Marlaska incumple su protocolo express antiokupas: los policías denuncian que fue «un bulo»

El protocolo de desokupación express que anunció a bombo y platillo el Ministerio del Interior hace más de un año y medio nunca se puso en marcha. Era septiembre 2020 y la Fiscalía General del Estado, con motivo de la apertura del año judicial y el aumento de usurpaciones de viviendas a raíz de la pandemia, dictó instrucciones inmediatas a los fiscales para frenar «con mayor inmediatez» las okupaciones. Una de ellas era la posibilidad de establecer como medida cautelar la expulsión de los indeseados inquilinos mientras se resolvía el litigio judicial, que en algunos casos puede alcanzar los dos años.

Fue entonces cuando el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska anunció un nuevo plan policial para tratar de agilizar el desalojo de okupas tras la instrucción de la fiscal general, Dolores Delgado. La principal novedad eliminaba el plazo de 48 horas para poder proceder a echar a los usurpadores de la vivienda por parte de los agentes, siempre que el delito fuese flagrante o reciente. Además, establecía esta medida tanto en la okupación de primera vivienda como en la segunda residencia. De esta manera, era posible desalojar de forma inmediata al intruso sin necesidad de solicitar medidas judiciales. Los policías podían proceder a la identificación de los okupas y llevar a cabo su detención, sin inconvenientes.

La realidad, meses después, es que ese supuesto protocolo no ha llegado a ninguna parte. Mejor dicho, no se emplea en ninguna jefatura ni comisaría provincial de Policía, según aseguran las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE. «Fue un bulo. Nunca existió ese protocolo. Se intentó maquillar la situación ante la que nos encontrábamos siempre, pero siguen existiendo las mismas dudas. Así que se hace como se hacía antes», sostiene un inspector de la Unidad de Seguridad Ciudadana.

El protocolo de Grande-Marlaska apunta que si el inmueble okupado no constituye morada se trata de una usurpación y que si el delito no es flagrante hay que solicitar el desalojo al juez. Y ahí es donde radica la principal incertidumbre de los agentes, según explican las mismas fuentes. «¿Cómo podemos saber si se trata de morada o no? El protocolo de 48 horas es más una interpretación de reconocer o no la vivienda como morada legalmente reconocida por los okupas. No podemos arriesgarnos a desalojarnos y que un juez después diga lo contrario. Al policía se le deja en un limbo legal en el que tiene que decidir…», sostienen las mismas fuentes.

Un 20% más de okupaciones

En definitiva, todo sigue igual. Ni se desaloja en un primer momento, ni en 48 horas. Las fuerzas de seguridad trasladan a la autoridad judicial las denuncias, y son el juez y el fiscal quienes deciden desalojar o no el inmueble okupado como medida cautelar, e iniciar el procedimiento judicial. En ningún caso, según insisten las fuentes policiales, los agentes desalojan a los okupas sin haber trasladado el caso al juzgado.

El fenómeno de la okupación de viviendas se ha convertido en los últimos años en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Una inquietud que según arrojan los últimos datos, y en concreto los casos registrados durante los dos años de pandemia, parece que no desaparecerá a corto plazo entre la sociedad española. Si en 2020 se registró la cifra de okupaciones más alta de los últimos cinco años, 14.792 usurpaciones, 2021 tiene visos de superar ese récord. Y es que solo en los primeros nueve meses de este año se han alcanzado prácticamente los mismos casos que en el año del confinamiento más estricto. 

Desde enero a septiembre del pasado año, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCEE) notificaron 13.389 denuncias por allanamientos o usurpaciones de domicilios —los agentes no especifican el delito, quien lo hace es el juzgado posteriormente—, un 18,3% más si se compara con el mismo periodo de 2020 (11.319), según los datos provisionales del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Lo que se traduce en que durante ese periodo casi 50 viviendas al día caían en manos de usurpadores. No obstante, cabe matizar que la mayoría de okupaciones, indican fuentes policiales, se llevan a cabo en viviendas de segundo uso o en pisos vacíos, propiedad de bancos o fondos buitre. 

El fenómeno no ha dejado de crecer desde el año 2016, cuando se produjeron 9.998 casos. Si se compara esta cifra solo con las disponibles del último ejercicio, la okupación en España ha experimentado un crecimiento del 33,92%. Si se hace la misma comparativa con los datos de 2020, el porcentaje es aún mayor, un 47,95%.

Empresas de seguridad

Sin embargo, la Plataforma de Afectados por la Okupación, la organización que aglutina a la mayor parte de afectados por ese problema, sostiene que las estadísticas oficiales no incluyen la totalidad de casos que se registran. Según sostiene un portavoz de esta plataforma, están proliferando métodos distintos a los clásicos, como la patada en la puerta, para usurpar las viviendas. Se refiere principalmente a «la inquiokupación». Los criminales aparentan ser los inquilinos de una vivienda que acaban de alquilar y pagan durante los primeros meses la cuota a los propietarios hasta que dejan de hacerlo y jamás se marchan. 

Tampoco se contabilizan aquellas ocasiones en las que los propietarios deciden contratar una empresa de seguridad para expulsar a los indeseados inquilinos de su vivienda. La Justicia dispone de medios para acabar con esta práctica ilegal, pero el procedimiento es muy lento, puede durar incluso dos años dependiendo de si se escoge la vía civil —más rápida— o penal. Lo que implica que las víctimas vivan en una situación de indefensión mientras el okupa permanece en el inmueble.

En este escenario de abandono es donde muchas compañías han visto su oportunidad de negocio. Reducen un proceso que puede durar años a un par de semanas, valiéndose estrictamente de lo permitido por la legislación. Lo más común es que lleguen a un tipo de acuerdo con los criminales tras advertirles las consecuencias penales. En otras ocasiones, ese pacto pasa también por desembolsar una cantidad económica a los okupas. El coste de estos servicios oscila entre los 3.000 y los 8.000 euros.