El Gobierno coló la paga extra de los pensionistas en el decreto de las mascarillas para forzar su aprobación
En caso de que la votación en el Congreso arroje un resultado negativo, los pensionistas no recibirán lo correspondiente por la subida del IPC
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el patio del Congreso seguido de Félix Bolaños | Eduardo Parra (Europa Press)
La mascarilla en exteriores ha sido una de las medidas más polémicas de la gestión de la pandemia emprendida por el Gobierno. La semana que viene, el Parlamento ha de ratificar si convalida o no el Real Decreto-ley que las impuso (fundado, como te contamos en THE OBJECTIVE en exclusiva, en una encuesta a poco más de mil personas), aunque en caso de rechazarse las consecuencias pueden ser mayores de las previstas inicialmente, y no por el efecto que pueda tener en la incidencia o en el curso de la pandemia.
En un intento de forzar a las demás fuerzas a aprobar la norma, el Ejecutivo incluyó en el mismo Real Decreto-ley el incremento de las pensiones con respecto al IPC de 2021 y que permitiría que unos nueve millones de pensionistas se vieran beneficiados. Si la mayoría de los escaños rechazan el uso de mascarillas en la vía pública, también votarán, sin quererlo en muchos casos, por la suspensión de este ingreso.
Dos medidas que no tienen nada que ver
En el Boletín Oficial del Estado del pasado 23 de diciembre, donde se aprueba la normativa de la mascarilla, el Ejecutivo dedica las primeras páginas a defender la necesidad de implementar las mascarillas ante el aumento de los contagios y la incidencia en los meses más complicados fruto de la variante ómicron. Esta decisión fue criticada incluso por los socios de coalición del Gobierno, quienes tachaba la medida de acientífica, alejada de cualquier lógica e inútil.
Durante las últimas semanas, los ministros y el presidente han tenido el encargo de sumar apoyos para la convalidación del decreto, aunque siempre se han encontrado con un no como respuesta por parte de la mayoría de sus apoyos (aunque también con el consentimiento de algunos líderes autonómicos como el lehendakari Urkullu). Un no que ahora ya no es definitivo al conocerse el efecto colateral. En THE OBJECTIVE te contamos en exclusiva que el Gobierno había logrado la suma de apoyos necesaria para sacar adelante su Decreto-ley tras las negociaciones con otras fuerzas, algo que ahora cobra sentido.
En la disposición final primera, el Gobierno, a través del Ministerio de la Seguridad Social, añade la paga extra de 200 euros para paliar el golpe que la subida del IPC ha tenido en los bolsillos de los pensionistas, una medida que nada tiene que ver con el origen de la norma promulgada. Este engaño puede salirle muy bien al Ejecutivo, ya que ninguno de sus socios ni ningún otro grupo querría ser el responsable de que más de nueve millones de personas no recibieran este dinero.
Ahora, el Congreso debe decidir al respecto antes del 1 de febrero (cuando finaliza el plazo disponible de 30 días hábiles para realizar la votación antes de que la norma pierda la vigencia), aunque desde los grupos admiten sentirse molestos al respecto por las formas utilizadas por el Ejecutivo que en lugar de apostar por el diálogo, pone a la Cámara en un apuro difícil de resolver.
