Los fiscales que investigan el patrimonio del Rey emérito solicitan una nueva prórroga de las pesquisas

Los fiscales que dirigen las pesquisas sobre el patrimonio del Rey emérito han solicitado a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que prorrogue la investigación sobre las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca y sobre el supuesto uso de tarjetas black sufragadas por un empresario mexicano, después de que a principios de mes ya se dilatara la otra línea abierta, relativa a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey.

Según ha avanzado ABC y han confirmado fuentes fiscales a Europa Press, estas dos líneas de investigación caducarán en los próximos días, por lo que se ha estimado conveniente pedir una prórroga de las mismas, tal y como ya se hizo con el tercer asunto.

En el caso de las averiguaciones sobre el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas, apuntan las mismas fuentes, esta dilación de los plazos es necesaria para estudiar la última información enviada desde Suiza en respuesta a una comisión rogatoria relativa a las finanzas de Don Juan Carlos en los años posteriores a su abdicación, en 2014..

Las pesquisas acerca de la presunta existencia de una cuenta bancaria con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal, que fue la última línea de investigación en abrirse, ya se prorrogaron. Delgado firmó un decreto por el que extendía estas indagaciones desde el 17 de diciembre hasta junio de 2022.

La tercera pata de las actuaciones que llevan a cabo de forma conjunta la Fiscalía del Tribunal Supremo y Anticorrupción en torno a Juan Carlos I, cuya prórroga también se ha solicitado ahora, se refiere al supuesto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas bancarias en las que no figuran como titulares.

Sin embargo, las fuentes consultadas ya han venido apuntando a Europa Press que la idea es no agotar los plazos, aunque tampoco actuar con la prisa que impone el calendario, ya que un caso de esta envergadura requiere actuar con prudencia, siendo garantistas y analizando toda la documentación recabada.

A finales de este verano se supo que los fiscales que dirigían las pesquisas sopesaban el archivo de las diligencias teniendo en cuenta que algunos de los presuntos delitos habrían ocurrido cuando el Rey emérito I era inviolable, que otros habrían prescrito y que se da una falta de peso probatorio en otros, sumado a que se han dado dos regularizaciones fiscales por parte de Don Juan Carlos por una suma que ronda los 5 millones de euros.

Por norma general, las diligencias de investigación terminan con la interposición de una denuncia o querella, judicializando el caso, acumulando las pesquisas a otras existentes o archivando las mismas. Cuando se archivan unas diligencias de investigación porque se entiende que no existen elementos, se termina con un decreto de archivo del fiscal.

Regularizaciones fiscales

Ante estos hechos, el antiguo monarca ha realizado hasta dos regularizaciones fiscales –que se conozcan–. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Y una segunda del 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.

Fue en agosto de 2020 cuando el emérito puso rumbo a Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. «Te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España», señaló para trasladar a su hijo su decisión de partir bajo el argumento de que quería facilitarle su labor como monarca.

El anuncio de que el que fuera rey de España durante casi cuatro décadas se iba de España fue la culminación de una serie de acontecimientos, que se aceleraron a raíz de su abdicación en junio de 2014, ligados a su vida privada y sus actividades financieras que le han terminado situando en el punto de mira de la justicia.

Así lo reconocía él mismo en la misiva que envió a Don Felipe el 3 de agosto, explicando que daba el paso «ante la repercusión que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada» con el fin de «contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad».