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La Fiscalía da carpetazo a la investigación sobre la fortuna del rey Juan Carlos I

No encuentra indicios suficientes para presentar una querella contra él ante la Sala Penal del Tribunal Supremo

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado las diligencias de investigación abiertas al rey Juan Carlos I desde 2020 al haber prescrito los hechos o haber sucedido antes de 2014, cuando estaba protegido por la inviolabilidad como jefe del Estado.

Esas dos circunstancias, unidas a la «insuficiencia de indicios incriminatorios» en otros casos y a las regularizaciones fiscales efectuadas por el rey emérito, han conducido al cierre de las investigaciones en dos decretos firmados este martes por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y difundidos por la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía destaca que, pese a no haber podido dirigirse penalmente contra Juan Carlos I, su actuación «ha permitido recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas» correspondientes a «las cuotas tributarias adeudadas» por el rey emérito.

El ministerio público llegó a abrir tres diligencias de investigación a Juan Carlos I (una de ellas acabó siendo absorbida por otra), lo que motivó su salida de España el 3 de agosto de 2020 en dirección a los Emiratos Árabes, donde ha permanecido hasta ahora. La decisión de este martes podría motivar su regreso.

Las investigaciones han girado en torno al presunto cobro de 65 millones de euros por intermediar en la construcción del tren de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí), sobre si recibió donaciones no declaradas y sobre si ocultó fondos en paraísos fiscales.

Fraude a Hacienda prescrito

Pese al archivo de las investigaciones, la Fiscalía ha identificado cuotas defraudadas a Hacienda en el IRPF de los ejercicios 2008 y 2012 «que superan con creces» el «umbral del delito», ubicado en los 120.000 euros.

Sin embargo, también constata que no existiría responsabilidad penal hasta el año 2011 al estar prescrito el delito y que, en el 2012, Juan Carlos I estaba protegido por la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución.

Según la Fiscalía, la investigación no ha podido esclarecer «vinculación alguna» entre el ingreso de 64,8 millones de euros y la adjudicación del AVE a La Meca ni que ese pago esté relacionado con comisiones, sino que «se trataría» de un «regalo» «en consideración» a su condición de jefe de Estado, lo que, por tanto, podría integrar el delito de cohecho, que estaría «claramente prescrito».

Luzón también ha analizado un posible blanqueo a través de las operaciones financieras realizadas entre 2008 y 2012 por orden de Juan Carlos I tras recibir esos 64 millones en la cuenta en Suiza a nombre de la Fundación Lucum, de la que era beneficiario, «partiendo de la posible naturaleza delictiva» existente en aceptar ese dinero, actuaciones que habrían cesado en 2012, fecha cubierta por la inviolabilidad.

La Fiscalía no tiene constancia de que hubiese contraprestación en las transferencias por 516.606 euros que, entre 2016 y 2019, hizo el empresario mexicano Allen Jesús Sanginés Krause al coronel del Ejército de Aire y antiguo ayudante del rey emérito Nicolás Murga Mendoza, de las que Juan Carlos I se habría beneficiado.

Serían, según el fiscal, donaciones, y el 9 de diciembre de 2020, Juan Carlos de Borbón, en su primera regularización, declaró más de 556.412 euros del impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Fundación Zagatka

Pese a que la Fiscalía no ha podido establecer con precisión «la procedencia y cuantía» de los fondos de las cuentas de la Fundación Zagatka, constituida por su primo, Álvaro de Orleans, ni los gastos y pagos que realizó, la información bancaria recibida de Suiza «permiten establecer» que entre 2014 y 2018 esta fundación abonó «cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento» del rey emérito, sus familiares y allegados.

De nuevo, menciona las regularizaciones realizadas en febrero de 2021, sin requerimiento de la Agencia Tributaria, que derivaron en un ingreso de 4,4 millones de euros.

La Fiscalía añade que en esas declaraciones complementarias no hay ningún elemento regularizado relacionado con la compra de armas de fuego, aunque en una cuenta de Zagatza hay un cargo de 102.000 por la adquisición de tres armas y una factura a nombre del propio Álvaro de Orleans, que se las «regaló» al rey emérito.

Una donación que, de nuevo, queda sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones, con una cuota tributaria inferior a los 120.000 euros que determinarían el delito, explica el decreto.

Validez de las regulaciones

La Fiscalía da por buenas las regularizaciones fiscales efectuadas por Juan Carlos I a lo largo de la investigación al cumplirse el requisito objetivo (reconocimiento y pago de la deuda) y el temporal (que el pago se haga antes de que se le notifique que hay una investigación abierta).

En este último punto, el fiscal afirma que en los decretos que dieron inicio a las investigaciones y en las notificaciones al rey emérito no se hizo referencia a los hechos «a los que se contraen» las respectivas declaraciones tributarias, principalmente porque la Fiscalía entonces no tenía constancia «del incumplimiento de las obligaciones tributarias».

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