Los sindicatos policiales, «satisfechos» por el «freno» del PSOE a la reforma de la ley mordaza
Jupol celebra el paso atrás del partido que sustenta el Gobierno en la ponencia parlamentaria de la reforma, pero advierte de que «seguirá vigilante»
Manifestación policial en contra de la ley mordaza, en noviembre. | Efe
Los sindicatos policiales han mostrado su «satisfacción» este jueves por la rebaja de las pretensiones en la ponencia parlamentaria de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, tal como ha adelantado THE OBJECTIVE. La modificación de la conocida como ‘ley mordaza’ ha entrado en fase de paralización en el Congreso de los Diputados ante las discrepancias de los socios de coalición y sus principales aliados parlamentarios. Según ha podido saber este periódico, la ponencia de la ley «ha quedado paralizada» este pasado miércoles por la tarde, día en que se reunió el órgano parlamentario durante varias horas.
En el encuentro, se escenificó el desencuentro entre los socios del Ejecutivo con la posición del PSOE que, según fuentes parlamentarias de la izquierda «ha dado marcha atrás metiendo la tijera en los aspectos fundamentales» del proyecto de Ley, como la prohibición en el uso de pelotas de goma, las grabaciones a los agentes de la Policía o las devoluciones en caliente en materia migratoria. Cambios en la norma que, por otro lado, han sido duramente criticados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De hecho, el pasado noviembre, decenas de miles de agentes salieron a las calles de Madrid para protestar contra una ley «que les resta autoridad y seguridad» y pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Jupol, sindicato mayoritario de la Policía, ve «con buenos ojos la marcha atrás llevada a cabo por el PSOE» en la ponencia de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, sobre todo en lo que se refiere a los puntos centrales de la reforma, como son la presunción de veracidad de los testimonios de los agentes, las grabaciones y difusión de imágenes de los agentes y/o de actuaciones policiales o el uso del material antidisturbios.
El portavoz de esta organización policial, Pablo Pérez, ha manifestado la «satisfacción» de Jupol por esta circunstancia y asegura que «es una gran noticia para todos los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y para la ciudadanía en general que se detenga esta reformA». Con la modificación de la actual norma, ha subrayado, «lo único que se generaba era un beneficio para los manifestantes violentos y para los delincuentes y suponía un grave riesgo para los agentes de la autoridad, sus familias y en consecuencia para todos los ciudadanos”.
Desde el Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E), uno de los mayoritarios del cuerpo policial vasco, su portavoz, Juan Carlos Sáenz, también ha celebrado el paso atrás en la reforma, pero ha advertido que “seguirán atentos a los avances que puedan producirse en sede parlamentaria de esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana por si cualquiera de las modificaciones que se hagan de esta Ley atenta contra los Derechos de los Ertzainas, contra su seguridad o la de sus familias o contra nuestras condiciones sociolaborales”.
Tiempo para pensar
«Nos ha sorprendido», explican a este periódico fuentes de las formaciones de la izquierda parlamentaria ante la rectificación del partido que sustenta al Gobierno. Tanto que Podemos, ERC y Bildu explicaron a puerta cerrada en la reunión de la ponencia que paralizan el procedimiento de estudio en la ponencia, lo cual impedirá que se cumpla el plan inicial de que la llamada ‘Ley Mordaza’ llegara a pleno en el mes de abril, antes de Semana Santa, según adelantó THE OBJECTIVE.
Desde el PSOE explican que ERC, Podemos y Bildu «han dicho que se dan un tiempo para pensar» ante lo que sus socios consideran un «fiasco» respecto a lo anunciado en la anterior legislatura. Los caballos de batalla son dos: la prohibición del uso de pelotas de goma en protestas callejeras y las devoluciones en caliente que los socialistas quieren supeditar su regulación a la ley de Extranjería.
Un punto que encaja ERC hasta cierto punto, a diferencia de otras cuestiones relativas a la autoridad judicial. Tanto Podemos como ERC y Bildu quieren que el testimonio de un agente de la autoridad no tenga presunción de veracidad respecto a un ciudadano de a pie. «Es el caso de Alberto Rodríguez. No puede ser que se asuma el testimonio de un policía sin que haya una prueba documental que lo atestigüe», denuncian los republicanos. Fuentes socialistas defienden la moderación del texto que presentan a la ponencia y reprochan a sus socios la simpleza de pensar que «la policía es mala y atenta contra la ciudadanía».
