Societat Civil reclama tres millones a Puigdemont y dos a Junqueras por los gastos del 'procés' en el exterior
La demanda en el Tribunal de Cuentas se centra en la contratación por parte del Govern del ente paradiplomático ‘Independent Diplomat’
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont | TO
Societat Civil Catalana, entidad constitucionalista que ejerce de acción pública en las causas del Tribunal de Cuentas por los gastos exteriores durante el procés independentista y por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, reclama 3.303.000 millones de euros a Carles Puigdemont y otros 2.515.000 millones a Oriol Junqueras por malversación de fondos públicos, según la demanda a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE y que se ha presentado este jueves ante el ente fiscalizador.
Estas dos reclamaciones al expresidente catalán huido a Waterloo y al líder de ERC forman parte de la misma partida. Es decir, si en caso de condena uno de los dos abona su parte, se vería resarcida la responsabilidad patrimonial de toda la partida. La demanda de Societat Civil a todos los ex altos cargos del Govern cifra en 5,3 millones de euros la cantidad malversada. Piden también 1.840.000 millones a Artur Mas y 617.ooo euros a Raül Romeva, exconsejero de Exteriores, para que «devuelvan los gastos del 1-O y la acción exterior de la Generalitat».
Los abogados de la entidad presidida por Fernando Sánchez Costa han centrado su acusación en el lobby Independent Diplomat que contrató el gobierno de Artur Mas para influir en las relaciones internacionales a favor de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Se trata de un ente de paradiplomacia que anteriormente había prestado servicios de asesoría en los procesos de secesión de Somalilandia y Sudán del Sur.
De acuerdo con el informe del Tribunal de Cuentas, el Diplocat, órgano de propaganda exterior del Govern realizó pagos por 1.392.300 euros a este lobby norteamericano. Un desembolso que se engloba en los pagos que la Generalitat realizó entre 2011 y 2017 y que, según el ente contable, ascienden a más de 27 millones de euros en actividades de las delegaciones catalanas en el extranjero y otros casi 16 millones en el Diplocat.
La demanda de SCC la encabeza Juan Chapapría, socio director del bufete Chapapría-Navarro & Asociados, y dentro del amplio equipo de abogados con el que cuenta el despacho, el trabajo lo ha liderado la socia coordinadora Victoria Navarro y el abogado Jagoba Sánchez.
El giro de la Abogacía en el Supremo
Societat Civil Catalana reclama esta suma después de que la Abogacía del Estado decidiera retirarse de la causa alegando que la Administración General del Estado no es parte perjudicada por estos gastos. Este argumento, como informó este medio, no convenció a las fuentes jurídicas consultadas. El Gobierno central, a través de mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lleva tiempo inyectando importantes sumas de dinero público a la administración catalana. Es decir, su decisión de no reclamar los gastos de la Generalitat cuando gran parte de la financiación autonómica ha provenido de las arcas del Estado es difícil de entender. Pero no es la primera vez que la Abogacía obra de forma parecida.
En el inicio del procedimiento penal en el Tribunal Supremo, la Abogacía pidió, junto a Fiscalía, procesar a los líderes independentistas por los delitos de rebelión, desobediencia y malversación. Tras el cambio de Gobierno, la Abogacía rebajó su petición de pena a sedición, y tampoco tomó partido cuando el Govern recurrió a un organismo público, el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), para cubrir con avales las fianzas millonarias impuestas por el Tribunal de Cuentas.
Despúes de esta demanda de la acción pública, será el Ministerio Público quien deberá presentar la suya. Según fuentes oficiales del Tribunal de Cuentas, el Departamento Segundo de Enjuiciamiento informará sobre quienes son los demandantes por la causa del Diplocat/1 OCT «una vez hayan vencido todos los plazos». Estos plazos pueden variar en función del momento en que el interesado recibe la notificación. A partir de entonces, una vez estén todos y el Fiscal reciba la pertinente notificación, empezará a contar el plazo de otros 20 días para que el Ministerio Público tramite o no su demanda al respecto.
