Societat Civil se juega todo su patrimonio para mantener viva la causa del 'procés' en el Tribunal de Cuentas

La junta directiva de Societat Civil Catalana corre el riesgo de perder su patrimonio si finalmente la causa en el Tribunal de Cuentas sobre los gastos exteriores destinados al procés independentista se queda en nada y los 34 ex altos cargos del Govern investigados son absueltos por el ente contable o si desestiman las pretensiones de la entidad constitucionalista. 

El hecho de que la Abogacía del Estado renunciara a reclamar su responsabilidad patrimonial, y si Fiscalía finalmente rebaja su petición inicial de condena tras la renovación de miembros en el ente contable, se deja a la acción pública de Societat Civil Catalana sin ningún apoyo público y con el riesgo de pagar unas costas que pueden ascender a 300.000 euros (mientras que su presupuesto anual es de 300.000 euros, explican desde la propia entidad). 

Fuentes oficiales del Tribunal de Cuentas explican que el Departamento Segundo de Enjuiciamiento «informará sobre quiénes son los demandantes una vez hayan vencido todos los plazos». Estos plazos pueden variar en función del momento en que el interesado recibe la notificación. A partir de entonces, una vez estén todos y el fiscal reciba la pertinente notificación, empezará a contar el plazo de 20 días para que el Ministerio Público tramite o no su demanda al respecto.

La Abogacía del Estado alegó en su momento que las presuntas irregularidades investigadas, por las que se ha impuesto una fianza conjunta de 5,4 millones de euros, no afectan a la Administración General del Estado y que es la Generalitat a quien le toca reclamar. No obstante, y como informó este medio, la sentencia del Tribunal Supremo dejaba claro que la Abogacía era parte implicada y así fue durante todo el recorrido previo en el alto tribunal. La administración catalana, además, nunca se personó como parte perjudicada en lo relativo a los gastos exteriores investigados tanto por el Supremo como por el ente fiscalizador.

Por su parte, el Ministerio Público podría, junto a la acción pública, presentar denuncia, pero solicitando penas mucho menores a las actuales. Los abogados de Societat Civil Catalana en el proceso contable, según ha podido saber THE OBJECTIVE, van a continuar con la demanda. Este jueves 17 de febrero cierra el plazo y se abre un periodo de nueve días para comparecer. Después de su demanda, será el turno de la Fiscalía y se podrá constatar si finalmente modifican o no su acusación. Los pronósticos de las partes consultadas en su momento por este medio eran que iba a «quedar todo muy descafeinado». 

«Somos Quijotes hasta cierto punto»

En medio de la renovación de cargos al frente del Tribunal de Cuentas, la entidad presidida por Fernando Sánchez Costa también ha tenido que superar algunos escollos. «Vamos a ir sobre seguro en la demanda, porque somos Quijotes hasta cierto punto. Estamos en una situación de abandono de los poderes públicos y no queremos que los partidos políticos nos den dinero», abundan las fuentes implicadas en el proceso contable. 

Fuentes de la entidad también explican que «ninguno de los grandes bufetes de Madrid o Barcelona» han querido implicarse en la demanda. Finalmente ha sido el bufete Chapapría-Navarro & Asociados, de la Comunidad Valenciana, quien ha accedido ayudar a la entidad y a sus abogados en este proceso. Su socio director, Juan Chapapría, la socia coordinadora Victoria Navarro y el abogado Jagoba Sánchez han liderado, junto al amplio equipo de abogados con el que cuenta el despacho, esta demanda.

En paralelo, Societat Civil ha iniciado una campaña de crowdfunding para que todos los ciudadanos puedan contribuir a asumir esta acción pública que ejercen. El abandono que sienten por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en esta cuestión ha propiciado que hagan un llamamiento civil con el fin de mantener viva la causa en el Tribunal de Cuentas.

Uno de los principales objetivos del Govern de Pere Aragonès, tal y como avanzó Vozpópuli, era que la Abogacía del Estado se retirase de la causa en el Tribunal de Cuentas, como ha acabado por suceder. En el encuentro con Pedro Sánchez en Moncloa, Aragonès le transmitió esta idea así como la preocupación que representaba para tantos exdirigentes independentistas, como Raül Romeva, Andreu Mas-Colell o Artur Mas, ver su patrimonio en riesgo debido a su condición de investigados en el Tribunal de Cuentas.  Además, las llamadas Cajas de solidaridad, de Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana, que en el pasado habían sido útiles para pagar otras fianzas y multas, está ahora vacía y sin la capacidad de asumir un pago tan elevado.