Policías y guardias civiles rectifican y ya no quieren políticos en sus próximas protestas
Los agentes pretenden evitar la «politización» de sus reivindicaciones y mostrar así un frente común a las enmiendas de PSOE y Podemos
Manifestación contra la reforma de la ‘Ley Mordaza’. | Europa Press
Ni Pablo Casado ni Santiago Abascal ni Inés Arrimadas. Sindicatos y asociaciones policiales no invitarán a ningún partido político a sumarse en sus próximas protestas contra la reforma la Ley de Seguridad Ciudadana que pretende llevar a cabo el Gobierno, según confirman fuentes sindicales a THE OBJECTIVE. Un cambio en la estrategia sindical que pretendían materializar este miércoles, en la concentración que guardias civiles y policías habían convocado frente al Congreso de los Diputados, pero que finalmente no se celebrará.
Jusapol, la plataforma convocante, ha decidido suspender de nuevo el acto —ya lo pospuso el pasado 14 de diciembre—tras el aumento de casos covid en los últimos días. No obstante, desde esta organización aseguran que la cancelación no cambia nada respecto a su planteamiento «apolítico»: evitarán la presencia de políticos en futuras protestas policiales porque «no quieren que se politicen». «Nuestro objetivo es luchar por los derechos sociolaborales de los agentes nacionales y autonómicos, sin posicionarnos con ningún partido», aseguran.
De este modo, policías y guardias civiles dan marcha atrás y tratarán de evitar críticas como las que recibieron por la marcha multitudinaria contra la modificación de la ‘ley mordaza’ hace casi un mes en Madrid; en la que sí participaron dirigentes del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, así como simpatizantes del partido de Santiago Abascal. Distintas voces del Gobierno, así como el propio implicado en el asunto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguraron después que las protestas estaban «instrumentalizadas por la derecha y la extrema derecha», que solo «pretendían manipular a los policías y crear un clima de odio en las calles». «El objetivo es garantizar los derechos de los ciudadanos y dar seguridad jurídica a la actuación de los agentes», zanjó Marlaska.
Los principales reproches, no obstante, surgieron por parte de algunas asociaciones y sindicatos. Distintos portavoces trasladaron a este periódico su «miedo» por que la presencia de líderes como Casado o Abascal en la protesta, a la que acudieron 150.000 agentes según los sindicatos, «perjudicase la neutralidad política que deben tener los agentes» e «impidiese centralizar un frente común» contra la modificación de la ley mordaza. «¿Desde cuándo se ha visto que líderes políticos acudan a manifestaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?», criticaron.
La concentración policial, que aunque no se celebrará contará igualmente con reacciones de los líderes sindicales, se producirá el mismo día en el que una comisión de la Cámara baja comienza a estudiar y pulir las 51 enmiendas que el PSOE y Unidas Podemos pretenden materializar en la nueva norma, propuesta por el PNV hace más de un año.
Pese a que la protesta ha sido convocada por Jusapol, la plataforma que sacó a la calle a miles de agentes para luchar por la equiparación salarial con los mossos; y de la que han surgido Justicia Policial (Jupol) y Justicia para la Guardia Civil (Jucil), el sindicato y la asociación mayoritaria de policías y guardias civiles, respectivamente. También son parte del que iba a ser el acto las cerca de 40 organizaciones de policías y guardias civiles que conforman la plataforma No a la Inseguridad Ciudadana, surgida a raíz de las primeras protestas contra la reforma de la Ley de Seguridad.
«Un peligro para el ciudadano»
Los organizaciones aseguran «incesantes movilizaciones» hasta que el Ejecutivo no pare la modificación de la norma, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Según denuncian sindicales y asociaciones profesionales los nuevos artículos «cuestionan la autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ponen en peligro el respeto a los derechos de todos los ciudadanos».
La nueva redacción establecerá que aquel que se niegue a identificarse podrá ser retenido hasta dos horas —antes seis— y después, según denuncian los sindicatos, si se identifica, los agentes deberán devolver a la persona al lugar donde se inició la intervención. En cuanto a las protestas, aquellas «espontáneas» no deberán avisarse con anterioridad a la Delegación del Gobierno. Y en ellas, además, los policías no podrán utilizar material antidisturbios agresivos como las pelotas de goma, sino «siempre el menos lesivo evitando que causen lesiones irreparables».
La ley también añadirá que policías y guardias civiles puedan ser grabados sin que dicha práctica constituya una infracción. Tal vez el punto más polémico de esta nueva ley y que los agentes ven como un «grave ataque a su derecho a su intimidad y la de sus familias».
