Lanzarote, en pie contra Sánchez por imponer por decreto un centro de inmigrantes en la isla

El pulso que desde hace semanas mantenía el Ayuntamiento de Arrecife contra el Ministerio del Interior por la apertura del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en el centro de la capital lanzaroteña ha culminado con una maniobra del Consejo de Ministros, que el pasado martes aprobó la ejecución de este campamento elevándolo a la categoría de obra de interés general. El CATE, ubicado en la zona trasera de la Comisaría de Policía Nacional de Arrecife, llevaba tres meses construido pero el consistorio se había negado a ponerlo en funcionamiento porque Interior no había cumplido con todos los trámites exigidos.

Ahora que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha otorgado ese rango al campamento —cuya instalación ha costado 2,1 millones de euros—, la Dirección General de la Policía Nacional, encargada de los trámites hasta ahora, ya no necesita solicitar ninguna licencia municipal. Legalmente basta con que comunique al Ayuntamiento que se trata de un proyecto de interés general y en el plazo de un mes podrá abrirlo. Para conseguir finalmente la apertura del CATE, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska se ha amparado en la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 35/2020 de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.

Esta decisión del Gobierno ha caído como un jarro de agua fría en el consistorio de la capital lanzaroteña, gobernado por el Partido Popular. Su alcaldesa, Astriz Pérez, acusa al Gobierno central de «haber tirado de decretazo para instalar una infraestructura que desde el punto de vista urbanístico era muy complicado autorizar, y más existiendo un informe de Protección Civil que advierte del riesgo para la integridad de las personas que allí se alojen cuando se produzcan lluvias».

A juicio del gobierno municipal popular, el CATE se encuentra en un lugar que no reúne las condiciones necesarias. De hecho, el concejal de Urbanismo, Eduardo Placeres, insistió hace unos días en que si Interior no presentaba los trámites necesarios, procedería al desmantelamiento de las instalaciones, financiadas por fondos europeos y compuestas por 20 estructuras desmontables, tres contenedores y un vallado metálico perimetral.

Avalancha de inmigración

Interior no había presentado ni la tasa por expedición de licencia junto con el justificante, ni tampoco la garantía para cubrir los costes de demolición de la infraestructura en caso de incumplimiento. Cuestiones por las que le habían negado el permiso municipal hasta el pasado martes, sostienen desde el Ayuntamiento. «Interior es consciente de la ilegalidad que está cometiendo y hasta que no subsane esta situación el campamento permanecerá cerrado», manifestó el edil de Urbanismo hace una semana.

Un trámite irregular que, a juicio del Consistorio lanzaroteño, ahora confirma el propio departamento de Grande-Marlaska. «El inicio del expediente de legalización urbanística del CATE supone el reconocimiento del Ministerio de que no cumplió con la legalidad en la primera solicitud presentada», critican.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Arrecife pone de manifiesto la «descoordinación, falta de comunicación y la política de hechos consumados del Gobierno central y del Ministerio del Interior», que no informaron, según sostienen, a la Policía Nacional de que no era necesaria una nueva licencia urbanística dado que el Consejo de Ministros aprobaría la instalación del CATE por interés general. El pasado lunes, 24 de enero, la Dirección General de la Policía solicitó nuevamente el permiso municipal para abrir el centro temporal de inmigrantes.

Fuentes policiales consultadas por THE OBJECTIVE sostienen que «la apertura de este espacio era muy necesaria». Sobre todo, para facilitar el trabajo de los agentes y garantizar mejores condiciones a los inmigrantes, aunque entienden que tal vez «el centro de la capital no era el mejor espacio para albergar el CATE». La Policía Nacional lleva semanas haciendo frente a la avalancha de inmigrantes, procedentes de Marruecos, que han llegado a las costas canarias, especialmente a la de Lanzarote.

Tras ser identificados por la Policía Nacional, según precisan las mismas fuentes, los agentes incoan un expediente de expulsión a los inmigrantes que nunca se ve completado por el cierre de la frontera marroquí desde el comienzo de la pandemia. Por lo que, ante la falta de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), son ingresados en un Centro de Atención Temporal de Inmigrantes (CATE) donde pueden permanecer un máximo de 72 horas, según establece la legislación migratoria.

No obstante, al no poder acceder al CATE del centro de Arrecife, las personas son trasladadas a instalaciones improvisadas por el Ministerio del Interior. Dos naves, sin duchas ni ventilación, donde cientos de inmigrantes están hacinadas durante tres días hasta que quedan en libertad.

El archipiélago canario sigue soportando el mayor flujo migratorio y se ha convertido en la puerta de entrada irregular a Europa. En 2021, más de 20.700 migrantes llegaron a Canarias, un 4% menos que en 202o, según datos del Ministerio del Interior. No obstante, el escenario ha cambiado sustancialmente. Ahora, el foco migratorio se concentra en las islas orientales: Fuerteventura y Lanzarote, al tratarse de las islas más cercanas a la costa marroquí. A una distancia de 100 y 150 kilómetros, respectivamente, la ruta puede recorrerse en 24 horas de navegación a bordo de lanchas. Prueba de ello es que Lanzarote ha pasado de recibir a 924 personas en 2020 a las 4.691 el pasado año, en base a los datos de la Cruz Roja.