ATME denuncia desigualdad de trato laboral a los militares que voluntariamente no se han vacunado
Según ATME, algunas unidades han decidido excluir a los militares no vacunados de la participación en misiones, en cursos o en formaciones
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) denuncia desigualdad de trato a los militares que voluntariamente han decidido no vacunarse y reclama la necesidad de que la Subsecretaría de Defensa unifique criterios de aplicación para el trabajo diario de estos militares.
«No puede ser que existan unidades que les limiten en parte de su trabajo, según sus propios criterios, o les excluyan de la percepción del Complemento de Dedicación Especial (CDE) a pesar de realizar el mismo trabajo que sus compañeros», denuncia la asociación en un comunicado.
«Actualmente, no existe ninguna norma emanada de la Subsecretaría de Defensa de las Fuerzas Armadas o de los mandos de personal de los ejércitos, donde se establezca que funciones, misiones o servicios pueden o no realizar aquellos militares que voluntariamente hayan decidido no vacunarse».
Según el criterio de ATME, esta situación presenta «una dificultad evidente» al enfrentarse el derecho individual a no vacunarse con las medidas de salud pública que puede ocasionar la participación de este personal en diferentes actividades realizadas en el marco de las unidades.
«Algunas unidades, bajo su criterio propio, han decidido excluir a estos de la percepción del Complemento de Dedicación Especial (CDE), de la participación en misiones, en cursos, en formaciones, se les ha bajado la nota en los Informes Personales de Calificación (IPEC), etc.», denuncia ATME. «Dándose las paradojas de no poder realizar cursos, con objeto de no entrar en contacto cercano con el resto de los compañeros y evitar riesgos de contagios, pero si poder realizar guardias, maniobras o prácticas deportivas en grupo», añade.
Por todo ello, ATME estima que deben evitarse estas medidas unilaterales por parte de las unidades y reclama por escrito al Ministerio de Defensa «la creación de un criterio general en las Fuerzas Armadas», respaldado por la asesoría jurídica de Defensa, con objeto de «evitar posibles formas de acoso profesional, donde se establezcan las actividades que pueden realizar, así como las repercusiones que puede tener en su vida profesional» (IPEC, CDE, etc.).