Los ganaderos solicitan a Garzón una etiqueta que indique el origen del producto

Los ganaderos y Alberto Garzón han firmado un armisticio. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se ha reunido este jueves con el ministro de Consumo para acercar posturas, después de que la organización pidiera su dimisión por las polémicas declaraciones en la prensa británica. Durante el encuentro, UPA ha solicitado una etiqueta que permita a los consumidores saber que el producto que compran proviene de la ganadería extensiva. Además, ha emplazado al Gobierno a que defina el término de magrogranjas porque «todos los modelos intensivos no responden a ese concepto».

La reunión, que se ha desarrollado en la sede del ministerio durante dos horas, llega tras unos días de vorágine mediática por las palabras de Garzón en The Guardian. UPA solicitó el encuentro por carta con la intención de seguir «aportando serenidad en el debate, ofreciendo información precisa sobre la realidad de los diferentes sectores y destacando el compromiso de los profesionales con los objetivos de desarrollo sostenible». La organización sale del cónclave con «buenas sensaciones» y esperando que sea «el inicio de una relación más estrecha de trabajo».

Críticas a Garzón

«Queremos que se saque del debate a las ganaderías familiares porque la calidad de su producto está garantizada», ha afirmado Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, que representa al 87% de las ganaderías españolas. En su opinión, sus explotaciones son extensivas y ecológicas, aunque «también las hay intensivas, pero son granjas muy bien preparadas y no se puede poner en entredicho su viabilidad». Por eso ha pedido que el Gobierno defina el modelo intensivo, porque «no todo son macrogranjas como alguien está intentando plantear».

Ramos apremia a que se clarifique qué es una macrogranja porque, en las condiciones actuales, «un joven que quiere incorporarse a una explotación ni siquiera tiene acceso a ayudas si no posee un número determinado de animales». No obstante, el representante de los ganaderos afirma que ya existe una normativa específica para el sector porcino y que se está trabajando en la del vacuno.

UPA asegura que ha explicado al ministro la diversidad de la ganadería española, que no está basada en macrogranjas. «Hemos pedido apoyo para aprobar una ley de la agricultura y ganadería familiar y la creación de una marca de calidad con un etiquetado más transparente que permita a los consumidores saber que lo que están comprando proviene de granjas familiares vinculadas con el territorio y que generan vida en el medio rural», ha explicado a THE OBJECTIVE un miembro de la entidad.

No es la primera vez que se pone sobre la mesa este asunto. Una plataforma de ganaderos de la extensiva lleva trabajando un año en un distintivo especial que permita conocer la procedencia de sus productos, según adelantó este periódico. El certificado englobaría a las distintas etiquetas ya existentes. Funcionaría como marca privada y, aunque será gratuita, estará gestionada por un consejo que examinará si la explotación cumple los requisitos de la ganadería extensiva.

«Un nuevo ataque»

Hace unos días, UPA se sumó a las criticas y pidió a Garzón que rectificara o dimitiera tras «un nuevo ataque» a la ganadería. El ministro de Consumo se refirió a las macrogranjas, un término que no cuenta con una definición técnica ni legal en nuestro país. El Gobierno, ni siquiera conoce el número de estas instalaciones que existen en España ni en qué lugares se ubican.

«Encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000, 5.000 o 10.000 animales. Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esa carne de mala calidad de esos animales maltratados», afirmó Garzón durante la entrevista. Ramos afirma que su organización está «totalmente en contra del maltrato» y pide que, si hay casos, «lo que hay que hacer es denunciarlos».

UPA calificó entonces de «irresponsables y directamente falsas» estas declaraciones. Las calificó como «torpes, miopes y que pueden tener consecuencias nefastas en las exportaciones españolas de productos cárnicos». El sector, que representa el 2.4% del PIB nacional, alcanzó en 2020 un volumen de exportaciones superior a los 9.000 millones de euros. 

La organización ganadera recuerda que en algunas de las zonas más afectadas por el despoblamiento, como las zonas remotas y de montaña, son los ganaderos los que hacen frente al reto demográfico. «Producimos alimentos de la máxima calidad para ser consumidos dentro y fuera de nuestras fronteras. Al mismo tiempo, luchamos contra el cambio climático, mantenemos limpio el monte y aprovechamos los recursos de forma sostenible».

En el fondo de la cuestión, UPA ha estado de acuerdo con Garzón desde el principio. Explican que, si exigieron la rectificación del ministro fue por asegurar en la entrevista que «España produce carne de mala calidad de animales maltratados». En su opinión, en nuestro país no hay grandes explotaciones, aunque convendría definir el concepto. En lo que la organización coincide con el ministro es en su visión de las macrogranjas, que «representan un modelo poco sostenible». 

En noviembre de 2018, UPA ya solicitó al Parlamento Europeo que prohibiese las macrogranjas al considerarlas perjudiciales para la ganadería familiar, que según sus cálculos representan el 85% de las explotaciones. En un tuit publicado hace tres años, la organización aseguraba que «la cultura del low-cost para todo, incluido la carne y los empleos, dañan la sociedad y el medio ambiente, por eso hoy pedimos a los europarlamentarios que prohíban las macrogranjas». 

En defensa del mundo rural

Lo que sigue adelante es la manifestación del 20 de marzo convocada por agricultores, ganaderos y cazadores en defensa del mundo rural en Madrid. Las organizaciones adheridas, entre ellas UPA, han presentado un manifiesto con 18 reivindicaciones. Pedro Barato, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) afirma que el campo necesita salir a la calle «para denunciar los atropellos de los que es objeto». 

Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) sostiene que el nuevo plan estratégico de la nueva PAC enviado a Bruselas no responde a sus necesidades: «Se deben priorizar los apoyos a aquellos activos agrarios que viven de su trabajo y generan verdadera economía real en el medio rural. Sin sostenibilidad económica de las explotaciones agrarias no habrá sostenibilidad social y medioambiental».