Podemos critica los «retrasos injustificados» en la Ley de Vivienda tras decidir el CGPJ posponer su informe
La previsión que manejaba el Ejecutivo es que el anteproyecto, una vez obtenido el informe, se pudiera aprobar el próximo 18 de enero
Ione Belarra. | Dani Gago (EP).
Unidas Podemos ha criticado los «retrasos injustificados» en la Ley de Vivienda, una de las prioridades de la legislatura, una vez que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han acordado rechazar el informe al anteproyecto y volver a estudiar la propuesta a finales de mes.
Fuentes del espacio confederal han manifestado su «preocupación» ante esta demora «injustificable» para avanzar en el trámite de una ley llamada a «dar respuesta a la emergencia habitacional que vive el país».
Tras conocer la decisión del órgano judicial de posponer su dictamen, que es necesario para que el anteproyecto vuelva al Consejo de Ministros y se remita al Congreso, el espacio confederal ha destacado que esta norma «por primera vez» permite la regulación de los alquileres en las zonas con mercados encarecidos, «pone freno» a los desahucios sin vivienda alternativa para familias vulnerables o «prohíbe» la venta de vivienda protegida.
«Es una de las leyes estrella de los morados y ha sido negociada en primera persona por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra», ahondan desde Unidas Podemos.
La previsión que manejaba el Ejecutivo es que el anteproyecto, una vez obtenido el informe, se pudiera aprobar el próximo 18 de enero, después de casi un año de intensa negociación entre los socios de coalición para acordar su redacción.
El texto del Ejecutivo recoge la regulación del precio del alquiler en zonas de mercado tensionadas, bonificaciones para incentivar que pequeños propietarios bajen las rentas a los inquilinos y medidas para fomentar el parque público de vivienda.
De esta forma, se fija que la declaración de zona tensionada se aplicará en áreas en las que exista «un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado». La decisión dependerá de las administraciones competentes (comunidades y ayuntamientos), basadas en una serie de criterios establecidos en la ley.
