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Albert Rivera abandona por sorpresa el despacho de abogados Martínez-Echevarría

El exlíder de Ciudadanos pone punto y final de forma inesperada a su trabajo en el bufete, tras casi dos años de relación

Albert Rivera abandona por sorpresa el despacho de abogados Martínez-Echevarría

Albert Rivera. | Europa Press

Tras casi dos años como miembro del bufete de abogados Martínez-Echevarría, el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera ha decidido abandonar de forma inesperada el despacho en el que trabajaba, según ha adelantado El Confidencial y ha confirmado a THE OBJECTIVE su ‘mano derecha’, José Manuel Villegas.

Este último, exsecretario general de la formación naranja, renuncia también a su puesto de trabajo en el despacho de abogados. Ambos descartan un regreso a la primera línea política. El exnúmero dos de Ciudadanos ha hecho hincapié en que Rivera y él seguirán trabajando «en el ámbito privado» a partir de ahora.

Fuentes de Martínez-Echevarría aseguran a El Confidencial que eran desconocedores de la voluntad de ambos y que se han enterado de la noticia a través de ese medio. El despacho de abogados señala que en los últimos días tanto Rivera como Villegas fueron apercibidos por su bajo rendimiento dentro de la empresa, por lo que su decisión de abandonar el bufete podría estar relacionada con este requerimiento.

Dos años después de abandonar Ciudadanos

El bufete de abogados Martínez-Echevarría contrató a Albert Rivera después del batacazo de Ciudadanos en las elecciones generales de 2019, cuando el partido naranja pasó de 57 diputados a diez, motivo que llevó a Rivera a abandonar la política.

En este sentido, Rivera anunció su incorporación al despacho de abogados Martínez Echevarría el 1 de marzo de 2020, donde actualmente ejercía como presidente ejecutivo y para el que fichó como vicepresidente a Villegas, que fue su secretario general en Ciudadanos.

A raíz de aquel paso, el Partido Popular intensificó su relación con Rivera y contrató primero a este bufete para el recurso ante el Tribunal Constitucional la ley de Educación (LOMLOE), más conocida como ‘ley Celaá’. Luego se encargó también a este despacho el recurso del PP ante el TC de la ley catalana de alquileres aprobada por el Parlament en septiembre de 2020. Ese recurso de inconstitucionalidad fue admitido a trámite por el Alto Tribunal en enero de 2021.

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