La polémica salida de Rivera del bufete complica su fichaje por el PP

La inesperada salida laboral de Albert Rivera y su lugarteniente en Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, del bufete Martínez-Echevarría ha provocado perplejidad en Génova por el riesgo reputacional para la imagen del expresidente de la formación naranja y su ‘mano derecha’, según subrayan fuentes populares a THE OBJECTIVE.

En el equipo de Pablo Casado se han echado las manos a la cabeza ante el cruce de acusaciones que se han lanzado en las últimas horas Rivera y el despacho en el que trabajaba, justo en un momento en el que había claros signos de acercamiento del PP con el expresidente de Cs.

Rivera y Villegas comunicaron este lunes por la mañana mediante un email dirigido al socio director del bufete, Vicente Morató, que renunciaban a seguir en la compañía por el «incumplimiento», a su juicio, de las condiciones de su contrato. Lo hicieron en vísperas de que se cumplieran -el 11 de febrero- los dos años de trabajo de Rivera en dicho despacho, por lo que las citadas fuentes creen que había alguna cláusula de desvinculación que les beneficiaba a la hora de dar ese paso.

Solo así se entiende que hayan tomado una decisión de este calibre en mitad de la campaña electoral del 13-F, si bien el resultado «no ha sido el deseado» para los dos exdirigentes de Ciudadanos, en opinión de las citadas fuentes, ya que Martínez-Echevarría ha deslizado que ambos tenían un bajo rendimiento en la empresa y que se marchan «por un afán de protagonismo y una cuestión de dinero».

Rivera era, hasta ahora, presidente ejecutivo con funciones de generación de negocio, dirección estratégica y representación. Y ofreció pactar un comunicado conjunto sobre su salida, pero no fue posible porque la noticia saltó a las pocas horas a los medios gracias a la exclusiva de El Confidencial.

Desde el despacho de abogados se hizo hincapié en que tanto Rivera como Villegas fueron apercibidos por su baja productividad laboral dentro de la empresa. «Su productividad estaba alcanzando niveles preocupantes, muy por debajo de cualquier estándar razonable», explicaron desde el bufete a Confilegal. Unos términos que ambos niegan. «El despacho ha pasado de facturar 16 millones a casi 20 y la oficina de Madrid ha pasado de facturar 1,5 millones a facturar casi 4 millones», replican los exdirigentes naranjas.

Los incumplimientos con Rivera

Entre los incumplimientos que el expresidente de Ciudadanos y su ‘número dos’ atribuyen al despacho destacan básicamente tres. En primer lugar, no haber reconocido a Rivera el papel de primer ejecutivo que se pactó como presidente de ‘Right Option SAP’, la sociedad a través de la cual opera el bufete. Luego, no haberle concedido el 5% del capital de dicha sociedad y, por último, no haberle abonado el variable comprometido por los ejercicios concluidos.

Villegas, por su parte, denuncia que el bufete no le ha reconocido como vicepresidente ni le ha concedido el 2% del capital de ‘Right Option SAP’, ni le ha pagado el variable. Condiciones que fueron incluidas en los contratos que firmaron hace dos años, subrayan ambos.

El bufete llegó a incluir el apellido de Rivera en su marca corporativa en septiembre de 2020 y se pasó a denominar ‘Martínez-Echeverría & Rivera Abogados’ en un momento de expansión empresarial con más de 250 profesionales. Pero aquel gesto no fue suficiente para el expresidente de Ciudadanos, a tenor de su abrupta salida.

El PP ha desplegado en los últimos dos años una estrategia de acercamiento a Rivera y Villegas, con vistas a incorporarles al proyecto de Pablo Casado. A raíz de la llegada de ambos al citado bufete, Génova intensificó su relación con este despacho, al que fichó para su recurso ante el Tribunal Constitucional de la ley de Educación (LOMLOE), más conocida como ‘ley Celaá’. En paralelo, Villegas entró en el patronato de la Fundación Propósito, un laboratorio de ideas que el PP puso en marcha para analizar temas de medio ambiente.

Luego, en septiembre de 2020, se encargó también a Martínez-Echevarría el recurso del PP ante el TC de la ley catalana de alquileres aprobada por el Parlament. Ese recurso de inconstitucionalidad fue admitido a trámite por el Alto Tribunal en enero de 2021. Ahora lo probable, según las fuentes populares, es que los caminos de Génova y este bufete se vuelvan a separar.