Puigdemont ofrece «defensa jurídica» a los maestros para blindar el catalán

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no quiere perder influencia ante la nueva polémica en torno al modelo lingüístico en las escuelas públicas catalanas. El caso de Canet de Mar, donde una familia obtuvo el respaldo de la justicia para que el centro realice el 25% de horas lectivas en castellano, ha originado un nuevo conflicto en el seno del Govern. La incapacidad de ERC y Junts de dar una respuesta conjunta ha abierto una oportunidad al ex mandatario catalán para señalar esta «ineficacia» de la Generalitat y ofrecer una alternativa: su Consell per la República ha puesto a disposición de los docentes «una defensa jurídica para blindar el catalán».

Este órgano creado por el entorno de Puigdemont, y que tiene vocación de representar un Parlamento paralelo, ha elaborado un informe jurídico dirigido a la «comunidad educativa» que expone una serie de acciones legales para los docentes o familias que vean vulnerados sus derechos lingüísticos. El Consell per la República es una entidad de nuevo cuño formado únicamente por miembros independentistas, se ubica fuera del control de España, en Bélgica, y tanto ERC como la CUP han mostrado su escepticismo sobre su funcionamiento además de criticar su obediencia al ahora eurodiputado de Junts.

Se trata de un ente, no obstante, que presiona al Govern, ya que trabaja para no perder ascendencia sobre la política catalana y ha anunciado que se ha reunido con distintos sindicatos, juristas y agentes educativos para elaborar una estrategia de defensa jurídica e institucional contra ese «ataque» a la lengua. En este sentido, sus miembros electos y representantes de la Asamblea de Representantes propondrán a la autoridad municipal más cercana iniciar un proceso de colaboración con el fin de «facilitar la preservación de la normalidad de la enseñanza en catalán», explican en su página web.

Carta al Govern

El órgano controlado por Puigdemont también ha enviado una carta al Govern solicitando que dé cobertura legal a las escuelas mediante la aplicación de la Ley de Educación de Cataluña, que «fija el régimen lingüístico derivado del Estatut» y exhortan a no cumplir los autos judiciales: «no podemos aceptar el inmovilismo o la aceptación de sentencias judiciales por parte del ejecutivo».

En la misiva reflejan su preocupación por el «progresivo deterioro de la situación lingüística en un contexto de diagnóstico crítico». Y es que el Consell per la República hace suyas las tesis de entidades como Plataforma per la Llengua que llevan tiempo alarmando de la «emergencia lingüística» que a su juicio hay con el catalán en la región, con cada vez menos hablantes según sus cálculos.

Por esta razón, interpretan las sentencias judiciales como un ataque frontal contra la única institución que garantiza que todos los alumnos aprendan las dos lenguas oficiales. La Plataforma per la Llengua forma parte además de la plataforma Som Escola, que engloba a más de 40 entidades como UGT y CCOO, y que ha organizado una manifestación masiva este sábado en Barcelona contra el 25% de castellano en las aulas.

De acuerdo con el Consell per la República, el modelo de inmersión lingüístico, derivado de la ley 12/2009 aprobada por el Parlament, es el «único garante» del catalán «también como elemento de cohesión e integración sociales». En el caso en concreto de la de la escuela Turó del Drac, de Canet de Mar, reclaman que el Ejecutivo de Pere Aragonès defienda «tanto el equipo directivo y docente, como el Proyecto Educativo del Centro, elaborado dentro del marco de autonomía de los centros educativos, establecido en el Decreto 102/2010, del 3 de agosto, donde se establece que éstos tienen la responsabilidad de la gestión de las lenguas mediante sus proyectos lingüísticos, y por lo tanto, que les proteja de las injerencias derivadas de la judicialización del sistema de educación en Cataluña».

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División entre ERC y Junts

Si el conseller de Educación, Josep González Cambray, fue el primero en admitir que su Departamento no podía desacatar la resolución judicial, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, así como la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, se han pronunciado en sentido opuesto y han instado a sus socios de ERC a tomar «el control» de la escuela de Canet con el fin de blindar la inmersión lingüística.

Esta presión de Junts sobre los miembros de ERC del Ejecutivo autonómico obligó a Aragonès a salir al paso y a cortar en seco cualquier amago a desobedecer. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE critican que el partido de Puigdemont quiera sacar réditos de esta polémica con propuestas que no se pueden cumplir y destacan cómo en el consejo ejecutivo del Govern, celebrado este martes, se ha descartado que la Generalitat tome el control del centro de Canet.

Esta decisión, además, ha sido compartida por los miembros de Junts en Govern. En este sentido, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha criticado las propuestas que no representan «soluciones efectivas» sino «inventos». En definitiva, se ha dado carpetazo a la propuesta de Laura Borràs que, pese a ser miembro de Junts y presidenta del Parlament no es miembro del Ejecutivo autonómico y, en consecuencia, no asumiría ningún riesgo personal sobre lo que haga el Govern.