La ANC da un toque al Govern por no avanzar hacia la «soberanía fiscal»

La Assamblea Nacional de Catalunya (ANC) ha hecho público su informe del cuarto trimestre que fiscaliza la labor del Gobierno de la Generalitat a la hora de dar pasos firmes hacia la independencia. Al suspenso general de todo el Ejecutivo, se suma el del conseller de Economía, Jaume Giró, fichaje estrella de Junts per Catalunya para dotar de mayor autoridad sus planes rupturistas. La entidad presidida por Elisenda Paluzie considera que en materia de «soberanía fiscal» no se ha avanzado lo suficiente y critica que para la contratación pública se siga contando con las empresas del Ibex-35.

El informe se divide en diez apartados (Respeto por la voluntad de los electores; Soberanía y no cooperación internacional; Construcción de la institucionalidad propia; Soberanía fiscal y financiera; Soberanía económica, Soberanía en energía, infraestructuras y medios de comunicación; Justicia lingüística; Seguridad pública para un estado democrático; Acción internacional y Justicia social) y entre sus principales conclusiones dicen que la «estrategia» del Ejecutivo de Pere Aragonès «no es la de la confrontación con el Estado español».

A su juicio, esto representa que «el respeto por la voluntad de los electores» no se ha cumplido. Hablan de «decepción» por el hecho de que «no se implementen acciones viables y perfectamente legales en ámbitos de soberanía que consideramos estratégicos para preparar la ruptura» como son los sectores energético, financiero o económico.

¿Banco público catalán?

Entre los principales pasos de la acción del Gobierno catalán hacia la materialización de la independencia financiera recogen la apuesta de Giró por habilitar el Institut Català de Finances para la entrada de depósitos de instituciones privadas a través de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos autonómicos. Aunque es muy difícil que este ente pueda convertirse en una banca pública, ya que Bruselas hace años que limita la creación de nuevos bancos públicos, ha generado ciertas esperanzas en la ANC.

No obstante, lamentan que no se hayan dado pasos para operar con entidades financieras y bancos no españoles. Esgrimen que en el anterior trimestre se añadió a Caixa d’Enginyers entre el listado de entidades con las que la administración trabaja, pero que en este cuarto trimestre no se han constatado progresos.

Por lo que respecta a una de las propuestas que abandera la ANC, como es que los catalanes paguen sus impuestos estatales a través de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), el Govern también suspende: «No ha habido novedades más allá del impuesto de CO2 de vehículos, que ya se ha implementado, con muchos errores de ejecución. Los grupos parlamentarios que sostienen el Govern han declinado incorporar una modificación legislativa que permita dar solidez al pago de impuestos ante la ATC».

En este sentido, también critican que la contratación pública «vaya a parar en manos del Ibex-35» en lugar de incentivar el comercio de proximidad y comprometido con el movimiento independentista.

El Govern, sin rumbo

La presidenta de la entidad secesionista, Elisenda Paluzie, afirmó en la rueda de prensa de los resultados del informe de fiscalización que «no hay nada que indique que la independencia es el objetivo prioritario» del Ejecutivo catalán.«Aunque ha habido gestos positivos, la aprobación de los Presupuestos sin un frente común independentista, así como la asunción de injerencias de instituciones y entidades españolas, sólo profundizan más en la no implementación del mandato del 1-O», añadió.

Otro punto de disputa con el Govern es que la Generalitat, como administración autonómica, no se haya retirado en la mayoría de los casos de las causas contra activistas independentistas imputados por desórdenes públicos en protestas o manifestaciones. La ANC se muestra muy crítica con la unidad antidisturbios de los Mossos e insta a crear un Centro Nacional de Inteligencia catalán. Sin embargo, no entra a valorar la remodelación de la cúpula de la policía autonómica pese a las sospechas de «purga» y en su apartado de «justicia social» tampoco se sensibilizan en si esto puede afectar a las investigaciones contra la corrupción.