Moncloa deja a Zarzuela la vuelta del Emérito: «No volverá pero tenemos un problemón»

El asunto provoca un silencio incómodo en el Gobierno. Muy alejados de los ríos de tinta que publica la prensa, la mayoría de los estrategas gubernamentales rehúyen un asunto tabú para los primeros espadas de Pedro Sánchez que menosprecian las informaciones de los medios: «cuando todo el mundo dice tener información, normalmente nadie la tiene». Pero lo más relevante es que transmitan la sensación de que el asunto no va con ellos. «El Emérito es un miembro de la Casa Real, quien tiene que decidir es la casa», explican a THE OBJECTIVE fuentes gubernamentales. 

En este sentido, el Ejecutivo desmiente las conversaciones que desvelan varios medios de comunicación para negociar la vuelta de Juan Carlos I a España. «No hay conversaciones, las hubo en su día al segundo nivel, pero jamás en los despachos entre Sánchez y Felipe VI», explican a este periódico por tratarse de «asuntos no oficiales» sino casi familiares que no forman parte del orden del día que debe ocupar las reuniones de los miércoles por la tarde entre el Jefe del estado y el presidente del Gobierno. 

Bolaños y Alfonsín

Estas conversaciones al segundo nivel se produjeron entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el Jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín. Conversaciones sobre asuntos «logísticos o protocolarios» que en su día llevaba la predecesora de Bolaños en Moncloa, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Y lo que afirman con prudencia en Moncloa, entre la información y la sensación, es que «el Rey no quiere que vuelva y no va a volver» porque se trata de un problema de primera magnitud que podría dañar la imagen de la Monarquía. 

Sin embargo, en el terreno de las consecuencias, el Gobierno sí admite que «nosotros tenemos un problema» porque lo ocurrido con Rafa Nadal y su posible contagio «sólo ha sido un aviso. Podría haber cogido el Covid, podría enfermar, incluso, podría morir. Tiene 83 años». Y entonces, el problema «no habrá hecho más que empezar para nosotros», deslizan estas fuentes en referencia a los efectos que pueda tener ante los ojos de la opinión pública la imagen de un Rey repudiado que pudiera fallecer en el extranjero. «A la gente se le olvidan las cuestiones relacionadas con la corrupción pero no las cuestiones personales. Recuerda al caso de Rita Barbera, repudiada en vida por los suyos». 

Y lo que preocupa es el coste que pudiera tener para el Gobierno y el PSOE porque «siempre nos miran a nosotros, cuando estamos en el Gobierno para actuar y cuando estamos en la oposición para apoyar». los socialistas recuerdan cómo se hizo una «brillante abdicación de la Corona gracias a la responsabilidad de Rubalcaba» quien «retrasó su marcha al frente del PSOE y la convocatoria de primarias para cerrar con éxito esa operación de primer nivel» en la que «logramos contener las voces críticas a nivel interno». 

Los ‘monarquicanos’ del PSOE

Porque «en el PSOE siempre hemos sido ‘monarquicanos’», un híbrido entre dos sensibilidades: «El corazón republicano y el sentido de estado en apoyo a la institución en aras de la estabilidad del país”. “El problemón”, para el PSOE, será “decidir el carácter oficial de su funeral”, si un acto familiar íntimo en el palacio Real o un funeral de estado en el Monasterio del Escorial, donde se celebro el de su padre Don Juan de Borbón, o en la Catedral de la Almudena.

Se dan por descontado los honores militares pero «sería el Gobierno quien tendría que decidir el rango» de un funeral de Estado o el luto oficial, con banderas a media asta y crespones negros y durante cuantos días. Y «otro problemón: ¿dónde le enterramos?», si en el Panteón de Reyes del Monstasrio de El Escorial como Don Juan o en otra ubicación de menor relevancia. 

La Ley de la Corona, en 2023

Son cuestiones que sobrevuelan en el Palacio de la Moncloa. Asuntos de Estado a los que deben anticiparse en una tarea discreta y soterrada, como se hizo con la abdicación de Don Juan Carlos en 2014. A la espera de que llegue el momento, el Ejecutivo es consciente del «enorme daño» que han hecho las informaciones de las supuestas irregularidades fiscales en la Monarquía y confían en que «la Corona sepa que debe actuar, en su propio beneficio».

Encima de la mesa está la Ley sobre la Corona que debe solicitar y Felipe VI al Gobierno para aclarar las dudas que existen desde hace años sobre los miembros de la Familia Real, sus actividades y presupuestos. Es una tarea pendiente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez espera que se produzca de aquí a dos años, en octubre de 2023, cuando la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, cumpla la mayoría de edad y tenga que jurar la Constitución en las Cortes. Otro acto de Estado que habrá que preparar para que su figura se vaya consolidando entre la población española, tras haber hecho los deberes. Será durante la presidencia de Pedro Sánchez en la Unión Europea y en vísperas de su campaña electoral que se produciría entre noviembre de 2023 y enero de 2024. Demasiada tentación para que Sánchez no intente rentabilizarlo con una contribución que le permita pasar una vez más a la Historia.