Torra no acudirá a su juicio por desobediencia: «No legitimaré una nueva farsa en mi contra»

El expresidente de la Generalidad Quim Torra no acudirá este jueves al juicio que debe afrontar en un juzgado penal de Barcelona por desobediencia. Torra ha alegado que su ausencia se debe a que considera que la causa se trata de «una farsa» y que no encontrará justicia en los tribunales españoles, por lo que ha pedido «amparo» a los tribunales internacionales.

Así lo ha anunciado Torra en su perfil de Twitter, en el que ha colgado un vídeo donde explica las razones de su incomparecencia en el juicio.

Torra debía sentarse este jueves por segunda vez en el banquillo, acusado de desobedecer una orden judicial para que retirara del Palau de la Generalitat una pancarta con un lazo amarillo de apoyo a los presos del procés, lo que ya le costó el cargo en septiembre de 2020.

«Represiva» y «farsa»

«Hoy me vuelven a juzgar, pero no legitimaré una nueva farsa, una nueva escenificación represiva disfrazada de justicia con mi presencia», indica Torra en el vídeo.

«Pido amparo a los tribunales internacionales, porque no reconozco la legitimidad de la justicia española, que no respeta ni los tratados internacionales ni los derechos fundamentales», añade el expresidente de la Generalidad, que concluye: «Los independentistas catalanes solo podemos encontrar la justicia en Europa«.

Torra considera también que el juicio es «una nueva manifestación que la represión política en el estado español contra la minoría nacional catalana continúa».

Torra no acató una decisión judicial

Si en noviembre de 2019 fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que juzgó a Torra por desobediencia -lo que le convertía en el primer president en activo que se sentaba en el banquillo-, hoy debe hacerlo una magistrada de un juzgado de lo penal de Barcelona, órgano competente para enjuiciar ese tipo de delitos menores, una vez perdió su condición de aforado.

Ante el juzgado de lo penal número 6, con sede en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, Torra debe responder de su decisión de no acatar el ultimátum que el TSJC le dio el 23 de septiembre de 2019 para que retirara del Palau una pancarta con un lazo amarillo que pedía la libertad de los «presos políticos y exiliados».

TSJC instaba a Torra a descolgar la pancarta del Palau, de forma permanente y no solo en período electoral, con el fin de preservar la «neutralidad» del edificio, a raíz de una demanda presentada por la plataforma Impulso Ciudadano, vinculada a un exdirigente de Ciudadanos.

Por ello, la Fiscalía le pide ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros, la misma condena que solicitó para él cuando en noviembre de 2019 fue juzgado también por desobediencia por no cumplir, dentro del plazo establecido, con la orden de la Junta Electoral Central (JEC) para que retirara lazos y pancartas a favor de los políticos presos de los edificios públicos en la campaña del 28 de abril de 2019.

A raíz de ese primer juicio, Torra fue condenado a año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia, en una sentencia que el Supremo confirmó después y que, el 28 de septiembre de 2020, acabó por desalojarle del Palau de la Generalitat, lo que precipitó las elecciones catalanas que hicieron president al republicano Pere Aragonès.