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Dimiten tres miembros de Transparencia del Parlament por el veto a facilitar datos a la prensa

El exletrado mayor del Parlament pidió su dimisión el pasado 23 de diciembre de dicha comisión por las injerencias de otros entes en su labor

Dimiten tres miembros de Transparencia del Parlament por el veto a facilitar datos a la prensa

Laura Borràs, presidenta del Parlament.|

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha anunciado esta mañana en una entrevista en TV3 la dimisión de tres miembros del órgano de Transparencia de la Cámara catalana. Se trata de Antoni Bayona, ex letrado mayor del Parlament, la letrada Anna Casas y Blanca Martínez, jefa del área de archivo gestión documental. Los tres eran miembros de la comisión de acceso a la información pública, pero tras las injerencias de la dirección de estudios parlamentarios, presidida por Rosa Felicitat Escrihuela, han optado por abandonar el ente.

El ex letrado mayor afirma a instancias de THE OBJECTIVE que expresó «su voluntad de irse del órgano de garantías del derecho a la información del Parlament» el pasado 23 de diciembre por «no tener las condiciones para hacer valer nuestras decisiones en favor del derecho de acceso en el caso que ha sido noticia hoy».

Bayona hace referencia a la exclusiva publicada por el diario Ara del pago de 1,7 millones anuales que hace el Parlament a funcionarios que ya no trabajan en base al régimen conocido «por licencia de edad». El rotativo pidió información a Transparencia del Parlament sobre este hecho el pasado mes de abril, pero no ha sido hasta este enero que les han facilitado la información. El Ara asegura que ha habido una intención de «obstaculizar» la investigación periodística y las dimisiones en el seno del ente abundan en esta línea.

La propia Laura Borràs ha salido al paso de estas informaciones asegurando que ya se está corrigiendo la «anomalía«, en relación a este sueldo íntegro que cobran empleados públicos sin trabajar, pero lo cierto es que no se dio información sobre este asunto hasta que ha salido impresa la noticia.

21 trabajadores del Parlament

Hay hasta 21 trabajadores que se han acogido a un régimen que, bajo el nombre de ‘licencia por edad’, pueden cobrar sueldos sin trabajar, lo que supone una partida de 1,7 millones de euros al año.

Según Borràs, cuando tuvo que firmar las primeras nóminas tras acceder al cargo observó que había sueldos de personas que no estaban en ejercicio en el Parlament, así como otras cuestiones que tienen que ver con la cuestión retributiva, como el del los trienios, y se puso a trabajar «para modificar el estado de las cosas».

«La noticia debería ser que se ha trabajado para corregirlo y se ha conseguido. Desde que llegué a la presidencia del Parlament me puse manos a la obra, se corrigió el tema de los trienios cuando llegó la nueva secretaria general, y se pudo cerrar el año modificando el régimen de estos permisos de edad», ha concretado.

Comisión de acceso a la información

La presidenta de la Cámara catalana ha sostenido que pidió a los miembros de la comisión de garantía de acceso a la información pública que asumieran el encargo, que entregaran la información y que luego dimitieran, y que el martes estará renovado dicho órgano. Unas declaraciones opuestas a las expresadas por Bayona en este medio que asegura que presentó un escrito ante la Mesa del Parlament su dimisión antes de Navidad, el 23 de diciembre.

«Esta petición esta motivada porque en mi opinión el órgano de garantía no está en condiciones de garantizar el adecuado cumplimiento de las resoluciones adoptadas por el órgano sobre reclamaciones presentadas por ciudadanos que ejercen el derecho de acceso a información ante el Parlament», afirmó en su escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Las fuentes consultadas aseguran que las discrepancias surgieron a nivel interno, entre miembros del ente y de la dirección de estudios parlamentarios, encargada de gestionar las solicitudes de acceso. A raíz de la segunda reclamación de información presentada por el Ara se puso en duda la capacidad del órgano de abordar esta reclamación y derivó en una pugna interna entre órganos sobre de quién era la competencia. El órgano de transparencia no tiene facultad de ejecutar la resolución, ellos solo admiten o inadmiten la solicitud, pero la admitieron y consideraron inadecuado que su resolución no se trasladara a la autora de la petición.

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