El Gobierno exige a PP y a Vox que expliquen los puntos de su acuerdo en Castilla y León
La portavoz del Ejecutivo ha exigido «transparencia» a ambas formaciones al considerar que las informaciones publicadas no reflejan toda la realidad del acuerdo
La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. | Jesús Hellín (Europa Press)
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha exigido al Partido Popular y a Vox que expliquen en qué términos se ha acordado su alianza de Gobierno en Castilla y León. Rodríguez ha pedido «transparencia» a ambas formaciones y les ha reprochado que en ocasiones «lo que dicen y escriben no se corresponde exactamente».
«Tienen que hacer un ejercicio de mayor transparencia a la hora de contarnos en qué ha consistido ese acuerdo. En ocasiones, lo que dicen y escriben no se corresponde exactamente. Tenemos que ver», ha trasladado la ministra portavoz en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.
Rodríguez ha asegurado que el Ejecutivo respeta a todas la comunidades autónomas, aunque ha señalado que «es cierto que este es un partido (Vox) de extrema derecha que defiende posicionamientos con difícil anclaje en el estado democrático y de derecho que se han dado los españoles«.
Un PSOE decepcionado con Feijóo
Por ello, ha advertido que si del Gobierno de Castilla y León salen planteamientos que «alteran los derechos y libertades que están consolidadas en este país» y «muy especialmente los derechos y libertades de las mujeres» actuarán con «toda la fortaleza del Estado para combatirlo».
Preguntada acerca de si este pacto (que se fragua con la llegada de Alberto Núñez Feijóo al liderazgo del PP) hace desconfiar al Gobierno de esta nueva etapa del partido de la oposición, la portavoz ha respondido que «algo de decepción sí«. «Se supone que este nuevo liderazgo venía a aportar moderación y pactar con la extrema derecha de moderación tiene muy poco«, ha añadido.
«Creo que ha sido un error«, ha apostillado la titular de Política Territorial, que ha recordado que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se trata de una obligación constitucional y no de «voluntad política». Ha lamentado, por último, que esta negativa a la renovación del órgano de elección de jueces está afectando a la «reputación» de España.
