La reapertura del caso Miguel Ángel Blanco cuestiona los traslados de etarras de Marlaska
La querella que ha permitido reabrir el caso destaca que la banda ha logrado ahora el acercamiento masivo de presos que exigía para liberar al concejal del PP
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. | Europa Press
La decisión de la Audiencia Nacional de reabrir la investigación sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco vuelve a poner en evidencia los acercamientos de presos de ETA llevados a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez. El traslado masivo de etarras a cárceles del País Vasco era precisamente la principal exigencia de la banda terrorista para liberar con vida al concejal del PP en Ermua (Vizcaya), secuestrado el 10 de julio de 1997. El Ejecutivo de José María Aznar no cedió al chantaje y ETA asesinó 48 horas más tarde a Miguel Ángel Blanco. Veinticinco años después, ya solo quedan 77 internos de la banda en prisiones que no sean del País Vasco y Navarra.
«El acercamiento masivo de presos de ETA por el que Miguel Ángel Blanco fue asesinado ha venido siendo ahora, finalmente, obtenido por la banda por otros medios espurios y rechazables», indica la querella de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, por la que el juez Manuel García Castellón ha aceptado reabrir la investigación sobre el secuestro y posterior asesinato del concejal del PP. Una causa en la que se investigará la presunta autoría intelectual de nueve históricos líderes etarras que conformaban entonces la cúpula de la banda terrorista.
«Si las cosas iban a acabar igualmente así, cediendo finalmente el Estado a las exigencias de la izquierda abertzale violenta, hubiese sido mejor ceder igualmente entonces, desde el principio, y al menos salvar así la vida de Miguel Ángel Blanco», añade la querella interpuesta por la asociación que preside Daniel Portero, hijo del ex fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA en octubre del año 2000.
302 traslados con Marlaska en Interior
Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, en junio de 2018, y casi seis años después del alto el fuego anunciado por ETA, el Gobierno se propuso acabar con la política de dispersión penitenciaria. Desde entonces el Ministerio del Interior, con Fernando Grande-Marlaska como titular de esa cartera, ha realizado 302 traslados de presos etarras desde junio de 2018. A cárceles del País Vasco se han autorizado 102 traslados y a Navarra un total de 18, según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
«Algo que, verdaderamente, golpea la conciencia y se muestra jurídicamente incongruente para nuestro Estado de Derecho. El volteamiento definitivo de la situación», indica la querella de DyJ por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Un reciente informe de la Guardia Civil reveló la existencia de conversaciones entre el entorno de ETA y el Ministerio del Interior, a través de un enlace con el director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.
En las conversaciones intervenidas por el Instituto Armado, el entorno de los presos etarras aludía a una «lista de prioridades» y se jactaba de un «doping» para la concesión de terceros grados a los internos de la banda, gracias a la supuesta mediación de «el de Madrid». El Gobierno de Pedro Sánchez no solo abrió la vía del Ministerio del Interior para comunicarse con las redes de apoyo a los presos de ETA, según se desprende del informe de la Guardia Civil. También empleó un canal con el entonces delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, con el que determinados miembros de la banda también se comunicaban.
El juez investiga a nueve jefes de ETA
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado reabrir la investigación sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco para tratar de determinar quiénes fueron los dirigentes de la organización terrorista ETA que se encargaron de planear y ordenar el atentado que acabó con la vida del concejal del PP. La asociación DyJ solicita imputar, por autoría mediata, a nueve dirigentes históricos de la banda, al considerarlos responsables de la organización terrorista cuando se produjo el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha admitido a trámite el escrito y ya ha encargado informes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. En la querella, de 138 páginas, la asociación dirige la acusación contra los nueve jefes de la banda terrorista que presuntamente componían el máximo órgano de dirección (ZUBA) en el momento del asesinato de Miguel Ángel Blanco al considerarlos «penal y civilmente responsables» de su muerte.
Entre los presuntos responsables intelectuales señalados por la querella se encuentran históricos dirigentes como Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería; José Javier Arizcuren, alias Kantauri; María Soledad Iparaguirre, alias Anboto; Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi; Mikel Albisu, alias Mikel Antza; y Asier Oyarzabal, alias Baltza. Todos ellos formaban parte de la ZUBA o comité de dirección de ETA.
El comunicado sobre el secuestro de Blanco
El escrito pone énfasis en el comunicado en el que ETA reivindicó el secuestro del concejal del PP, remitido a las 18.30 horas del 10 de julio de 1997 a la emisora Egin-Irratia. En él, la banda advertía que Blanco sería asesinado si antes de las 16 horas del sábado 12 de julio el Gobierno no llevaba a cabo el traslado de los presos de la banda a cárceles del País Vasco. «Ningún comando o miembro individual de ETA hubiese pensado siquiera en insubordinarse y arrogarse la función de dirigirse por sí mismos en nombre de ETA al Gobierno de España; menos aún amenazarlo», señala la querella. «Nadie sino la propia ZUBA», añade el escrito.
DyJ solicita que se prohíba la salida de España y se retire el pasaporte a cuatro de los querellados que se encuentran en libertad ante el «claro riesgo de fuga». En concreto, se pide esta medida contra Iñaki de Rentería, Vicente Goicoechea, alias Willy, Jokin Echevarría y Carlos Ibarguren, alias Nervios. Asimismo, la asociación solicita al juez que llame a declarar a todos ellos y que requiera a la Policía Nacional las comunicaciones internas con relevancia en el secuestro y asesinato de Blanco, además de pedir que se identifique a otros presuntos cooperadores necesarios, encubridores o inductores.
El autor de la querella es Miguel Ángel Rodríguez Arias, abogado de DyJ y responsable de los escritos que han permitido reabrir varias investigaciones en la Audiencia Nacional contra los exjefes de ETA, por autoría mediata por dominio de la organización, en varios atentados. Entre otros, el del exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio de Querol, el del concejal del PP Gregorio Ordóñez o el perpetrado en la T-4 del aeropuerto de Barajas en el año 2006.
Dignidad y Justicia lleva diez años trabajando para que se abra esta vía tanto en los tribunales españoles como en el Parlamento Europeo, donde se ha denunciado que España no investigaba por autoría mediata a pesar de los informes policiales que habían identificado a los jefes de la cúpula de ETA y habían señalado indicios sobre su presunta implicación intelectual en varios de los crímenes perpetrados por la banda terrorista.
