Un cambio en las acusaciones del 'procés' abre la puerta a la vuelta de Anna Gabriel a España
Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox aceptan acusar a Meritxell Serret en el Tribunal Supremo solo por un delito de desobediencia
Anna Gabriel, exdiputada de la CUP fugada a Suiza
La renuncia de las acusaciones en el Tribunal Supremo a perseguir a Meritxell Serret por malversación libra a la exconsellera de Agricultura durante el 1-O de ir a la cárcel en caso de condena y, paralelamente, se abre la puerta a una posible vuelta de Anna Gabriel a España, informan a THE OBJECTIVE partes implicadas en el proceso judicial.
Según los escritos de las acusaciones, tanto la Fiscalía como Vox -que ejerce la acusación popular- y la Abogacía del Estado han aceptado el auto de conclusión de sumario del magistrado instructor, Pablo Llarena, y han desistido en pedir que se la juzgue por malversación. Es decir, aceptan que se le acuse solo de un delito de desobediencia, que no implica pena de cárcel.
Gabriel, exdiputada en el Parlament de la CUP, se fugó a Suiza en 2017 al abrirse varias causas judiciales contra ella. El juez Llarena le imputó el delito de desobediencia, pero no el de rebelión al no formar parte del Ejecutivo de Carles Puigdemont. No obstante, el hecho de que la CUP fuera la única de las tres formaciones independentistas sin políticos perseguidos por rebelión ante el Tribunal Supremo propició su marcha voluntaria fuera de España. De este modo, los anticapitalistas sumaron un «exiliado» a la causa secesionista.
En esta estrategia de defensa internacional, su equipo de defensa afirmó que su vuelta a España entrañaba un riesgo de cárcel y la misma Gabriel afirmó que «en España no tendría un juicio justo». Además, según su interpretación, la condena por sedición del tribunal presidido por Manuel Marchena a los principales líderes independentistas implicados en el procés no despejó las incógnitas sobre el porvenir judicial de Gabriel. Su equipo temía que las acusaciones formularan algún cambio de criterio para imputarle un delito de sedición, que entraña privación de libertad.
El precedente que acaba de sentar el caso de Meritxell Serret, en cambio, puede allanar el camino de su vuelta. La exconsellera de Agricultura fue declarada en rebelión al no personarse en la causa del procés ante el Tribunal Supremo y estuvo más de tres años fugada de la Justicia española.
Serret rompió con Gonzalo Boye
El Ministerio Público ha solicitado al Tribunal Supremo abrir juicio oral contra la dirigente de ERC por un delito de desobediencia. En la misma línea, Vox, que hasta ahora solía acusar por delitos más graves que la Fiscalía, ha desistido a pedir una condena por malversación.
Según el escrito del partido, Serret debe ser juzgada por la «contumaz y continuada desatención» de los requerimientos del Tribunal Constitucional en relación a la aprobación de «iniciativas legislativas y reglamentarias abiertamente inconstitucionales», como fue la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 o la declaración unilateral de independencia de ese mismo año.
Serret decidió volver en secreto a España hace un año y personarse ante el tribunal. Tenía el DNI caducado desde 2019 y su única vía de entrada era en coche. Su entrega voluntaria, que no fue comunicada hasta su llegada a Madrid, rompió la llamada ‘estrategia en el exilio’ de la defensa de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.
Cabe recordar que la exconsejera de ERC no tenía ninguna euroorden contra ella y tampoco estaba imputada por sedición, sino por malversación y desobediencia. Ahora, antes de que se celebre el juicio oral, se le ha retirado la acusación de malversación. En su momento, desde Junts sospecharon que ERC negoció la vuelta de Serret con el Gobierno de Pedro Sánchez para dividir a los fugados.
Sin orden internacional contra Gabriel
Su caso es similar al de los exconsejeros Meritxell Borràs, Santi Vila y Carles Mundó, que se libraron de la cárcel al ser condenados solo por desobediencia. Aunque estos precedentes también podían ser útiles a Anna Gabriel, el hecho de que Serret pasara tanto tiempo fugada de la Justicia española la equiparan a su caso. Gabriel tampoco tiene ninguna orden internacional de entrega y solo está imputada por desobediencia.
La elección por parte de Serret del abogado Íñigo Iruin dejó claro que se ceñiría a lo que se ha venido llamando «defensa técnica» (y no política) ante el Tribunal Supremo. El letrado vasco es muy respetado en los círculos de magistrados y fuentes jurídicas del alto tribunal entendieron su presencia no como un desafío frentista. Con su elección decidió prescindir de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, y quien lidera la batalla judicial a escala europea.
