El enésimo escándalo de Marlaska: oposición y sindicatos penitenciarios exigen dimisiones
Los funcionarios de prisiones reclaman dimisiones en el Ministerio del Interior por el «vergonzoso mercadeo de beneficios» para presos de ETA
El ministro del Interior junto al secretario general de Instituciones Penitenciarias. | Europa Press
La investigación de la Guardia Civil que ha revelado las reuniones y conversaciones que mantenía el entorno de la extinta banda terrorista con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, cargo de máxima confianza del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre beneficios a presos etarras, ha vuelto a evidenciar la política penitenciaria que se sigue en este departamento desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa, en junio de 2018. Y una vez más, tanto desde la oposición como desde los sindicatos penitenciarios, implicados en todos los cambios que ha llevado a cabo hasta ahora el Ejecutivo en las cárceles, han exigido la dimisión de la cúpula de Interior.
En los últimos cuatro años, todos los presos etarras han sido trasladados a cárceles del norte de España y 80 a prisiones ubicadas en el País Vasco. Al menos 24 de ellos han conseguido el tercer grado —semilibertad— y otros 136 han pasado de régimen cerrado a segundo grado —pueden optar a permisos de salida— entre mayo de 2019 y diciembre de 2021, según datos del Gobierno.
El informe del Instituto Armado, centrado en el etarra Antonio López Ruiz, Kubati, sobre la organización de los ongi etorri, en una causa que se sigue en la Audiencia Nacional (AN), ha ido más allá y ha destapado que, en el año 2019, este investigado y su entorno ejercían «un control» sobre los acercamientos y excarcelaciones de los presos, en las reuniones que mantenían a través de dos enlaces con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. Una prueba, tal vez más clara que nunca, del compromiso del Gobierno para con los presos terroristas.
Esos nexos del entorno de la banda con el Gobierno eran el parlamentario vasco de EH Bildu y abogado Julen Arzuaga y el exconsejero vasco de Justicia y actual portavoz de la red Sare de apoyo a los presos de ETA, Julen Arzuaga. A través de ellos, y antes de reunirse con Interior, distintos etarras, como Kubati, pasaban a estos dos enlaces mensajes con una lista de prioridades sobre los presos de ETA.
«Oskarbi Jauregui que la junten con Lierni que se va a quedar sola y las dos están en Galicia, o moverlas a ambas a Villabona (Asturias) o Logroño que tienen criaturas fuera y el viaje es largo y penoso»; «Fiti a Burgos con Tximeno, 73 añitos, o sea que lo lleven a Burgos y luego que le den permiso y echando leches el 2º grado 100.2 para irse a casa a disfrutar de la vida»; «Ainhoa García que se junte con Oier Urrutia en Villabona. Y Karmelo Laurizika con Marta Izaguirre en Logroño». Son solos algunos de los mensajes transcritos que los investigadores plasman en el informe remitido a la AN, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Rebajar requisitos
Hace dos semanas, desde la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias también se ejecutó otra modificación en beneficio de los presos a la hora de solicitar permisos de salida de la prisión. Interior cambió su instrucción para que los presos en régimen de segundo o tercer grado puedan obtener permisos temporales de salida de la prisión pese a que en su expediente consten sanciones firmes por faltas graves sin cancelar —esto es, sin que hayan cumplido su debido castigo en prisión—.
En la reforma de la Instrucción 1/2021, del 2 de abril, de Permisos de Salida y Salidas Programadas, a la que accedió este periódico, Instituciones Penitenciarias eliminó del artículo 5.1.1 —sobre el estudio y preparación de permisos ordinarios— la exigencia de que el interno debía tener un historial sin altercados o mala conducta para autorizarle un permiso de salida de la cárcel en la que cumple condena.
Hasta esta modificación del reglamento, que obedece a una sentencia del Tribunal Supremo, según precisaron fuentes de II.PP, el punto mencionado anteriormente establecía que para «el estudio de la solicitud del permiso» era necesario «el análisis documental del historial penal y penitenciario del interno, encaminado a la identificación y valoración de factores o variables significativos de cara al uso responsable del permiso». Y la «existencia o no de los requisitos objetivos exigidos legalmente, como la clasificación en segundo o tercer grado, el cumplimiento de la cuarta parte de la pena, y la no existencia de mala conducta, objetivada ésta en la existencia de sanciones firmes y sin cancelar, por faltas graves o muy graves».
Dimisiones
Tras la publicación de las primeras informaciones sobre las reuniones mantenidas entre Interior y organizaciones cercanas a la extinta ETA, este jueves el Partido Popular exigió la dimisión inmediata tanto del titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, como del secretario general de II.PP, Ángel Luis Ortiz. «No pueden estar un solo día más al frente del Ministerio», criti la portavoz parlamentaria popular, Cuca Gamarra, en un mensaje de la red social Twitter. Además, Gamarra anunció la decisión de su partido de pedir la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre las comunicaciones y los privilegios penitenciarios a los presos de ETA.
Este viernes han dado un paso al frente los funcionarios de prisiones. La Asociación Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ha pedido dimisiones al Ministerio del Interior por el «vergonzoso mercadeo de beneficios» para presos de ETA por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
En un comunicado, TAMPM califica como «deshonroso» que Ángel Luis Ortiz se «prestara a la ignominia» mientras muestra un «trato pírrico» hacia los trabajadores penitenciarios. Por este motivo, piden la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del propio Ortiz, al entender que participan en la «degradación institucional y no están a la altura de lo que se exige a dos altos cargos». Desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) también han reclamado la dimisión de la cúpula de Interior y han calificado la política del departamento dirigido por Grande-Marlaska de «vergonzosa», «con ocho compañeros —funcionarios— asesinados por la banda terrorista».
