«El Gobierno más progresista va a convalidar la mayor estafa inmobiliaria de la historia»

La Iglesia española ha hecho propósito de enmienda. La Conferencia Episcopal reconoce 2.500 incidencias en el listado que elaboró el año pasado el Gobierno y que incluye casi 35.000 bienes inmatriculados entre 1998 y 2015. Un millar están relacionadas con la titularidad, lo que supone un 2,8% del total. La plataforma Recuperando y Europa Laica piden al Ejecutivo que impida a la Iglesia católica registrar a su nombre más de 30.000 propiedades inscritas con una simple certificación, tal y como se comprometió a hacer en el acuerdo de coalición que firmó hace dos años.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió el lunes la revisión del informe sobre bienes inmatriculados de manos de su homólogo en la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella. Era la primera vez que se reunían ambos mandatarios desde la elección de Omella, en marzo de 2020, y la primera vez también que un jefe del Ejecutivo visitaba la sede de la organización religiosa, según señalan fuentes del encuentro a THE OBJECTIVE.

Un caso de inconstitucionalidad

«¿Qué hace el Gobierno negociando cosas que no se pueden negociar?», lamenta Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de Recuperando, que aglutina a una treintena de asociaciones patrimonialistas. Este profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba no concibe que una entidad privada como la Iglesia tenga potestad para decidir las cosas que le pertenecen. En su opinión, los bienes de dominio público no pueden ser inmatriculados, por lo que exige al Gobierno que revierta la situación o estaría incurriendo en un caso de inconstitucionalidad.

La entidad religiosa ha detectado más de 2.500 incidencias en el informe que el Gobierno envió al Congreso de los Diputados en febrero. Las ha dividido en ocho grupos diferenciados. La mayoría, 746, son bienes adquiridos con anterioridad al periodo bajo lupa y que, por tanto, no deberían estar en el listado. Otros 691 bienes han sido inmatriculados por un método diferente a la certificación eclesiástica y en otros 636 casos faltan datos o existen errores.

«El Gobierno más progresista de la historia va a convalidar la mayor estafa inmobiliaria de la historia», denuncia Rodríguez. En su opinión, el Ejecutivo no puede quedarse de brazos cruzados y conformarse con el millar de bienes que la Iglesia no reconoce haber inmatriculado. Para el portavoz de Recuperando, la Conferencia Episcopal quiere hacer un «trampantojo» y por eso ofrece al Gobierno «migajas». 

Rodríguez advierte de que el número de inmatriculaciones de la Iglesia católica no se circunscribe a las casi 35.000 que realizó en el periodo comprendido entre 1998 y 2015. Su plataforma las cifra en más de 100.000 desde 1946. Un número similar estima Europa Laica, la organización que promueve el laicismo en España. Fuentes gubernamentales se limitan a recordar que existen tres comisiones parlamentarias, una especialmente para el asunto de las inmatriculaciones, y que hay que esperar sus conclusiones.

Modificar la ley

«Reconocen que hay 1.000 bienes mal registrados y el Gobierno da el resto por bueno. ¿La Iglesia es juez y parte? El Gobierno debe ser garante de lo público», se queja Juan José Picó, presidente de Europa Laica. Afea a Podemos y al PSOE que incumplan el artículo 5.11 del pacto coalición firmado en diciembre de 2019, en el que se comprometieron a realizar «las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados a partir de simples declaraciones de sus propios miembros».

La reforma hipotecaria aprobada en 1946, en pleno franquismo, permitió a la Iglesia Católica inmatricular bienes sin aportar ningún título de propiedad, con una simple certificación eclesiástica. El artículo 206 del reglamento hipotecario equiparaba a la Iglesia con una institución de derecho público y el 304 habilitaba a los obispos para actuar de fedatarios, como si fuesen notarios. Bastaba su palabra para inscribir los bienes por primera vez en el Registro de la Propiedad.

No obstante, a pesar de esta concesión no podían inmatricular templos ni espacios de culto porque «no estaban sometidos a comercio», según un portavoz de la Conferencia Episcopal. Un situación que cambió gracias a un decreto aprobado en 1998, durante el Gobierno de José María Aznar. La nueva normativa permitió a la Iglesia católica inmatricular 34.961 bienes hasta 2015, según el listado elaborado por el Gobierno. La mayoría, más de 20.000, eran templos, entre los que destacan la mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla. También hay catedrales, edificios y fincas.

El informe realizado por el Ejecutivo señala que hasta 30.335 de esos bienes se registraron sin aportar ningún título de propiedad, con una simple certificación eclesiástica. Un portavoz de la Conferencia Episcopal explica a THE OBJECTIVE que el polémico método también fue utilizado por las autoridades públicas, ya que hasta mediados del siglo XIX no existió un Registro de la Propiedad y que entonces no existía otra manera de demostrar el patrimonio que con una declaración. «La Iglesia no tenía títulos de patrimonio anteriores al siglo XV», insiste.

Reforma de la Ley Hipotecaria

Este portavoz afirma que el Gobierno de Aznar no tuvo más remedio que reformar la Ley Hipotecaria para que la Iglesia católica pudiera inscribir los templos. «Se realizó un recurso al Tribunal Supremo porque otras confesiones podían inmatricular sus bienes, pero nosotros no». Reconoce que durante el periodo comprendido entre 1998 y 2015 las inmatriculaciones se hacen «especialmente por certificado», por lo que las cifras totales son mucho menores de las que afirman los detractores del proceso.

Antonio Manuel Rodríguez, de Recuperando, critica que a la Iglesia católica española se le ha permitido tener mucho poder en España. En su opinión, la jugada de la reunión entre Sánchez y el cardenal Omella responde a dos estrategias, una estética, para que el presidente pueda «aparentar» que negocia con la Iglesia, «como lo hace con la patronal y los sindicatos». La otra sería práctica y serviría para zanjar la cuestión.

«La ciudadanía ha perdido el 80% del patrimonio histórico del Estado, que ahora está en manos de la Iglesia», reconoce Rodríguez. Este profesor de Derecho Civil insiste en que la gente no conoce «la magnitud del escándalo» y sostiene que el número de bienes que está en posesión de la Iglesia católica supera al del listado presentado por el Gobierno. «Solo tenemos una relación de bienes en Navarra, País Vasco y Cataluña, y en algunas ciudades, como Córdoba», agrega. 

Rodríguez señala que el listado del Gobierno recoge 33 bienes inmatriculados en la ciudad andaluza, cuando la relación municipal reconoce más de 150. Para solventar el problema propone reformar la Ley de Patrimonio Histórico y que los bienes de extraordinario valor sean considerados de dominio público, como ya sucede en otros países. Mientras tanto, afirma, solo les queda hacer pedagogía porque «muchas personas no saben lo que está sucediendo realmente».

«Hay que modificar la Ley de Patrimonio Histórico. Los bienes de interés religioso, como las catedrales, tienen que estar afectos al dominio público, como están en Francia y Portugal, lo que no quita que se haga uso litúrgico de ellos. La reunión entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal es solo un lavado de cara», concluye Juan José Picó, de Europa Laica.