Interior cambia la norma para que los presos con mala conducta puedan salir de permiso

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, órgano dependiente del Ministerio del Interior, ha cambiado su norma para que los presos en régimen de segundo o tercer grado puedan obtener permisos temporales de salida de la prisión pese a que en su expediente consten sanciones firmes por faltas graves. Es lo que se desgrana de la modificación parcial que ha llevado a cabo el departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz en enero sobre la Instrucción 1/2012, del 2 de abril, de Permisos de Salida y Salidas Programadas.

En el documento, al que ha tenido THE OBJECTIVE, Instituciones Penitenciarias elimina del artículo 5.1.1 —sobre el estudio y preparación de permisos ordinarios— la exigencia de que el interno deba tener un historial sin altercados o mala conducta para autorizarle un permiso de salida de la cárcel en la que cumple condena.

Hasta esta modificación del reglamento, el punto mencionado anteriormente establecía que para «el estudio de la solicitud del permiso» era necesario «el análisis documental del historial penal y penitenciario del interno, encaminado a la identificación y valoración de factores o variables significativos de cara al uso responsable del permiso». Y la «existencia o no de los requisitos objetivos exigidos legalmente, como la clasificación en segundo o tercer grado, el cumplimiento de la cuarta parte de la pena, y la no existencia de mala conducta, objetivada ésta en la existencia de sanciones firmes y sin cancelar, por faltas graves o muy graves».

No obstante, la Secretaría General de IIPP elimina este último requerimiento del reglamento. De este modo, para estudiar un permiso de salida, entre «los requisitos objetivos» estará el de que un interno esté en segundo o tercer grado y que haya cumplido una cuarta parte de su condena, pero no que deba tener un expediente sin altercados o malas conductas en el centro penitenciario.

Sentencia del TS

Desde este departamento basan su decisión, según apuntan en el nuevo documento, en la sentencia 859/2019 del Tribunal Supremo, con fecha del 8 de marzo, que incidía en la necesidad de modificar «el apartado 5, punto 1, párrafo 1º de la Instrucción 1/2012 ». En el fallo, el Alto Tribunal estima que «la ausencia de mala conducta es una exigencia subjetiva o valorativa que se nutre de múltiples vectores de ponderación» dándose la circunstancia de que «el legislador no ha priorizado ninguno de estos criterios de evaluación de conducta, hasta el punto de constituirlo como una exigencia sine qua non para que el comportamiento del penado pueda ser evaluado como idóneo para la concesión de permisos».

En este sentido, dice el TS, que no puede considerarse «que quienes tengan un expediente disciplinario activo estén privados de su disfrute, sino que fija un condicionante (ausencia de mala conducta) con un contenido semántico, que, aunque evidentemente vinculado con el comportamiento disciplinario, no es su equivalente».

Con esta reforma, el departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz da un paso más en su política dirigida a vaciar las prisiones. En total, desde que Grande-Marlaska llegó al Ministerio del Interior, la Administración penitenciaria ha concedido casi 20.000 terceros grados, 1.273 reos en contra del criterio de los técnicos de las juntas de tratamiento de las cárceles, según datos ofrecidos por este departamento en una respuesta parlamentaria del Partido Popular.

Un escenario en las cárceles que responde, según han denunciando los sindicatos penitenciarios, a la «estrategia política» que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha ido implementando a lo largo de su mandato. Lo aseguró él mismo, hace poco más de un año, en una comparencia en el Congreso de los Diputados en la que explicó las grandes líneas de su proyecto.

«Desde mi nombramiento como secretario general y con la llegada del equipo directivo, uno de los compromisos asumidos fue el de favorecer el desarrollo de la intervención tratamental y de los procesos de reinserción social, así como el incremento de las personas penadas en régimen de semilibertad —tercer grado—», manifestó.  Ortiz, además, explicó cómo la población reclusa «en medio abierto» había pasado de un 17,7% a un 20,5% desde que él estaba al frente de Prisiones. Se refería a aquellos internos que se encontraban en régimen de segundo o tercer grado. 

Esta modificación del reglamento, adelantada por la diputada del Partido Popular, Ana Vázquez Blanco, ha llevado a que su grupo parlamentario haya solicitado a través de Twitter la comparecencia del Secretario de Instituciones Penitenciarias «por el uso ideológico que hace de las Prisiones». «Ayer mismo con esta instrucción para favorecer casos como el de Juana Rivas, con sanciones graves a los que les darán permisos, pues ahora ya no importarán», ha denunciando la diputada popular.

Juana Rivas

El pasado 17 de diciembre Instituciones Penitenciarias autorizó a Juana Rivas a que cumpliese los meses que le restan de condena en su domicilio, con un brazalete de control telemático. Esto a pesar de que, según reveló El Español, había recibido hasta tres partes de sanción durante sus seis meses de estancia en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada. Dos de ellos por usar el móvil sin autorización y un tercero por no comparecer en el recuento de la mañana con el resto de presos. Unos expedientes de mala conducta que acabaron siendo archivados y nunca llegaron a tramitarse.

El revuelo generado por ese presunto «trato de favor» a Juana Rivas llevó a que los partidos de la oposición pidieran rendir cuentas a Marlaska. La senadora de Ciudadanos María Ponce registró en enero una pregunta para que el Gobierno aclare por qué la Comisión Disciplinaria del CIS Matilde Cantos no llegó a tramitar los expedientes de sanción a Juana Rivas. Unos partes de sanción que, de haberse tramitado, «habrían imposibilitado que siguiera cumpliendo la pena en su casa con el único control de una pulsera telemática».

Ponce también reclamaba al Ejecutivo una explicación sobre el «ascenso meteórico» de Máximo Martinez Bernal. Hasta finales de diciembre era el subdirector de tratamiento en el CIS de Granada. Unos días después, Interior le nombró nuevo subdirector general de Análisis e Inspección de Instituciones Penitenciarias. Ciudadanos exigía saber «si este nombramiento guarda relación con la concesión de progresos en la calificación de Juana Rivas».