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Cataluña

Los abogados de Puigdemont estudian su regreso a España este año

Luxemburgo deberá resolver en el primer semestre del nuevo año dos asuntos capitales sobre el futuro del expresidente catalán

Los abogados de Puigdemont estudian su regreso a España este año

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat.

El equipo jurídico de Carles Puigdemont baraja la posibilidad de que el expresidente de la Generalitat huido de la justicia regrese a España este 2022. La Justicia europea deberá resolver en el primer semestre del nuevo año dos asuntos capitales para la causa que Puigdemont abandera en Europa contra el Estado: las cuestiones prejudiciales presentadas por el juez instructor del procés, Pablo Llarena, y el recurso contra el Parlamento Europeo por la retirada de la inmunidad parlamentaria al exmandatario catalán afincado en Waterloo así como a Toni Comín y Clara Ponsatí, los tres eurodiputados de Junts per Catalunya.

Fuentes de la defensa de Puigdemont consultadas por THE OBJECTIVE se muestran confiadas en que lo que llaman estrategia jurídica en el exilio tendrá sus resultados: «Cuando se resuelva todo lo de Luxemburgo y, si España no entra en un procedimiento de incumplimiento, Puigdemont podrá volver». Los primeros meses del calendario serán decisivos para el futuro de Puigdemont siempre y cuando los tribunales comunitarios resuelvan en el sentido al que aspira Gonzalo Boye y el resto de abogados que asesoran a Puigdemont.

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) reiteró que la causa del ahora eurodiputado Puigdemont permanecía suspendida hasta que se dirimieran las cuestiones prejudiciales elevadas por Llarena ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ambos tribunales se encuentran en Luxemburgo y afectan al porvenir de Puigdemont: mientras el TGUE atiende a particulares y Estados y dirime la legalidad de las normas, el TJUE da respuesta a las dudas de los jueces de cada Estado miembro y les dicen cómo han de interpretar la normativa.

En este sentido, el primer frente abierto que afrontará Puigdemont será la batería de preguntas planteadas por el magistrado del Supremo sobre el fucionamiento de las euroórdenes tras la negativa de Bélgica a entregarlo. Cabe recordar que el exmandatario catalán fue retenido en la isla de Cerdeña, en Italia, el pasado septiembre y pese a que el Supremo reclamó su entrega a las autoridades italianas el TGUE consideró que las euroórdenes estaban sin efecto hasta que se resuelva las cuestión de las prejudiciales.

Después de la detención y posterior liberación de Puigdemont en Italia, el juez Llarena no se ha pronunciado sobre si considera que este sistema de confianza mútua entre Estados miembros, es decir, las órdenes de detención y entrega, están vigentes en el caso de Puigdemont, Comín o Ponsatí, o si por el contrario da por suspendido el procedimiento penal hasta que Luxemburgo resuelva la cuestión de las prejudiciales.

Por su parte, el equipo de Puigdemont cree que el dictamen de Luxemburgo en esta materia será útil para unificar criterios sobre la libre circulación en la Unión Europea y para garantizar la inmunidad de los europarlamentarios.

Las cuestiones prejudiciales presentadas por Llarena respondían a la sentencia en firme del Tribunal de Apelación belga de no entregar al exconseller de Cultura Lluís Puig a España. Puig fue el primero de los dirigentes nacionalistas huidos a Bélgica en agotar todo el recorrido judicial del país donde reside tras su huida de España y deberá ser la Justicia europea quien tenga la última palabra.

Recurso contra la Eurocámara

La defensa de Puigdemont insiste en diferenciar entre las «decisiones políticas» y las «decisiones judiciales» que han adoptado distintas instituciones comunitarias en el asunto del procés y los derechos de participación política de los eurodiputados nacionalistas. Por ejemplo, el Parlamento Europeo aceptó el suplicatorio del Supremo y retiró la inmunidad de los tres europarlamentarios de Junts. En la misma línea, la Comisión Europea abrió un expediente sancionador a Bélgica por sus criterios para rechazar las euroórdenes.

Sin embargo, el equipo jurídico capitaneado por Boye desplegó una ofensiva legal al sostener que esta decisión de la Eurocámara afectaba al derecho de sufragio pasivo. Presentó dos recursos, el primero contra el suplicatorio del Parlamento Europeo al considerar que el procedimiento fue irregular y el segundo contra la decisión del TGUE de no devolver la inmunidad al expresidente de la Generalitat.

A la espera de Estrasburgo

En paralelo, hay abierta la vía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo. Los condenados por el Tribunal Supremo en la causa del procés han presentado recurso ante el tribunal después de hacer el último trámite ante el Tribunal Constitucional. Aunque la sentencia de Estrasburgo se podría alargar más de dos o tres años, los independentistas confían en que represente otro varapalo para el Supremo. En el caso de que el TEDH condene España y considere que los condenados por sedición no tuvieron un juicio justo tendrá efectos indirectos sobre Puigdemont, Ponsatí y Comín, que hasta la fecha han eludido a las autoridades judiciales españolas.

De hecho, y más allá de la dependencia parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez a ERC, una de las razones que motivó la concesión de los indultos del Gobierno a los líderes independentistas condenados por sedición fue el «temor» a una reprimenda de Estrasburgo al Estado.

En la misma línea, la defensa de los dirigentes independentistas creen que los votos particulares de dos magistrados del Tribunal Constitucional en contra de la sentencia del Supremo también allana el terreno para sus intereses. Los magistrados Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol cuestionaron gran parte de los hechos probados por el Supremo en el recurso presentado por Jordi Turull: «Un análisis alternativo, que consideramos de mayor corrección constitucional y más respetuoso con el actual estándar nacional y europeo de los derechos humanos, hubiera desembocado en una sentencia estimatoria«.

Su 60 cumpleaños «en casa»

El propio Puigdemont amagó a finales de diciembre con la posibilidad de celebrar su 60 cumpleaños «en casa». En un mensaje difundido a través de su cuenta de Instagram aseguraba que «el tiempo no se para, pero nosotros tampoco. Los 60 los celebraremos juntos en casa».

No es la primera vez que el líder de Junts promete volver a Cataluña sin cumplir su palabra. A la espera de lo que decidan los tribunales europeos, no hay duda de que Puigdemont volverá a ubicarse en el centro de la actualidad política este 2022.

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