiago Abascal. Un servicio, detallan, que paga el partido. Otros dirigentes, como el presidente de la formación en Cataluña, Ignacio Garriga, también cuentan con protección privada. De hecho, la pasada semana llegó una solicitud a la Unidad Central de Seguridad Privada para cambiar la empresa que brinda el servicio. Interior ya puso escolta a Abascal y al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en 2019. La solicitó el propio partido tras su irrupción en el Parlamento de Andalucía, cuando se multiplicaron los ataques a dirigentes y sedes. 

Amenazas de muerte

El líder de la formación verde culpó entonces a Pablo Iglesias y a los medios de comunicación «progres» de las agresiones y amenazas. «Las constantes apelaciones al cordón sanitario, la demonización de Vox, presentándonos como un partido nazi y personas peligrosas y las alertas antifascistas lanzadas por Iglesias están creando un clima peligroso», reconocía Abascal. Lejos de amainar, los ataques siguieron aumentando.

Los servicios jurídicos del partido cifran en 300 las agresiones y amenazas sufridas en los últimos dos años. Muchas de las denuncias han sido efectuadas por el partido, otras por simpatizantes que luego las remiten a la organización. La mayoría se realizan por insultos o pintadas en las sedes, pero también hay agresiones físicas y amenazas. Algunas, de muerte, como la que realizaron contra Abascal en una pared de Gerona en verano de 2019. O el año pasado contra la diputada Macarena Olona en redes sociales. Los militantes son los más proclives a sufrirlas, principalmente cuando tratan de montar mesas informativas. Uno de los últimos casos, hace un par de semanas en la sevillana plaza de Pumarejo. 

En la capital andaluza tuvo lugar en octubre uno de los episodios más graves, cuando Estefanía Martín Vega, vocal en el distrito de Cerro-Amate, fue agredida con una piedra en la cabeza a escasos metros de su casa. Un mes antes había sido amenazada con una nota en su coche: «Puta de Vox, fuera del barrio. Avisada». A este episodio hay que sumarle otros, como la agresión a Rocío de Meer el pasado verano en Sestao, durante la campaña electoral de las elecciones vascas. A la diputada la hirieron en la ceja con una pedrada y dirigentes políticos de otras formaciones llegaron a acusarla de ponerse Ketchup para colar «un bulo como una catedral».

La tensión subió un peldaño en noviembre de 2018 en Alsasua, donde los dirigentes de Vox habían acudido para apoyar a los guardias civiles agredidos dos años antes por simpatizantes abertzales. Otro de los momentos álgidos se vivió en abril de este año, durante la presentación de la candidatura a las elecciones madrileñas. El acto se celebró en Vallecas, enclave histórico de la izquierda, y acabó con una batalla campal que incluyó cargas policiales, lanzamiento de objetos, detenidos y decenas de heridos.

Derecho a llevar escolta 

Estos altercados llevaron al Ministerio del Interior a ofrecer escolta a algunos de los principales dirigentes de Vox: Abascal, Ortega Smith y Rocío Monasterio. Según sus informes internos, corrían «un grave riesgo». El Gobierno decidió ampliar también el dispositivo de seguridad de los candidatos a las elecciones de la Comunidad de Madrid, celebradas en mayo, ante las amenazas de muerte que sufrieron ciertos políticos. Una de las políticas a las que se puso escolta fue a Monasterio.

En España, todas las personas pueden contar con servicios de seguridad, aunque privados. La legislación establece que solo una serie de cargos tienen derecho a llevar escolta pública: miembros del Gobierno, jefe de la oposición y expresidentes. A otras personalidades se les concede tras una solicitud y siempre que el análisis de riesgo concluya que existe una amenaza real. No obstante, Interior no ofrece información sobre estos protocolos. Los últimos datos oficiales cifran en 632 el número de agentes que prestan funciones de escolta en España, 599 policías nacionales y 33 guardias civiles. Así consta en la respuesta parlamentaria que el Ejecutivo ofreció el año pasado al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. 

El número de agentes que actúa como escolta ha aumentado en los últimos años, pero es cinco veces menor que cuando la banda terrorista ETA estaba en activo. Interior contaba entonces con más de 3.000 profesionales dedicados a esta función, casi el 75% de ellos en el País Vasco. El anuncio del cese definitivo de la violencia en octubre de 2011 llevó a la Secretaría de Estado de Seguridad a dictar unos meses más tarde una instrucción que establecía un nuevo marco regulador para la prestación de servicios de protección. De esta manera se liberaron agentes que prestaban labores de escolta para desempeñar otras, principalmente de seguridad ciudadana. 

Muchas personas que sienten que su seguridad está comprometida optan por contratar protección privada, un servicio que solo pueden ofrecer escoltas integrados en empresas de seguridad e inscritos para el ejercicio de esta actividad. El interesado debe obtener previamente autorización para contratar estos servicios. La demanda se tramita con carácter urgente mediante una solicitud a la Unidad Central de Seguridad Privada, aunque la documentación se puede presentar en cualquier comisaría de la Policía Nacional. Tiene un periodo de validez indefinido, salvo que se especifique un plazo concreto.