Podemos propone al Gobierno confiscar los bienes de oligarcas rusos en España

Podemos propone en su plan de respuesta sobre los efectos de la guerra de Ucrania que el Ejecutivo confisque todos los bienes de los oligarcas rusos en el país, de cara a utilizar esos recursos económicos a la ayuda humanitaria al pueblo ucraniano.

De esta forma, la formación morada expone que esa confiscación se utilice en apoyo a los ucranianos en su propios país, o también en iniciativas de acogida de refugiados en territorio español.

También reclaman «revocar inmediatamente» todos los visados otorgados en España a los multimillonarios rusos y obtenidos por vía extraordinaria, como consecuencia de sus inversiones, inmobiliarias o de otro tipo.

Así lo plantea el partido morado en el documento estratégico para un nuevo escudo social y verde en respuesta a las consecuencias socieconómnicas de este conflicto internacional, que reúne un compendio de propuestas de Podemos, sobre todo en materia económica, social y fiscal pero que incluye también otros ámbitos.

En el texto, la formación morada reafirma que España debe liderar los esfuerzos para lograr un alto el fuego y por «encontrar
una salida pacífica y negociada al conflicto», que debe venir de la mediación internacional.

También recalca que el país debe ser referente de acogida de las personas que huyan de la guerra, reforzando los sistemas de asilo y las «garantías de derechos en la frontera», en virtud de la activación de la directiva comunitaria de protección internacional especial.

En paralelo, solicita la regularización de todas las personas ucranianas, como ya ha comprometido el Ejecutivo, y que se extienda a todas las personas migrantes en esa situación en el país.

«Una vez que se ha admitido que es posible llevar a cabo este proceso para 100.000 vecinos ucranianos, no sería sostenible ética ni moralmente no hacer lo mismo con el resto de personas que viven y trabajan con nosotros en situación irregular», recoge el texto elaborado por Podemos.

Acelerar la agenda legislativa y renovar el CGPJ

Por otro lado, incide en que este conflicto bélico tiene sus «derivadas políticas» y aprecia «planteamientos reaccionarios» de lo que denomina «bloque reaccionario», que a su juicio «ve la guerra como una oportunidad para la involución democrática».

Frente a ello, llama a completar la agenda de «profundización democrática» con avance de derechos y libertades, para lo cual demanda la renovación inmediata del Consejo General del Poder Judicial, acometer la derogación de los aspectos más lesivos de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida por sus críticos como ‘Ley Mordaza’) y aprobar la despenalización de los llamados delitos de opinión, con una reforma del Código Penal para suprimir tipos penales como las injurias a la corona o las ofensas a los sentimientos religiosos.

Por otro lado, solicita la ampliación del Plan de Vivienda (2022-2025) para incorporar, en los programas de ayudas directas a las personas arrendatarias con efectos a corto plazo y especial atención a determinados colectivos vulnerables, una ayuda mensual a las familias monomarentales que se prevé en el Real Decreto de 42/2022 de 600 euros al mes (7.200 euros al año) y otra ayuda de hasta 200 euros al mes (2.400 euros al año) para atender los gastos de mantenimiento, seguros, comunidad, y suministros básicos de la vivienda o solución habitacional, incluidos los gastos de acceso a Internet.