España aplaza a 2030 el 0,7% de ayuda al desarrollo previsto para hace una década

Las ayudas al desarrollo viajan en una noria. Cambia el escenario y varían las partidas. El compromiso del Gobierno con la futura ley de cooperación es dedicar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) en 2030. Una cifra que los partidos se comprometieron a alcanzar en 2012, cinco años después de firmar el Pacto de Estado contra la Pobreza, pero que fue imposible de cumplir por culpa de la crisis. Las ONG desconfían de que se pueda lograr en la fecha señalada y pide al Ejecutivo un calendario con objetivos anuales que garantice que no habrá más demoras.

La nueva ley de cooperación, cuyo anteproyecto ha sido aprobado este martes en el Consejo de Ministros, incluye por primera vez el objetivo de dedicar el 0,7% de la RNB a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). «Tendrá rango de ley», ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. En su opinión, la normativa va a situar a España «en la vanguardia». Para sustituir a la ley de 1998, el nuevo texto debe pasar aún por las Cortes Generales.

«Un brindis al sol»

«Es algo que hemos oído muchas veces. Por eso insistimos en que ese compromiso vaya acompañado de una hoja de ruta que nos otorgue la certeza de que se va a cumplir. Que anualmente se incluyan hitos concretos hasta llegar a esa cifra», explica Olga Calonge, de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, que integra a 550 entidades que trabajan en más de un centenar de países. 

Pablo Hispán, diputado del PP, afirma a THE OBJECTIVE que el compromiso de alcanzar el 0,7% de la RBN en 2030 es «un brindis al sol». En su opinión, todo está supeditado a los presupuestos y dependerá del contexto que exista en nuestro país. «No sabemos cómo estarán las cosas entonces. Lo que ha demostrado el PSOE es que es capaz de firmar todo tipo de cheques en blanco que nunca paga. No cumple sus compromisos, así que este asunto no tiene valor real más allá del efecto del titular», insiste Hispán.

El pacto de Gobierno entre PSOE y Podemos incluía el compromiso de alcanzar el 0,5% en ayudas al desarrollo al final de la legislatura. En pleno ecuador, las cifras están aún muy lejos. España tiene previsto destinar este año 3.506 millones de euros, 400 más que el curso anterior, lo que equivale al 0,28% del RNB. El año pasado apenas llegó al 0,26%. Un retroceso respecto a la primera década de este siglo. En 2009 se alcanzó el máximo, un 0,46%, pero la crisis económica desatada por las hipotecas subprime obligó a recortarlas hasta el 0,17% cinco años después.

Los países más ricos del planeta se propusieron destinar a partir de 1975 un porcentaje de su riqueza para ayudar a los países pobres. Medio siglo después, apenas un puñado de países han alcanzado la cifra prometida. En 2020, los países más ricos tan solo destinaron el 0,3% de su RNB. En Europa se alcanzó el 0,5%. Una investigación de Oxfam-Intermón cifra en cinco billones de euros las ayudas que nunca llegaron. Con ellas, los 59 países más pobres podrían haber logrado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en la próxima década.

Movilizaciones en los años 90

En 1994, cientos de personas acamparon frente al Ministerio de Economía durante 65 días para pedir al Gobierno que donara el 0,7% del PIB. Se sucedieron huelgas de hambre y recogidas de firmas. El Ejecutivo, liderado por el socialista Felipe González, aumentó las ayudas, que hoy vuelven a esta a niveles de los años noventa. «Aquellas movilizaciones nos hizo pensar que se cumpliría la promesa, pero se ha ido postergando. La experiencia no es muy positiva y no nos hace albergar muchas ilusiones», se sincera Calonge, de La Coordinadora.

La experta admite que «hay países de nuestro entorno que no solo cumplen con ese porcentaje, sino que lo superan». En 2019 solo lo hicieron cinco países del continente, según un estudio de Concord, la confederación europea de ONG de ayuda al desarrollo: Luxemburgo, Noruega, Suecia, Dinamarca y Reino Unido. «El objetivo del 0,7% no se cumplirá antes de 2070», señalan los miembros de la organización. 

«Llegar a esa cifra en España en 2030 va a implicar un cambio radical por parte de la Administración que conlleva un aumento significativo de la inversión. La contribución española en ayudas al desarrollo no ha superado el 0,25% desde 2021, lo cual es la mitad de la media europea. Otros países han aumentado sus contribuciones, incluso durante la pandemia», destaca Ana Ramos, de Humana, una ONG que recoge ropa usada para venderla. Con los recursos obtenidos, desarrolla proyectos sociales. No obstante, Ramos asegura ser «optimista».

No lo es tanto Pedro Ramiro, de Paz con Dignidad. «La nueva ley de cooperación sustituye a la de 1998, pero hace las mismas promesas fallidas que entonces», escribió en Twitter mientras se celebraba el Consejo de Ministros. En su opinión, llevan trés décadas realizando el mismo compromiso y «ni se ha cumplido, ni se va a cumplir». Ramiro sostiene que no es una cuestión de partidos, sino de que el tema no está en la agenda: «No han cumplido ni los presidentes del PSOE ni los del PP. Hay otros intereses. La ayuda al desarrollo tan solo es retórica».

Pacto de Estado en España

La llegada del PSOE al Gobierno en 2004 aumentó progresivamente la cantidad destinada a cooperación, pero en 2010 el presidente José Luis Rodríguez Zapatero la recortó en 600 millones de euros para reducir el déficit público. Apenas tres años antes había firmado un Pacto de Estado con una docena de partidos con representación parlamentaria a instancias de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo.

Sucedió el 19 de diciembre de 2007 y entre las formaciones que suscribieron el pacto, además del PSOE, se encontraban PP, IU, ERC y PNV. El punto de medidas concretas de gestión incluía el compromiso de «mantener un esfuerzo en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo que garantice que antes de 2012 el 0,7% de la RNB» fuese destinada a esa cuestión. Las circunstancias no lo permitieron. 

«El Pacto se firmó en pleno auge económico y luego llegó una crisis que el Gobierno socialista negó. Hubo que realizar el mayor recorte del Estado de bienestar», sostiene Pablo Hispán, diputado del PP. En su opinión, las ayudas al desarrollo son necesarias siempre que tengan «un sentido estratégico» y se sigan unas directrices que defienda los intereses de España: «Hay experiencias de éxito de control de inmigración y de apoyo a fuerzas de seguridad que luchan en sus países contra el terrorismo».

Para Hispán, la política de cooperación es «política de Estado», por lo que reprocha al Gobierno que su partido no haya tenido acceso anteproyecto aprobado. La misma recriminación que hacen las ONG, aunque La Coordinadora asegura que ha mantenido diálogo con los partidos políticos. Solo piden que la nueva ley se apruebe con consenso para que sea «una ley de continuidad» y no esté sujeta a los vaivenes políticos. La de 1998 obtuvo el voto favorable del 90% del Congreso.