La Fiscalía recibe de Suiza los documentos para cerrar la investigación contra el Emérito

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha recibido ya los datos fiscales que le faltaban para cerrar la investigación contra el rey emérito Juan Carlos I. Los documentos de la comisión rogatoria que había solicitado a las autoridades de Suiza, correspondientes a los años 2015 y 2016, fueron recibidos este miércoles y están en manos de la Agencia Tributaria, según confirman a THE OBJECTIVE fuentes fiscales.

El equipo del Ministerio público que lleva la investigación fiscal sobre el Emérito había solicitado una prórroga de las actuaciones, que concluía este 17 de diciembre, por estar a la espera de la comisión rogatoria que solicitó a Suiza hace unos meses. No obstante, las fuentes consultadas consideran que la información de dicha comisión difícilmente afectará a la decisión tomada, que no es otra que el archivo de las tres investigaciones fiscales abiertas contra Juan Carlos I.

Ahora será necesario analizar la documentación de Suiza, pero en el equipo de fiscales ya no estará el que fuera teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos que falleció este miércoles. Será el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien liderará las actuaciones, que serán archivadas previsiblemente después de las fiestas navideñas, ya en enero.

Unas horas antes de su fallecimiento, según informa Efe, Campos había comunicado a la fiscal general, Dolores Delgado, que había recibido la comisión rogatoria de Suiza. La Fiscalía de Ginebra archivó este lunes la investigación que abrió en agosto de 2018 para determinar si hubo alguna ilegalidad en la donación de 65 millones de euros (100 millones de dólares) que el rey Juan Carlos recibió de Arabia Saudí por intermediar en la concesión de las obras del AVE a La Meca.

Las tres patas de la investigación

Cabe recordar que las pesquisas sobre la fortuna y las sociedades del emérito se han extendido durante más de un año. En concreto la Fiscalía del Supremo indaga en tres asuntos relativos al emérito: el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Ante estos hechos, el antiguo monarca ha realizado hasta dos regularizaciones fiscales -que se conozcan-. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Y una segunda del 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.

Por norma general, las diligencias de investigación terminan con la interposición de una denuncia o querella, judicializando el caso, acumulando las pesquisas a otras existentes o archivando las mismas. Cuando se archivan unas diligencias de investigación porque se entiende que no existen elementos, se termina con un decreto de archivo del fiscal.

En septiembre se tuvo conocimiento de que la Fiscalía del Tribunal Supremo notificó al rey emérito en junio, en noviembre y en diciembre de 2020 la apertura de diligencias relativas a su fortuna. Según adelantaba El País, esos tres avisos llegaron a la defensa del que fuera monarca hasta 2014 y en ellas se le invitaba a personarse.

Marcha de España

Fue en agosto de 2020 cuando el emérito puso rumbo a Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. «Te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España», señaló para trasladar a su hijo su decisión de partir bajo el argumento de que quería facilitarle su labor como monarca.

El anuncio de que el que fuera rey de España durante casi cuatro décadas se iba de España fue la culminación de una serie de acontecimientos, que se aceleraron a raíz de su abdicación en junio de 2014, ligados a su vida privada y sus actividades financieras que le han terminado situando en el punto de mira de la justicia.

Así lo reconocía él mismo en la misiva que envió a Don Felipe el 3 de agosto, explicando que daba el paso «ante la repercusión que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada» con el fin de «contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad».