El doble rasero con las macrogranjas: todos los partidos votan en contra en la España vacía

En misa y repicando. Con la polémica de las macrogranjas desatada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, hay partidos que ponen en práctica el refranero patrio al defender un modelo de ganadería intensiva contra el que sus propias filiales en la España vaciada votan en contra. Un doble rasero, una contradicción, la de soplar y sorber a la vez, que queda en evidencia evaluando el sentido del voto de las distintas formaciones políticas en las administraciones locales.

La polémica surgió a raíz de unas declaraciones de Garzón en una entrevista en The Guardian, en las que aseguraba que España exporta «carne de mala calidad» procedente de «animales maltratados», en referencia explícita a las macrogranjas, frente al modelo de ganadería tradicional, reivindicado por el mismo ministro de Izquierda Unida. Nada nuevo, ningún misterio para la comunidad científica, que lleva años alertando del impacto de las macrogranjas, al igual que multitud de ganaderos.

La ganadería extensiva -es decir, la tradicional- lleva décadas cediendo espacio a la ganadería industrial. Pese a ello, el 96% de las explotaciones que hay actualmente en España son de pequeños ganaderos que prestan importantes servicios ecosistémicos en el medio rural de forma sostenible. Las macrogranjas, por el contrario, son instalaciones altamente contaminantes, que requieren y envenenan grandes cantidades de agua, y además crean pocos puestos trabajo gracias a la automatización de procesos que comporta la automatización de procesos.

Por ello, en toda España existe oposición a este tipo de empresas, que multiplican por diez o hasta cincuenta la producción reduciendo costes. El Gobierno dice desconocer la dimensión del sector. No establece un número a partir del cual las explotaciones son denominadas ‘macrogranjas’. Solo en la provincia de Cuenca, de acuerdo con los datos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, desde 2009 se ha quintuplicado el número de cabezas de cerdo, pasando de 106.977 a las 553.848 cabezas de ahora, según El Salto.

Todos los grupos políticos en diputaciones como las de Palencia, Albacete o Ciudad Real han secundado mociones que rechazan abiertamente este tipo de ganadería intensiva. Aunque ahora el PSOE reprueba las palabras de Garzón y algunas voces piden su cese, y el PP se posiciona del lado del sector y anuncia una batería de mociones en todos los ayuntamientos de España para que se pronuncien a favor de la ganadería mientras Vox clama, multitud de municipios españoles en los que están representados estos partidos han rechazado con su voto este tipo de instalaciones por el impacto ambiental y social que generan.

Rechazo por su «incompatibilidad con el desarrollo sostenible»

Contra lo que puedan sugerir el argumentario más reciente del PP, los ‘populares’ han sido de los más beligerantes con respecto a las macrogranjas. En localidades de Albacete -además de la capital- como Alpera, donde la exalcaldesa popular Cesárea Arnedo rechazó el proyecto de macrogranja, o en Pozuelo, donde el grupo municipal ha presentado hasta tres propuestas distintas para modificar las normas urbanísticas y así «frenar la expansión de la ganadería industrial por su incompatibilidad con el desarrollo sostenible del medio rural». Sin embargo, ninguna de las tres propuestas fue secundada por el PSOE.

Los socialistas sí se han mostrado en contra de las macrogranjas en la provincia de Granada. Desde el mando que ostentan en la Diputación de la provincia granadina, el PSOE se ha alineado con las voces más críticas para evitar la instalación de un gran cebadero porcino en Dehesas de Guadix porque «va en contra del desarrollo económico, social y sostenible de la zona norte de la provincia» -donde hay ya una docena de macrogranjas- y también porque provocará «más desempleo y despoblación», además de «perjudicar al patrimonio».

Incluso Vox ha votado también en contra de las macrogranjas, como ocurrió hace pocos meses en el municipio murciano de Cieza

Incluso Vox ha votado también en contra de las macrogranjas. El partido de Santiago Abascal en Cieza se posición el año pasado junto a PP y PSOE para modificar el plan de ordenación urbanística municipal y evitar limitar la capacidad máxima de las macrogranjas en este municipio murciano. Ejemplos como estos se repiten a lo largo y ancho de la geografía española. Las hemerotecas dan cuenta de la disparidad de opiniones en estas formaciones.

Los partidos políticos no son los únicos que han sucumbido a la contradicción en lo relativo a las macrogranjas. El sindicato agrario UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) también se ha mostrado crítico con las palabras del ministro de Consumo y ha pedido su dimisión por defender lo mismo que la propia UPA reclamaba hasta hace poco tiempo: poner coto a la ganadería extensiva. UPA llegó a enmarcar las macrogranjas dentro de una «cultura del low-cost» que «daña a la sociedad y el medio ambiente». Por ello, este sindicato pidió en 2018 al Parlamento Europeo la prohibición de este tipo de explotaciones.

Bruselas está investigando a España por la falta de diligencia de las administraciones para evitar la contaminación de las aguas

Bruselas ya ha tomado cartas en el asunto. Tal y como informó el órgano ejecutivo de la Unión Europea hace un mes, España está siendo investigada por la falta de diligencia y control de las administraciones para evitar la contaminación de las aguas por los nitratos derivados de la ganadería y la agricultura: «La Comisión considera que los esfuerzos de las autoridades españolas hasta la fecha han sido insatisfactorios e insuficientes y, por tanto, lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea». En concreto, la Comisión Europea considera que España ha incumplido la directiva de nitratos de 1991.