Los detectives tercian en la polémica del PP: «Es habitual que los partidos nos contraten»
Afirman que no es inusual ni ilegal que un partido contrate sus servicios. Si obtienen pruebas de un delito penal, la ley les obliga a trasladarlo a la Policía
Isabel Díaz Ayuso y Teodoro García Egea en una foto de archivo | Europa Press
Los chats de Whatsapp de los detectives privados de toda España echaban humo este jueves. La guerra abierta entre la dirección nacional del PP e Isabel Díaz Ayuso salpica a Grupo Mira, una de las principales agencias del sector. Creen que las informaciones publicadas ponen en tela de juicio la imagen de los detectives al vincularles con un caso de presunto «espionaje»: «Nuestra labor es investigar, no espiar». Sin embargo, afirman que no es inusual ni ilegal que un partido político contrate a un detective privado. Siempre y cuando, eso sí, sea dentro de los parámetros que marca la ley que regula su actividad de forma estricta.
«Es habitual. Igual que para las empresas y particulares, los partidos políticos están legitimados y prácticamente obligados a investigar si creen que hay algo podrido en su formación», indica José María Fernández, director de Abril Detectives, en declaraciones a THE OBJECTIVE. «Llevo desde 2009 en esta profesión y me han contactado dos veces desde partidos políticos. Siempre que acrediten un interés legítimo y tengan sospechas de que se ha cometido un acto ilícito que necesite pruebas para llevarse a juicio, nos contratan», añade otra investigadora que prefiere preservar el anonimato.
La Ley 5/2014 de Seguridad Privada regula la actividad de los casi 5.500 detectives privados que cuentan una Tarjeta de Identificación Personal homologada por el Ministerio del Interior. Como cualquier otra persona jurídica, un partido político puede recurrir a un detective. «Pero en el momento en que se encuentran pruebas o indicios de que puede tratarse de un delito penal o público estamos obligados por la ley a trasladarlo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», añade José María Fernández.
No era competencia de un detective
En la disputa entre Ayuso y Génova, los detectives consultados creen que el presunto intento del PP por contratar los servicios de una agencia privada no entraba dentro de las actividades contempladas por la ley. «Estaríamos hablando de un posible delito de tráfico de influencias y de una investigación sobre una adjudicación de un contrato público, lo cual no compete a un detective. Además, si es cierto lo que se ha publicado, con la pretensión de pagarlo con dinero público de la Empresa Municipal de la Vivienda», explica Vicente Fernández, director de Grupo SAI.
«Nuestra actividad está muy regulada. Para aceptar un encargo tiene que estar acreditado que existe un interés legítimo y la persona investigada debe guardar alguna relación familiar, personal o laboral con el interesado. Dentro de un partido se pueden investigar actuaciones de carácter laboral o relativas, por ejemplo, a la divulgación de información privilegiada o intercambio de datos», añade.
Avalan la actuación de Mira
La opinión de los detectives consultados por este diario avalarían la forma de actuar del director del Grupo Mira en el presunto intento de Génova para espiar a Ayuso. Julio Gutiez confirmó este jueves desde Colombia que le contactaron «personas vinculadas a alguna empresa del PP o en la que gobierna el PP». «Lo primero que les dije es que era ilegal y que yo no hacía ninguna investigación ilegal, que no era ni investigación, porque lo que querían eran unos datos muy concretos de la Agencia Tributaria y de un banco, de una caja», afirmó en declaraciones al canal 7nn.
No obstante, alguna de las informaciones publicadas han generado inquietud en el sector. «Se ha llegado a decir que un detective informó a Ayuso de este intento de investigarla. No parece muy verosímil porque estamos obligados a preservar y proteger la confidencialidad y los datos de nuestros clientes. Sería muy grave que un detective hubiese avisado a Ayuso», señala la directora de una agencia de detectives de Madrid. La misma fuente denuncia que la implicación de detectives en escándalos como el del PP afectan a la imagen del sector: «Nos asocian al espionaje y a las cloacas, pero el 95% de las agencias cumplimos estrictamente con la ley. El Ministerio del Interior nos puede inhabilitar y quitarnos nuestra forma de vivir».
«En la vida he filtrado quién era mi cliente», afirmó anoche Julio Gutiez. El director del Grupo Mira recordó que estuvo imputado durante ocho años por investigar si Ignacio González cobró comisiones comisiones en Colombia a cambio de contratos del Canal de Isabel II. Nunca reveló quién le encargó la investigación. «He estado ocho años imputado por no decir a un juez quién era mi cliente. Ocho años de cárcel y 800.000 euros de indemnización», señaló.
