Indignación de policías y guardias civiles por permitir un 'ongi etorri' el domingo en Vizcaya

El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional decidió no prohibir el ongi etorri al etarra Ibai Aginaga el pasado domingo en Berango (Vizcaya) sin pedir los informes sobre «las circunstancias de la convocatoria del acto a la Policía Nacional, Guardia Civil y Ertaintza», tal como había reclamado la Fiscalía, según se desprende en el auto judicial al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Razón por la que distintos miembros de estos cuerpos policiales han manifestado su indignación al sentirse «ninguneados» por el titular del Juzgado, Ismael Moreno, que ignoró la información del acto que tenían los agentes y, pese a no cancelarlo, pidió igualmente su presencia en el homenaje al etarra donde, según las fuentes policiales consultadas, dieron cuenta de que se trataba de un «claro acto de ensalzamiento terrorista» en el que se entremezclaron «loas a la lucha y pasillos al etarra condenado».

La asociación Dignidad y Justicia presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional en la que pedía la prohibición del ongi etorri por cometerse en este presuntos delitos de enaltecimiento de terrorismo y de humillación a las víctimas de los delitos de terrorismo y de sus familiares. El Juzgado Central número 2 abrió diligencias y trasladó las actuaciones al Ministerio Público para que emitiese un informe que determinase si debía celebrarse el acto o no.

Según se desgrana en el auto del juez Ismael Moreno, la Fiscalía estableció que, ante la inminente celebración del ongi etorri, el departamento del Interior del Gobierno Vasco tomase cartas en el asunto y disolviese los actos si en ellos se realizaban conductas de enaltecimiento de ETA o de asociaciones a ella ligadas y declaradas ilegales. Pero, al mismo tiempo, precisó solicitar la colaboración de «Cuerpo Nacional de Policía, al Servicio de Información de la Guardia Civil y la Policía Autonómica Vasca a fin de que emitiesen el correspondiente informe sobre las circunstancias de la convocatoria del acto».

«Opiniones arriesgadas»

El magistrado, no obstante, ignoró esta última petición del Ministerio Público y concluyó directamente que no procedía acordar la suspensión del acto de bienvenida, esgrimiendo que no «se desprendían suficientes elementos o indicios de envidas suficiente, como para apreciar el delito previsto y penado en el artículo 578 del Código Penal u otro posible supuesto delictivo que exigiera la adopción de alguna medida cautelar».

«Nos hallamos ante la mera expresión de opiniones arriesgadas que inquietan o chocan a diversos sectores de la población, que, de acuerdo con la precipitada doctrina, no tienen cabida ‘ex ante’ en el ámbito penal. Se trata de la mera expresión de un deseo de libertad de las personas a las que se apoya, sin entrar en la justificación o ensalzamiento de las acciones por las que se hallan privadas de libertad, conducta amparada por el derecho a la libre expresión en el ámbito de procedimiento penal», justifica el juez en el escrito.

200 asistentes

Desde Dignidad y Justicia, sin embargo, denuncian que durante el recibimiento organizado por el entorno de ETA, los más de 200 asistentes hicieron un pasillo al terrorista en el frontón del pueblo, Berango, «le cantaron letras de alabanza e incluso corearon gritos a favor de la lucha», según publicaron distintos medios locales, a los que los organizaciones impidieron la entrada a la instalación. «No es la primera vez que este Juzgado evita mojarse en un asunto claramente delictivo; nunca toma decisiones de forma independiente; siempre se guía por la posición más cómoda, la que le evita trabajar», ha aseguro el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero.

Ibai Aginaga, el etarra homenajeado, salió de la cárcel el pasado domingo, después de haber ingresado el 15 de julio de 2003, cuando fue detenido por la Policía junto al también terrorista Joseba Segurola. La Audiencia Nacional condenó a ambos a 21 años de prisión por integración en el denominado Comando Nafarroa, por tenencia de armas y explosivos y por falsedad documental.