Génova sospecha que el hermano de Ayuso se quedó una comisión de 280.000 euros
La dirección nacional trasladó a la presidenta en octubre que la oposición indagaba si hubo una mordida. Ayuso bloqueó a Egea en el móvil ese mismo día
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, tras un desayuno informativo en enero. | Eduardo Parra (EP)
La dirección nacional del Partido Popular trasladó en otoño a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la sospecha de que su hermano recibió una comisión de 280.000 euros en el polémico contrato sanitario de 1,5 millones que la Consejería de Sanidad adjudicó el 1 de abril de 2020 a la empresa Priviet Sportive SL, cuyo administrador es Daniel Alcázar Barranco, amigo de la presidenta madrileña y su hermano Tomás desde hace décadas.
Fuentes de Génova consultadas por THE OBJECTIVE niegan que el partido esté detrás de un supuesto espionaje al hermano de Ayuso y precisan que fue a principios de octubre cuando se informó a la presidenta madrileña de que la oposición en la Asamblea estaba indagando esta presunta mordida a su hermano por intermediar en la contratación de Priviet Sportive.
«Ayuso no negó esa comisión y nos dijo que preguntásemos directamente a su hermano» por esa adjudicación pública desde la Consejería de Sanidad que dirige Enrique Ruiz Escudero, sostienen las citadas fuentes antes de hacer hincapié en que esa respuesta sorprendió en Génova.
Además, fue precisamente ese día cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid «bloqueó» a Teodoro García Egea y Ángel Carromero, principal asesor de José Luis Martínez-Almeida, en uno de sus teléfonos móviles y se intensificó la presión para que se celebrara cuanto antes el congreso regional del PP madrileño.
Un contrato «perfectamente legal»
El contrato en el punto de mira data del 24 de marzo de 2020, justo en el inicio de la primera ola de coronavirus, si bien luego hubo una modificación del mismo para aclarar que la luz verde se dio en realidad el 1 de abril de ese año. Se adjudicó a dedo al inicio del estado de alarma, mediante un procedimiento sin publicidad, para la compra de material de protección -en concreto 250.000 mascarillas- destinado al pabellón 10 de IFEMA por valor de 1,5 millones de euros, IVA incluido.
El precio estipulado en dicha adjudicación fue de cinco euros la unidad. Desde la Puerta del Sol, sede de la Presidencia madrileña, se hace hincapié a THE OBJECTIVE en que en aquel momento hubo desabastecimiento mundial de mascarillas, que dicho contrato es «perfectamente legal» y que se ha fiscalizado sin que se haya encontrado ninguna irregularidad.
El presunto encargo a la compañía de detectives Grupo Mira consistió en la obtención de dos documentos, según El Mundo. Por un lado, un extracto de la cuenta bancaria personal de Tomás Díaz Ayuso. Y por el otro, la declaración de proveedores ante la Agencia Tributaria, el conocido como modelo 347, de la citada empresa Priviet Sportive.
