El Gobierno aprueba hoy el nuevo estatuto para los cooperantes

El Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de la nueva ley de Cooperación Internacional, según supo THE OBJECTIVE a través de fuentes diplomáticas. Se trata de la primera iniciativa legislativa del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y en ella se incluye un nuevo estatuto del cooperante, la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el objetivo de destinar a este área el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) en 2030.

El Ministerio de Asuntos Exteriores se marcó al inicio de la legislatura el compromiso de una reforma integral de la ley de la Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global que data de 1998 y que vendrá acompañada del nuevo plan director para el período 2022-2025. Albares y la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, presentaron a mediados de noviembre el borrador de la ley al Consejo de Cooperación. Este órgano consultivo está integrado por 34 miembros, entre los que se encuentran representantes de ONG al desarrollo, empresas, sindicatos y universidades, además de otros ministerios.

Albares adelantó a finales de diciembre en sede parlamentaria que el texto fijará como objetivo que al menos el 85% de las acciones de la cooperación española contribuyan a la reducción de la pobreza y la desigualdad, que al menos el 30% sirvan para hacer frente al cambio climático y otros objetivos medioambientales, y que al menos el 85% promuevan la igualdad de género.

En cuanto a las áreas geográficas prioritarias, hizo hincapié en que como «novedad importante» se incluirá el Sahel, «dada su fragilidad institucional y el impacto directo que su evolución tiene en nuestra seguridad». También será prioritaria la promoción de la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático así como «la promoción de la calidad de la democracia y el respeto de los Derechos Humanos» junto con «el fortalecimiento de las capacidades de las administraciones públicas para mejorar la cohesión social».

Reforzar capacidades de los cooperantes

«Nuestro país sitúa la promoción del Estado de Derecho en el centro de la política exterior y de cooperación con otros países, porque sabemos que unas instituciones democráticas sólidas favorecen la seguridad, la inversión, en suma el desarrollo», resumió. En el caso concreto del nuevo estatuto del cooperante para el personal de la AECID, Albares subrayó que el nuevo texto busca «reforzar» sus capacidades.

En opinión del ministro, hay que «asegurar la atracción, la retención, la capacitación, la especialización y la promoción de los recursos humanos», al tiempo que se combinan «certidumbre y flexibilidad» con vistas a crear «una verdadera carrera profesional del cooperante español», los cuales trabajan «de manera generosa y a menudo en condiciones muy duras, para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales».

En lo relativo a la gobernanza, la nueva ley reforzará el «papel central» del Ministerio de Exteriores frente a las ambiciones de otros ministerios, pero también la creación de un Consejo Superior de la Cooperación para el Desarrollo que «asegurará una mejor representación y una participación ampliada de los distintos actores del sistema», indicó el ministro.

Además, se establecerá una Comisión Interministerial de Coordinación entre los distintos departamentos con competencias en materia de cooperación y se reconocerá la cooperación descentralizada que llevan a cabo comunidades autónomas y entes locales, con la nueva Conferencia Sectorial de Cooperación para el Desarrollo, que reforzará su participación y coordinación.

También adelantó que la nueva ley introducirá un nuevo sistema de «evaluación de impacto y resultados» a través de la Oficina de Evaluación de la Cooperación Española, que contará con una regulación específica que asegurará su autonomía. El ministro ha reconocido que «la oposición a la cooperación al desarrollo a menudo viene del desconocimiento sobre su impacto», de ahí la importancia de rendir cuentas a la ciudadanía y a los beneficiarios.

El jefe de la diplomacia señaló a finales de diciembre que confía en que el nuevo texto llegue a las Cortes a principios de abril cuando concluya el trámite de consulta previa y expresó su deseo en contar con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. En este sentido, defendió que la cooperación tiene que ser una «política de Estado». 

Mano tendida del PP

Todos los grupos parlamentarios celebraron el anuncio del ministro, ofreciendo su cooperación para sacar adelante la nueva ley, según Europa Press, aunque desde la oposición se pusieron sobre la mesa algunas condiciones y se criticaron algunas de las propuestas planteadas. Así, la portavoz del PP, Paloma Gázquez, ha dicho que el Gobierno puede contar con la «mano tendida» de su partido con vistas a lograr que la nueva ley «sea aprobada por una amplísima mayoría».

En este sentido, defendió que la ley no tiene que ir acompañada de etiquetas como «ecologista o feminista» y que el Gobierno lo que debe proponer es una ley «con espíritu generalista y que siente bases duraderas», sin dejarse «arrastrar por sus socios de la izquierda radical», en alusión a los grupos que apoyaron la investidura.

Gázquez pidió «generosidad» al Ejecutivo de Pedro Sánchez como la tuvo el PP cuando se acordó con el PSOE la anterior ley en 1998. «Aceptamos la invitación a trabajar juntos y rogamos que el PSOE recupere el sentido de Estado» que, en su momento, permitió pactar «leyes tan importantes como esta». El ministro aceptó el gesto del PP y así se lo agradeció a la portavoz de los populares. «Esa es la forma de tramitar, de consensuar una ley de cooperación que es lo que quieren los españoles», hizo hincapié desde el hemiciclo.

En nombre de Vox tomó la palabra el diputado Agustín Rosety quien reprochó al ministro los «palabros» que suele usar el Gobierno en sus iniciativas y avisó que lo planteado por parte del Ejecutivo lleva consigo «mucho multilateralismo y mucha ideología», así que el acuerdo con la formación de Santiago Abascal se antoja más complicada. «La agenda España es lo que nos tiene preocupar» en contraposición de la Agenda 2030, lamentó el diputado de Vox antes de criticar que en momentos como el actual, con «grandes problema económicos», se esté «en condiciones de derrochar recursos».