UGT y CCOO convocan a sus afiliados a la manifestación contra el castellano, pero el PSC se desmarca

El PSC ha decidido desmarcarse de la manifestación organizada por la plataforma Som Escola para este sábado 18 de diciembre contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a realizar un 25% de horas lectivas en castellano en las escuelas públicas de la región. El partido de Salvador Illa, que en un primer momento vaciló sobre su posible participación, ha justificado su ausencia porque coincide con la celebración de congreso extraordinario, donde se ratificará a Illa como primer secretario en sustitución de Miquel Iceta.

De este modo, el PSC ha esquivado posicionarse explícitamente sobre un asunto que, como informó THE OBJECTIVE, genera tensiones internas. Mientras el líder del PSC insta a «flexibilizar» el modelo de inmersión lingüística -aunque sin porcentajes como fija el TSJC-, sus organizaciones locales han secundado mociones en contra de la sentencia y han cerrando filas con el modelo monolingüe. 

La presidenta del partido y alcaldesa de Hospitalet de Llobregat, Nuria Marín, ha zanjado este lunes la polémica en rueda de prensa cuando ha dicho que «estarán en el Congreso, y por lo tanto, no en la manifestación». Esta aseveración se produce después de que la portavoz del PSC en el Parlament, Alicia Romero, no confirmara el pasado viernes la ausencia o participación en la manifestación alentada por el Govern. Romero se limitó a acusar al independentismo y la derecha española de «instrumentalizar las lenguas» y «retroalimentarse en el frentismo», y pidió cumplir «las sentencias judiciales». 

UGT y CCOO, convocantes

Por su parte, tanto UGT como CCOO forman parte de la plataforma Som Escola, compuesta por más de 40 entidades, y han hecho un llamamiento a sus afiliados a participar en su condición de convocantes. En conversación con este medio, ambos sindicatos cierran filas en torno al «modelo de escuela catalana» y aseguran que es «un tema de amplio consenso» en la sociedad.

La vicesecretaria general de UGT, Núria Solé, afirma a instancias de este medio «compartir los motivos» de la concentración: «Desde hace mucho tiempo en nuestras resoluciones congresuales aparece el tema lingüístico y nuestro apoyo total del modelo de inmersión como herramienta de cohesión social», asegura. 

En la misma línea, desde CCOO añaden que «hay que dejar a las escuelas tranquilas» y que no se debe «judicializar» la educación. «Lo importante es que los niños y niñas tengan la oportunidad de aprenderlo y salgan de la educación con las competencias requeridas en todas las lenguas». 

Respecto a la posibilidad de que el independentismo instrumentalice la protesta, sostienen que su asistencia demuestra que la «lengua es de todos» y que no comparten ninguna «apropiación» que se pueda hacer de signo político o ideológico. «Tenemos que estar unidos en esta defensa y rehacer los consensos», concluye Solé.

Movilizar las calles

El Gobierno de la Generalitat quiere volver a exhibir músculo en la calle para presionar en favor de la inmersión lingüística. Si las manifestaciones masivas por la Diada han perdido fuelle en los últimos años, el Govern cree que la imposición de hacer un 25% de clases en castellano decretada por el Tribunal Superior puede ser el factor determinante para volver a reorganizar el movimiento independentista en torno a una cuestión tan sensible en la sociedad catalana como la lengua.

En este contexto, Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural e indultado por el Gobierno por su implicación en el procés, es uno de los principales promotores de la gran movilización en las proximidades de Arc de Triomf, en Barcelona. Som Escola también prepara acciones más longevas para que quede clara la oposición civil a la decisión de la Justicia de establecer un mínimo de 25% de castellano en las aulas públicas de la región.

División en el Govern

Esta movilización en las calles contrasta con la actitud del Ejecutivo. El conseller de Educació, Josep González Cambray, se desplazó hasta la escuela Turó del Drac, en Canet de Mar, para dar su apoyo al equipo docente así como a las familias que querían blindar el modelo monolingüe contra la sentencia del TSJC, pero al mismo tiempo descartó que su Departamento tuviera capacidad para blindar el catalán. 

El conseller, que unas semanas antes alentó por carta a los directores de escuela a la desobediencia, fue el primero en acatar la resolución judicial hace más de un mes cuando su Conselleria firmó la orden del TSJC. La secretaria general del Departament, Patricia Gomà, junto a Inspección de Educación y la dirección del centro establecieron las áreas de conocimiento que se realizarían en castellano. 

Esta observancia a la legalidad por parte del conseller ha suscitado las críticas de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que instó al Departament a tomar «el control» de la dirección de la escuela de Canet. Su llamamiento a una desobediencia de facto fue rechazado en cuestión de horas por el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que le acusó de hacer «partidismo» y por la portavoz de ERC, Marta Vilalta, que tachó la propuesta de la presidenta del Parlament de «mágica e improvisada».