El PP, sobre los informes ocultos de Marlaska en pandemia: «Espió a policías y políticos»

El Partido Popular ha criticado con dureza que el Ministerio del Interior se ha haya amparado en una ley antiterrorista de 1986 para ocultar los informes, comunicaciones y notas que realizó durante el estado de alarma para hacer frente a la desinformación. «Es de tremenda vergüenza que se ampare en una ley antiterrorista cuando no tiene nada que ver con esta cuestión. No solo investigaron a ciudadanos, nos consta que espió representantes policiales, de sindicatos como la AUGC, el mayoritario de la Guardia Civil, y políticos», denuncia Ana Belen Vázquez, diputada del Partido Popular.

La formación de Pablo Casado solicitó en una pregunta parlamentaria una copia de todos los informes que había realizado al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska durante la pandemia. El Gobierno, no obstante, se ha negado, alegando que se trata de información reservada, según ha publicado este lunes THE OBJECTIVE. Los documentos se tornaron polémicos después de que el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Santiago, afirmase en una rueda de prensa que, en la lucha contra los bulos, se trabajaba para «minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno».

«Pese a que Marlaska dijo que se trató de un lapsus y el general José Santiago lo negó, nosotros ya habíamos tenido acceso a la instrucción que había dado la Guardia Civil para monitorizar las redes sociales y a los ciudadanos. Por eso pedimos su comparecencia, queríamos saber a quién afectada, con nombres y apellidos. Es un hecho sin precedentes que utilizasen un ministerio para controlar criticas al Gobierno por parte de los ciudadanos».

Tras la negativa de Interior a facilitar los 264 eventos de desinformación que habían dado lugar a 209 notas informativas, 1.194 comunicaciones y 537 informes durante el estado de alarma, según anunció el propio ministro en una comparecencia parlamentaria el 25 de junio de 2021. El Partido Popular pondrá una queja ante la Mesa del Congreso de los Diputados amparándose «en la vulneración del derecho a la información». Consideramos que se están vulnerando nuestro derecho a saber la verdad con una norma que no tiene nada que ver con el terrorismo», sentencian.

La instrucción de la Guardia Civil

«Esta información se encuentra dentro de las materias clasificadas como Secreto en el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 16 de febrero de 1996, donde se clasifican expresamente como secretos los procedimientos, medios y técnicas operativas utilizadas en materia antiterrorista por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014 por el que se clasifican como secreto la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», reza la respuesta del Gobierno al Partido Popular, a la que ha tenido acceso este periódico. El Gobierno recomienda al PP solicitar dicha información «por los canales establecidos para la obtención de información clasificada».

Pese a que Grande-Marlaska tildase de lapsus las declaraciones que hizo el jefe del Estado Mayor el 19 de febrero, cuatro días antes la Guardia Civil había remitido a sus comandancias una instrucción interna en la que pedía que se identificasen «campañas de desinformación» así como «bulos y fake news susceptibles de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno». 

El correo electrónico, adelantado por la Cadena SER, tenía por objetivo elaborar cada viernes un informe «sobre las actuaciones de ciberseguridad de la Benemérita vinculadas a la covid-19 con la finalidad de ser tratado en próximas reuniones con el titular del departamento ministerial». Y que se informase de las denuncias que se presentasen por estafas informáticas, robos de información o secretos de «delitos informáticos vinculados con el escenario del coronavirus».