El Govern quiere señalar a los niños que piden castellano con «atención individualizada»

El Gobierno de la Generalitat estudia volver a tratar a los alumnos que piden castellano en clase como una suerte de necesidad especial, algo que ya ocurrió en los años 90 cuando algunas familias empezaron a cuestionar el modelo de inmersión lingüística. El anuncio hecho por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de incrementar el número de docentes en las aulas donde se haya pedido el 25% de castellano ha encendido las alarmas de las entidades a favor del bilingüismo, que ven una forma encubierta de volver a la «atención individualizada».

Además del anuncio de Aragonès, la presidenta de la Associació de Mestres Rosa Sensat, Francina Martí, sostuvo el pasado viernes 17 de diciembre en una entrevista en TV3 que esta petición de bilingüismo por parte de algunas familias podría abordarse como «necesidades específicas» de los alumnos castellanohablantes, como ya se hace con otros tipo de necesidades educativas especiales mediante la «codocencia». Martí asistió a la cumbre a favor del catalán organizada por el Ejecutivo autonómico donde se concretó esta medida de poner dos docentes en las clases.

Este enfoque pedagógico para quienes piden educación en castellano fue muy criticado en el pasado por las familias por considerarlo un «insulto» y una forma de tratar de «tontos» a sus hijos, como afirmó Consuelo Santos, madre de una de las tres familias que en 2006 llevaron a los tribunales la petición de que su hija pudiera recibir más clases en castellano, en una entrevista en El País.

A la espera de cómo se aplique a la práctica, ya que puede ser más complejo de lo que dejan entrever las proclamas políticas, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, advierte que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya declaró ilegal este tipo de prácticas cuando se trata del idioma: «Es ilegal. Si se les ocurre hacerlo vamos a ir a los tribunales. La justicia catalana dejó muy claro que la atención individualizada es discriminatoria. No la permite en ningún caso, ni siquiera en infantil. No vamos a permitir ningún tipo de acoso».

Es decir, la jurisprudencia del TSJC puede servir para poner fin a los planes de Aragonès si finalmente se llevan a cabo. Como ya ocurrió con el caso del conseller de Educació, Josep Gonzàlez Cambray, que tras una carta instando a las escuelas a mantener sus planes educativos al margen de la decisión de la justicia tuvo que retroceder y aceptar de facto las medidas cautelares en Canet.      

Estigmatizar al alumno

El presidente de la Generalitat anunció la voluntad de su ejecutivo de incrementar las inspecciones para garantizar que se cumple el modelo monolingüe, además de encargar un análisis de la situación del catalán en la escuela que llevará a cabo la Universidad de Barcelona (UB). También informó de que Educación reforzaría el número de docentes en las aulas afectadas por decisiones de los tribunales y que aprobaría una nueva legislación para hacer frente a la «ofensiva judicial, mediática y política».

El jurista y vicepresidente de Impulso Ciudadano, Rafa Arenas, asegura que la Generalitat «quiere volver a la atención individualizada para estigmatizar al niño y que menos familias se animen a denunciar». En este sentido, su entidad así como otras de índole constitucionalista se han unido para iniciar una campaña para que más padres y madres se atrevan a pedir a la justicia que las escuelas catalanes garanticen sus derechos lingüísticos.

Son optimistas en que los planes del Govern tendrán poco recorrido. Si quieren profundizar en la desobediencia, estas entidades contemplan ir tanto por la vía contencioso administrativa como por la penal para que la justicia les obligue a obedecer: «Todas estas declaraciones e instrucciones son una clara desobediencia a la sentencia», considera Arenas.

¿Alud de condenas?  

Las llamadas a preservar el modelo monolingüe de las «injerencias» de los tribunales por parte de los responsables políticos podría salpicar a otros funcionarios si hacen seguidismo de sus superiores. «Si los inspectores cumplen con las instrucciones de Aragonès, sus actuaciones pueden tener una calificación penal», explican las fuentes consultadas. 

De hecho, uno de los principales temores es que ocurra algo parecido a las desobediencias del procés, en el que centenares de altos cargos y funcionarios tuvieron que responder ante la justicia por sus actuaciones. En cambio, si se hubiera intervenido en las jornadas del 6 y 7 de septiembre de 2017, durante el pleno del Parlament en el que se aprobaron las llamadas leyes de desconexión, el número de personas implicadas hubiera sido mucho menor. 

«El 23 noviembre se supo que el Tribunal Supremo no había admitido el recurso de la Generalitat. Entonces, el único que había cometido una infracción fue Cambray, cuanto más se espere en intervenir más funcionarios o inspectores pueden tener una calificación penal», abundan estas fuentes. Eso sí, todo esto en caso de que la Generalitat pase de las proclamas a los hechos.

A la espera del Gobierno

Para cortar esta dinámica se requeriría de la «actuación del Gobierno», reiteran las entidades constitucionalistas. Sin embargo, y como informó THE OBJECTIVE, el Ejecutivo de Pedro Sánchez prefiere mantener cautela con el convencimiento de que ERC cumplirá con las resoluciones judiciales.   

El hecho de que el Supremo todavía no haya trasladado al TSJC su providencia da un margen de tiempo al Govern antes de aplicar el 25% de castellano. Pero aunque los tempos de la justicia sean lentos, la última resolución del Supremo es de carácter general y se deberá aplicar a todos los centros. Si el Gobierno se pusiera de perfil, cualquier ciudadano afectado, como las propias entidades constitucionalistas, pueden solicitar el inicio de un incidente de ejecución para obligar a la Generalitat a cumplir.