El abogado que denunció a España ante la UE: «Hacienda trata a la gente como terroristas»

El abogado y asesor fiscal Alejandro del Campo llevó en febrero de 2013 al Estado ante la Comisión Europea para denunciar el llamado modelo 720, ideado por el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro para imponer sanciones a los ciudadanos que tuvieran dinero o bienes en el extranjero sin declarar. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de obligar a España a modificar las sanciones «desproporcionadas» ha sido una victoria moral para este letrado de las Islas Baleares, que fue el primero en elevar esta cuestión a las instituciones comunitarias después de que muchos de sus clientes sufrieran las consecuencias de esta legislación.

Del Campo acumula varias victorias en este sentido, como que el 15 de febrero de 2017 la Comisión Europea exigiera la modificación del Real Decreto-Ley 7/2012 por vulnerar las libertades comunitarias. Ahora ha sido la Justicia europea quien ha tomado cartas en el asunto para obligar a España a modificar tres de sus leyes tributarias, algo que tampoco enmendó el Gobierno de Pedro Sánchez al llegar al poder: «España ve a la gente como terroristas fiscales, y hay más de 2.600.000 personas que están afectadas por el modelo 720. En 2013, cuando lo llevé a Europa en lo único que no pensaba era en el rey Juan Carlos o Jordi Pujol», añade Del Campo.

Bienes en el extranjero

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) calcularon en su momento que podría haber alrededor de 2.600.000 personas obligadas a realizar esa declaración informativa de las cuentas, valores e inmuebles que se tienen en el extranjero. No es un asunto que afecte exclusivamente a los ricos ni a los evasores fiscales, insiste Del Campo: «Cuando muchos de mis clientes se enteraban de que las sanciones iban a ser mayores que lo que tenían en ahorros necesitaron ayuda psicológica».

La medida de Montoro se elaboró tras el plan frustrado del Gobierno de Mariano Rajoy de recaudar fondos mediante la controvertida amnistía fiscal que perdonaba el cumplimiento de obligaciones tributarias a los que tenían fondos en otros países. Pero el remedio resultó peor que la enfermedad. Se aplicaron sanciones del 150% sobre el patrimonio que, en la mayoría de los casos, eran inasumibles. Y abarcaba a todos los ciudadanos que tuvieran más de 50.000 euros en el extranjero. El pasado junio, además, el Gobierno socialista amplió esta declaración a las criptomonedas.

Afectados de toda clase

Entre los clientes de este abogado experto en temas tributarios hay de todo: alemanes jubilados que tienen la residencia fiscal en España pero tienen hijos y propiedades en su lugar de origen o una mujer ecuatoriana que trabajaba como señora de la limpieza y que heredó 780.000 euros que su padre tenía en Bélgica. Esta mujer vio cómo Hacienda le reclamaba un total 750.000 euros por no informar a tiempo de esta herencia. Otro caso paradigmático fue el de un jubilado de Granada, Manuel Molina, a quien Hacienda le pedía 450.000 euros por sus ahorros de 200.000.

Molina explica a este medio que «se ha hecho esperar», pero que ha habido justicia. Este comercial se fue a Suiza cuando era muy joven y ganó su pequeña fortuna «trabajando mucho», afirma. Trabajaba en una empresa de maquinaria. Ahora tiene 78 años, presentó toda la documentación en 2013 y finalmente trasladó su dinero en España y evitó la sanción.

Pero su caso, advierte Del Campo, no habría prescrito: «Si Manolo hubiera confesado después de 20 años que mató a su mujer y la enterró en su jardín, estaría libre», relata para explicar la desigualdad entre un homicidio y una demora en informar de los bienes que se tienen afuera de España.

Libre circulación de capitales

La Justicia europea, en su resolución, no cuestiona la obligación de carácter informativo de declarar el patrimonio en el exterior, pero sí que ha considerado «extremadamente represivas» las consecuencias que se derivaran de cualquier incumplimiento o despiste. «El Tribunal de Luxemburgo ha dicho que la principal libertad vulnerada es la libre circulación de capitales«, abunda.

De hecho, si la medida entró en vigor en octubre de 2012, la primera declaración informativa se tenía que de presentar en abril. Este lapso tan corto de tiempo hizo que mucha gente no tuviera constancia del cambio legal. Además, se dio el caso perverso de que Hacienda empezó a perseguir con multas desorbitadas a los pocos ciudadanos que habían presentado sus declaraciones, y dejando fuera del asunto a quienes optaron por no presentar nada y esperar a que Luxemburgo se pronunciara.

«Fue una normativa con consecuencias muy devastadoras, pero la mayoría de afectados no se enteraron. Solo un 5% de los más de 2,5 millones de ciudadanos obligados presentó la declaración«, remacha Del Campo. Muchos turistas alemanes residentes en las Islas Baleares decidieron volver a Alemania para no tener «la espada de Damocles de Hacienda sobre sus cabezas».

Imprescriptibilidad del delito

Del Campo lleva 30 años ejerciendo de letrado y ofreciendo asesoramiento fiscal y de temas tributarios a sus clientes. Desde el primer momento vio tan clara «la aberración» de esta nueva ley que no dudó ni un segundo en denunciar a su propio país ante la UE. Logró incluso que una asociación de británicos que vivía en España y que se mostraban preocupados por la nueva normativa tributaria le invitara al Parlamento Europeo a hablar sobre el asunto.

«Hacienda parió una cosa monstruosa. Es muy grave que se equipare no presentar el plazo de la declaración informativa sobre bienes en el extranjero con los delitos que no prescriben como el terrorismo o el genocidio. Era tan aberrante que sabíamos que la Unión Europea nos daría la razón», concluye.