La decisión desesperada de policías en Cataluña: mandar a sus hijos fuera para estudiar en castellano

Cada vez son más los policías destinados en Cataluña que se ven abocados a mandar a sus hijos a otras regiones del país para que estudien en castellano en el colegio, ante la imposibilidad de conseguirlo en los centros de la localidad o la ciudad catalana en la que viven. Una decisión «desesperada», confiesan a THE OBJECTIVE diversos agentes, que implica que el policía se quede trabajando en Cataluña y su pareja y sus hijos tengan que marcharse a otra comunidad autónoma, normalmente la de origen, para que los vástagos puedan continuar su aprendizaje en español.

Pese a que la polémica se ha centrado estas últimas semanas en el episodio que se vive en la escuela de Canet de Mar, después de que el Tribunal Supremo confirmase en una sentencia la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano en el sistema educativo catalán. Policías y guardias civiles vienen denunciando desde hace años esta problemática, una vez que son destinados y tienen que mudarse con sus familias a Cataluña.

Según denuncian los agentes, en la mayoría de casos el principal inconveniente es que los menores vienen de otros centros escolares con un currículo educativo impartido completamente en castellano. «De pronto, se tienen que incluir de un sistema que solo se da en catalán. Eso les causa un retraso importante en el aprendizaje, no entienden las clases y les cuesta mucho ponerse al ritmo», denuncian varios agentes afincados en Barcelona.

La solución se divide en cuatro opciones para los agentes, y todas ellas implican un gasto extra para las familias de los funcionarios. La primera, que los padres apunten a su hijos a clases extraescolares de catalán para que se adapten lo antes posible en la escuela. La segunda, buscar un colegio concertado que sí aplique el 25% de clases en castellano, como dictan las resoluciones judiciales. Una opción que termina por convertirse en imposible, teniendo en cuenta que, explican los progenitores, solo hay tres centros que imparten las clases bilingües en toda la comunidad autónoma.

La otra alternativa es recurrir a un centro privado que tenga clases en español, pero entre todos los policías surge el mismo problema. «La nómina de un agente no puede soportar el gasto de un colegio privado, y menos si tiene varios hijos», manifiestan. Aún así, algunos «hacen de tripas corazón» y se enfrentan a ese gasto. Al resto, inevitablemente, no les queda la opción que partir su familia por la mitad y sacar a sus hijos de Cataluña para que puedan estudiar en castellano. «Los policías se quedan aquí y las parejas y sus hijos se van a su tierra natal. En algunos casos, tienen suerte si es en Valencia o en Zaragoza, porque pueden volver a diario en el AVE. Si no es así, implica que no se vean durante días y que tengan que pagar dos viviendas», critican varios funcionarios.

Piden incentivos

Este escenario llevó a que el pasado mes de agosto los agentes hiciesen públicas estas dificultades, a través de la plataforma Hablamos Español. Esta organización envió una carta a los ministros del Interior y de Educación, Fernando Grande-Marlaska y Pilar Alegría, respectivamente, describiendo en ella todos los problemas —también económicos— a los que se enfrentaban policías y guardias civiles para escolarizar a sus hijos. Razón por la que también sugerían que el Gobierno central asumiera el gasto derivado de los centros concertados y privados, habida cuenta de que era la única vía para que los menores estudiasen en castellano. Por ahora, solo han recibido respuesta de Interior, afirmando que han tomado nota y pronto trasladarán su petición al ministro.

Circunstancias como esta son las que, inevitablemente, según denuncian desde Jupol, el sindicato mayoritario de los policías, han hecho que el destino de Cataluña «haya perdido todo el atractivo entre los agentes». «No solo eso, sino que haya también una gran falta de policías en la comunidad. Por eso pedimos que haya un complemento de especial singularidad para hacerlo más atractivo y que los incentivos puedan suplir problemáticas como las de los colegios», sostienen.

En paralelo, al igual que padres policías y guardias civiles, son cada vez más progenitores y entidades los que están pidiendo y denunciando que Cataluña garantice el castellano en las aulas. Este jueves en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, un total de 12 entidades cívicas, entre ellas, la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Societat Civil Catalana, Impulso Ciudadano, Profesores por el bilingüismo, CLAC o la plataforma de estudiantes S’ha Acabat han celebrado una rueda de prensa para presentar su campaña ‘Escuela de Todos- Escola de tothom’. Las entidades convocantes se han articulado para hacer efectiva la sentencia del TSJC que obliga a garantizar que todos los centros educativos catalanes impartan un mínimo de 25% de horas en castellano y catalán. Y advierten de que, «ante la anunciada desobediencia de la Generalitat» y la «inacción del Gobierno de España», solo los ciudadanos pueden «conseguir el fin de la inmersión».